Este será el procedimiento para la reclamación de excedentes de aportes patronales
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Este será el procedimiento para la reclamación de excedentes de aportes patronales

Conozca el proyecto de resolución que se determinó el procedimiento para que las Empleadoras que suscribieron actas de conciliación puedan realizar la reclamación de los recursos excedentes de aportes patronales ante la ADRES.

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excedentes de aportes patronales

Con un proyecto de resolución se determinó  el procedimiento para que las Empleadoras que suscribieron actas de conciliación, certificaciones de saldos o estados de cuenta con EPS Liquidadas puedan realizar la reclamación de los recursos excedentes de aportes patronales a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -ADRES-.

Dentro de los procedimientos a tener en cuenta, el Ministerio de Salud ha definido en este proyecto que para las vigencias de 1994 a 2011, que corresponde a recursos de aportes patronales financiados con el Situado Fiscal (SF) y el Sistema General de Participaciones (SGP), se debe tener presente las actas de conciliación suscritas en el marco de la Resolución 3815 de 2003, el Decreto 1636 de 2006 y la Resolución 154 de 2013.

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Así mismo, para las vigencias de 2012 a 2016, que corresponden a recursos de aportes patronales financiados con el Sistema General de Participaciones SGP, se deben tener en cuenta certificaciones de saldos, estados de cuenta o actas de conciliación suscritas en el marco del Decreto 1636 de 2006 y la Resolución 1545 de 2019, esta última modificada por la Resolución 616 de 2020. 1.

Procedimiento de reclamación

De igual manera, para el período 1994-2011 los empleadoras que deseen acceder a dichos recursos  deberán:

Una vez entrada en vigencia la presente resolución, presentar ante la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social la solicitud de devolución de los recursos en el anexo que hace parte del presente acto administrativo, adjuntando copia del acta suscrita con la EPS Liquidada en el marco de la Resolución 154 de 2013, con fecha anterior al 25 de enero de 2014, en la cual se especifique el valor del excedente conciliado sujeto a ser devuelto. Adicionalmente deberá adjuntar una certificación debidamente firmada por el Representante legal y el Revisor Fiscal (o quién haga sus veces), en la que expresen claramente que los recursos solicitados no han sido cancelados con ningún mecanismo de pago. La entidad territorial que haya asumido derechos o beneficios de una ESE liquidada, deberá adjuntar los actos administrativos que así lo demuestren. Las Empresas Sociales del Estado creadas como resultado de un proceso de fusión deberán adjuntar el acto administrativo que así lo acredite. Por último, el anexo de la solicitud debe estar firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (o quién haga sus veces) de la entidad empleadora en versión original, junto con el respectivo acto administrativo que le acredite la representación legal de la entidad.

  • Una vez recibida la solicitud de la Entidad Empleadora, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará la validación de la información remitida confirmando que se guarde consistencia entre soportes y anexos, que el acta de conciliación sea legible y que esté suscrita por ambas partes, y que el monto solicitado no supere la provisión de recursos que la EPS Liquidada realizó en su momento ante el FOSYGA, hoy ADRES.
  • En el caso de cumplir con el total de requisitos, el Ministerio remitirá a la ADRES en un plazo que no supere los (15) quince días hábiles siguientes a su recepción, la documentación con la solicitud de giro de la ESE o ET solicitante en calidad de empleadora, con los respectivos soportes.  
  • La ADRES, recibida la solicitud, deberá verificar si la EPS Liquidada cuenta con recursos provisionados y procederá en los (15) quince días hábiles siguientes a su recepción, a realizar el giro directamente a la cuenta que tenga el solicitante inscrito en la base de terceros habilitados para giro. En caso de que alguna empleadora no cuente con una cuenta inscrita para giro, deberá adelantar el trámite de inscripción directamente ante la ADRES.
  • La ADRES girará hasta el monto máximo de recursos que la EPS Liquidada haya provisionado, de acuerdo con el orden de radicación de las solicitudes a que hace referencia el literal a) del presente numeral. Agotados los recursos provisionados y de existir actas suscritas pendientes de giro, se entenderá que la EPS Liquidada en su momento giró dichos recursos a la empleadora, o que ésta, no se hizo parte de la masa del proceso de liquidación de la EPS.
  • Una vez recibidos los recursos excedentes, la Entidad Empleadora deberá realizar el giro a las Entidades Administradoras con la que tenga deuda por concepto de aportes patronales. Para el caso de salud, los giros de cotizaciones adeudadas por parte de la entidad empleadora a la EPS Liquidada, deberá realizarlo directamente a la ADRES, conforme al procedimiento que para tal efecto establezca esta última. Si no tiene deudas por estos conceptos, deberá incorporarlos a su presupuesto y destinarlos para la atención en salud a la población pobre no afiliada. 
  • Las actas de conciliación suscritas entre EPS Liquidadas y Empleadoras (ESE o ET), con posterioridad a la vigencia de la Resolución 154 de 2013, carecen de fundamento jurídico y económico, por cuanto los recursos allí descritos se consideraron NO Saneados y se distribuyeron conforme se estableció en la Resolución 2360 de 2016; recursos que no fueron objeto de provisión, por lo tanto, se asignaron a las Entidades Territoriales para el saneamiento fiscal y financiero de la red pública prestadora de servicios de salud, de los programas viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o para el pago de los servicios y tecnologías no cubiertos en el Plan de Beneficios en Salud de los afiliados al Régimen Subsidiado.

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Aportes patronales EPS

Para el periodo 2012 – 2016 para acceder a dichos recursos las Empleadoras deberán:

  1. Una vez entrada en vigencia la presente resolución, presentar ante la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, la siguiente información:
  1. Solicitud de devolución de los recursos diligenciada en el anexo que hace parte de la presente resolución.
    1. Copia del documento suscrito con la EPS Liquidada, en la cual se especifique el valor del excedente conciliado a favor de la Entidad Empleadora. La fecha de suscripción del respectivo documento de conciliación debe ser anterior a la finalización de las mesas de saneamiento establecidas en el artículo 11 de la Resolución 1545 de 2019 y sus modificatorias.
    1. Acto administrativo de posesión vigente del Representante Legal de la Entidad Empleadora.
    1. Original de la Certificación debidamente firmada por el Representante legal y el Revisor Fiscal (o quién haga sus veces), en la que expresen claramente que los recursos solicitados no les han sido cancelados con ningún mecanismo de pago.
    1. Para el caso de las entidades territoriales que hayan asumido derechos o beneficios de una entidad empleadora liquidada, deberá adjuntar los actos administrativos que así lo demuestre.
    1. Para el caso de las Empresas Sociales del Estado creadas como resultado de un proceso de fusión, deberán adjuntar el acto administrativo que así lo acredite.
  • Una vez recibida la solicitud de la Entidad Empleadora, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará la validación de la información remitida, verificando que se guarde consistencia entre soportes y anexos, que el acta de conciliación sea legible y que esté suscrita por ambas partes, que el monto solicitado no supere la provisión de recursos que la EPS Liquidada provisionó en su momento ante el FOSYGA o ante la hoy ADRES.  
  • En el caso de cumplir con el total de requisitos, el Ministerio remitirá a la ADRES en un plazo que no supere los (15) quince días hábiles siguientes a su recepción, la documentación con la solicitud de giro de la ESE, o en aplicación del literal e, numeral 1 del presente artículo, la solicitud de la Entidad Territorial en calidad de empleadora, con los respectivos soportes.
  • La ADRES, recibida la solicitud, deberá verificar si la EPS Liquidada cuenta con recursos provisionados y procederá en los (15) quince días hábiles siguientes a su recepción, a realizar el giro directamente a la cuenta que tenga el solicitante inscrita en la base de terceros habilitados para giro. En caso de que alguna empleadora no cuente con una cuenta inscrita para giro, deberá adelantar el trámite de inscripción directamente ante la ADRES.
  • La ADRES girará hasta el monto máximo de recursos que la EPS Liquidada haya provisionado, de acuerdo con el orden de radicación de las solicites a que hace referencia el literal a del presente numeral. Agotados los recursos provisionados y de existir actas suscritas pendientes de giro, se entenderá que la EPS Liquidada en su momento giró dichos recursos a la empleadora, o que ésta, no se hizo parte de la masa del proceso de liquidación de la EPS.
  • Una vez recibidos los recursos excedentes, la Entidad Empleadora deberá realizar el giro a las Entidades Administradoras con la que tenga deuda por concepto de aportes patronales. Para el caso de salud, los giros de los recursos adeudados por parte de la entidad empleadora a la EPS Liquidada, deberá realizarlo directamente a la ADRES, conforme al procedimiento que para tal efecto establezca esta última. Si no tiene deudas por estos conceptos, deberá incorporarlos a su presupuesto y destinarlos para la atención en salud a la población pobre no afiliada. 

Finalmente, es importante tener presente que la ADRES será la encargada de llevar el registro de los movimientos por cada EPS, asimismo, deberá informarlos a la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social en los (15) días hábiles siguientes al giro de recursos a las Empleadoras beneficiarias, conforme a la estructura que para ello tenga establecida. El giro de recursos que deberá realizar la ADRES será hasta el monto máximo provisionado por cada EPS Liquidada. 

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Conozca el procedimiento para determinar incapacidad o perdida de la capacidad laboral

El Ministerio de salud especificó el procedimiento para determinar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional en primera oportunidad.

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Conozca el procedimiento para determinar incapacidad o perdida de la capacidad laboral

El ministerio de salud emitió un nuevo documento con el cual se establece el procedimiento para determinar en primera oportunidad el origen de la enfermedad o el accidente, calificar la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, el grado de invalidez, la fecha de su estructuración y de revisión del estado de invalidez, con el fin de determinar el derecho al reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas contempladas en el Sistema de Seguridad Social Integral.

Es preciso mencionar, que según el documento las entidades que pueden calificar en primera oportunidad la incapacidad laboral o cualquiera de sus derivados son: las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, las Entidades Promotoras de Salud – EPS y las demás entidades obligadas a compensar – EOC, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, cuando no están cubiertas por una compañía de seguro que asegure el riesgo de invalidez y muerte.

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causalidad de la enfermedad y pérdida da la capacidad laboral

Determinar la causalidad de la enfermedad se entiende como el procedimiento pericial en salud, técnico científico y jurídico mediante el cual las entidades especificadas establecen la relación de causalidad de la enfermedad o el accidente sufrido, cuyo resultado determinará la entidad responsable del reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales.

De otro lado, la calificación de la pérdida de capacidad laboral es un procedimiento pericial en salud, técnico científico, mediante el cual se califica la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, el grado de invalidez y la fecha de su estructuración, como consecuencia de una enfermedad, accidente o de ambas.

Cabe resaltar ,que el procedimiento para determinar en primera oportunidad el origen de la enfermedad o el accidente o la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, es gratuito; por lo tanto, su trámite no causará costo alguno para el solicitante.

¿Cuándo se debe iniciar el procedimiento de calificación por primera vez?

La causalidad de enfermedad o pérdida de la capacidad laboral se debe realizar en los eventos señalados a continuación:

  1. Cuando exista concepto desfavorable de rehabilitación, tanto para aquellos eventos de origen común, como laboral.
  2. Cuando al afiliado se le certifique el alcance de la Mejoría Médica Máxima (MMM) y sea expedido en el formato de certificación, tratamiento y/o proceso de rehabilitación concluido, expedido por el Ministerio de Salud.
  3. Cuando el afiliado termine el proceso de rehabilitación funcional y, en todo caso, antes de superar los quinientos cuarenta (540) días de incapacidad.
  4. En las demás situaciones que, el profesional de la salud que esté calificando el evento, considere procedente

La norma, además especifica que todo tratamiento y/o proceso de rehabilitación concluido deberá estar certificado y suscrito por el médico tratante o el equipo de rehabilitación de la EPS o de la ARL, según corresponda, conforme al formato que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. El tratamiento y/o proceso de rehabilitación podrá continuar después de la calificación o dictamen de calificación, según criterio médico.

Competencia

La competencia para determinar en primera oportunidad el origen de la enfermedad o el accidente, calificar la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, el grado de invalidez y la fecha de su estructuración, así como revisar el estado de invalidez, se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. Cuando el accidente o la enfermedad haya sido determinado por la EPS como de origen común, corresponderá a la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la persona a calificar, o la Junta Regional de Calificación de Invalidez cuando sea la entidad de orden nacional o territorial y sus descentralizadas que tenga a su cargo el pago de la pensión.
  2. Cuando el accidente o enfermedad haya sido determinado por la ARL como de origen laboral, corresponderá a la ARL a la cual se encontraba afiliado el trabajador al momento de la ocurrencia del evento, o a la cual estuvo afiliado por última vez, en caso de desvinculación laboral.
  3. Cuando se requiera acreditar la calidad de beneficiario, de que trata el literal d) del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 218 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, corresponderá a la EPS a la que la persona se encuentre afiliada.

Obligaciones de las IPS

  1. Informar por medio físico o electrónico a la EPS y a la ARL dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la atención de la persona, acerca del presunto accidente de trabajo o presunta enfermedad laboral.
  2. Suministrar al equipo calificador los documentos concernientes al estado de salud de la persona a calificar.
  3. Realizar las pruebas clínicas y paraclínicas complementarias y las valoraciones ordenadas por las entidades competentes para calificar en primera oportunidad, necesarias para emitir el dictamen, de acuerdo al Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral u Ocupacional.

Obligación de la persona a calificar

  1. Autorizar a las entidades determinadas el acceso a la historia clínica.
  2. Suministrar al equipo calificador la historia clínica, el resumen de la historia clínica ocupacional, el registro de incapacidades y demás documentos que obren en su poder.
  3. Asistir a las valoraciones, exámenes y controles solicitados por las entidades que califican en primera oportunidad; así como a los tratamientos de rehabilitación ordenados.
  4. Realizarse los procedimientos y atender las recomendaciones de salud ordenados y necesarios para su rehabilitación funcional.
  5. Informar al empleador o contratante la enfermedad o accidente de origen común, o el accidente de trabajo o la enfermedad laboral detectada.

Procedimiento para la calificación en primera oportunidad

El procedimiento de calificación en primera oportunidad se inicia mediante solicitud presentada en medio físico o electrónico ante la EPS a la cual se encuentre afiliado, o ante la ARL, según corresponda, en el formato que para tal fin establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. La solicitud podrá ser presentada por:

  1. La persona a calificar, sus beneficiarios en caso de muerte o invalidez o su representante.
  2. El empleador o contratante.
  3. El médico tratante
  4. Las entidades competentes para calificar en primera oportunidad
  5. Por solicitud o requerimiento de una autoridad judicial o administrativa.
  6. Por solicitud de un agente oficioso.

Una vez radicada la solicitud, la entidad calificadora deberá informar este hecho, por escrito a las restantes entidades competentes, quienes no podrán adelantar ningún procedimiento, hasta tanto la EPS o la ARL determine el origen de la enfermedad o el accidente. Determinado el origen, se continuará conforme con las reglas y competencia previstas.

El equipo calificador, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, requerirá los documentos previstos, por medio físico o electrónico, así como las valoraciones o exámenes adicionales que, conforme al Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral u Ocupacional, se hayan practicado, los que deberán ser remitidos por los responsables, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de tal requerimiento.

Para determinar el origen del accidente o la enfermedad, el médico del equipo calificador determinará bajo su criterio la necesidad de realizar la valoración presencial de la persona a calificar, en el marco de la autorregulación, la ética y la racionalidad de la evidencia científica.

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En caso de accidente, la EPS o ARL deberá determinar el origen dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. Cuando se requiera la práctica de pruebas o evaluaciones médicas complementarias, dicho plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por diez (10) días hábiles más, sin que en ningún caso la determinación del origen se profiera pasados veinte (20) días hábiles.

En caso de enfermedad, la EPS o ARL deberá determinar el origen dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. Cuando se requiera practicar pruebas o evaluaciones médicas complementarias, este plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por diez (10) días hábiles, sin que en ningún caso la determinación del origen se profiera pasados cuarenta (40) días hábiles.

Una vez determinado el origen del accidente o la enfermedad, la entidad que realizó dicho procedimiento dará traslado de la documentación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la entidad responsable de realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Para calificar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional, será obligatorio el examen físico presencial de la persona, si el equipo calificador así lo considera necesario.

Documento adjunto

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Colombia regula fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual

Con el Decreto 039 de 2021 Colombia reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable en el país.

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fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual

Con el Decreto 039 de 2021 Colombia reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable en el país, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVI D-19.

Asimismo, con este documento el Gobierno Nacional tiene como objetivo que todas las personas cumpla con los protocolos de bioseguridad y comportamiento en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas.

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De igual manera,  los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID 19.

Medidas de orden público en municipios con alta ocupación de UCI y aislamiento selectivo

El documento también expone que cuando un municipio presente un nivel de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos -UCI- entre el 70 y 79%, entre el 80% y 89 % o mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga las medidas específicas y las actividades que estarán permitidas en estos municipios de acuerdo a los niveles de ocupación de UCI o la variación negativa en el comportamiento de la pandemia.

En este sentido, los alcaldes de los municipios cuya ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- oscile entre el 51 % y el 69% podrán implementar medidas especiales, previa autorización del Ministerio del Interior y concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social, esto siempre y cuando se presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19.

“Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de unidades de cuidados intensivos -UCI- sea igualo inferior al 50%, no podrán adoptar medidas diferentes a las que se establecen en el artículo 6 del decreto 039 de 2021” indica el documento.

No obstante, los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.

Medidas emitidas por alcaldes y gobernadores

En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada por COVID-19 o con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo -UCI- igual o inferior al 50% no podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.

Actividades no permitidas

De igual manera, el Decreto 039 de 2021 indica que, en ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

  1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
  2. .Discotecas y lugares de baile.
  3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Sin embargo, los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto en:

  • establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local.
  •  para la realización de ferias empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades, La autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social.

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Teletrabajo y trabajo en casa

Por otra parte, el documento hace mención a que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Cierre de Fronteras

Finalmente, este documento también aborda el cerrar los pasos, terrestres y fluviales de la frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021.

Sin embargo, se exceptuarán del cierre de frontera, las siguientes actividades:

  1. Emergencia humanitaria.
  2. El transporte de carga y mercancía.
  3. Caso fortuito o fuerza mayor.
  4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.
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Este es el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud publicó el documento con el que se da a conocer oficialmente el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

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Este es el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud emitió el proyecto de Decreto con el cual reglamenta el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en este documento se establece el objetivo del plan, la población objeto. los criterios de priorización, las fases y la ruta que se debe seguir para la aplicación de la vacuna, así como las responsabilidades de cada actor del sistema en la cadena de aplicación y el procedimiento para el pago del costo de la aplicación a los prestadores de servicios de salud.

El proyecto señala que el objetivo general del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, es contribuir con la generación de la inmunidad rebaño en Colombia, propendiendo, en un primer momento, por la reducción de la mortalidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, luego por la disminución de la incidencia de casos graves y la protección de la población que tiene alta exposición al virus y culminando con la reducción del contagio en la población general hasta suprimir la epidemia.

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Población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19

De acuerdo con la evidencia disponible, la población objetivo del Plan Nacional de Vacunación son los habitantes del territorio nacional de 16 años de edad en adelante, excluyendo mujeres en gestación. Las personas de 15 años de edad o menos y las mujeres en gestación sólo serán objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, hasta tanto la evidencia sobre seguridad y eficacia esté disponible para esta población.

Priorización de la población y fases para la aplicación de la vacuna

La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la mortalidad específica por COVID – 19, reducir la incidencia de casos graves de COVID – 19 y proteger al talento humano en salud que constituye la primera línea de atención del COVID – 19. Esta fase tendrá las siguientes etapas:

ETAPA 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de las personas de 80 años de edad y más.
  • Al 100% de los siguientes trabajadores de la salud:
    • El personal que trabaja en los servicios de urgencia, hospitalización y Unidades de Cuidado Intensivo, de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de tercer y cuarto nivel de atención y que se enlista a continuación:
    • Personal de medicina y enfermería (profesionales y auxiliares).
    • Médicos residentes e internos.
    • Profesionales de salud en servicio social obligatorio.
    • Personal de las áreas de atención para sintomáticos respiratorios.
    • Personal de laboratorio clínico (únicamente el personal que toma y manipula muestras para COVID-19) y técnicos de radiología.
    • Personal de terapia respiratoria.
    • Personal que opera las ambulancias.
    • Personal permanente de servicios hospitalarios de las áreas que atienden el COVID-19
    • Técnicos y personal de la salud que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
  • Personal encargado de realizar las acciones de salud pública:
    • Vacunadores
    • Personal que realice intervenciones en campo ante un caso de COVID-19
    • Equipos de vigilancia epidemiológica de los entes territoriales que realicen actividades extramurales relacionadas con la vigilancia epidemiológica.
  • Al 100% del personal administrativo que labore dentro de los servicios de urgencia, hospitalización y Unidades de Cuidado Intensivo de las instituciones prestadoras de servicios de salud de segundo, tercer y cuarto nivel de atención, que se enlista a continuación:
    • Personal de servicios generales.
    • Personal administrativo y de facturación
    • Personal de vigilancia y celaduría
    • Personal de alimentación encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria.

ETAPA 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de la población entre los 60 y los 79 años de edad.
  • Al 100% de los trabajadores de la salud y del personal de apoyo de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de cualquier nivel de atención y que laboren en cualquiera de los servicios que estas presten.

ETAPA 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de los agentes educativos comunitarios (madres y padres comunitarios) identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de los docentes de prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.
  • Al 100% de la población que tenga entre 16 y 59 años de edad y presenten una de las siguientes comorbilidades o condiciones:
    • Enfermedades hipertensivas (I10-I15)
    • Diabetes (E 10 – E 14)
    • Insuficiencia renal (N17-N19)
    • VIH (B20-B24)
    • Tumores (C00-D48)
    • Tuberculosis (A15-A19
    • EPOC (J44)
    • ASMA (J45)
    • Obesidad (E65-E68)

La segunda fase que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el contagio, iniciando con la protección de quienes protegen, de quienes realizan ocupaciones que incrementan el riesgo de transmisión y la prevención de brotes en contextos de hacinamiento, todo con el propósito de reducir la incidencia general de casos. Esta fase tendrá las siguientes etapas:

ETAPA 4: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de cuidadores de niños y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
  • Personal de las Fuerzas Militares
  • Personal de la Policía Nacional
  • Bomberos
  • Socorristas de la Cruz Roja
  • Socorristas de la Defensa Civil
  • Población privada de la libertad que estén cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en institución carcelaria.
  • Guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
  • Personas en situación de calle identificadas por las alcaldías municipales.
  • Personal de las funerarios, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres.

ETAPA 5: En esta etapa se vacunarán a las personas mayores de 16 años sin comorbilidades y mujeres no gestantes que no se encuentren en las poblaciones a vacunar en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes.

Es preciso mencionar, que el tipo de relación laboral o contractual que tengan el personal priorizado con las diferentes instituciones, NO es un factor a tener en cuenta al momento de establecer la priorización.

Así mismo, si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más etapas dentro de la priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud la vacuna contra el COVID-19.

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Identificación de la población a vacunar

El Ministerio de Salud identificará las personas a vacunar en cada etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados en el presente decreto y conformará la base de datos maestra de vacunación con base en la información contenida en las bases de datos oficiales con las que cuente.

En caso de que el Ministerio disponga de las bases de datos de otras entidades que se requieran para la conformación de la Base de Datos Maestra de Vacunación, ese Ministerio informará a las fuentes de datos el uso de las mismas y su utilización para los fines relacionados con la vacunación contra el COVID-19.

Postulación de personas no incluidas en los listados de personas priorizada

Los usuarios que no se encuentren identificados dentro de los grupos poblacionales priorizados, publicados en la plataforma que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social, y que consideren tener alguna de las comorbilidades o condiciones que dan lugar a la priorización, deberán presentar postulación ante la entidad responsable de su aseguramiento (Entidad Promotora de Salud u operador de algún régimen especial o de excepción), a través del mecanismo que defina dicho Ministerio, el cual será divulgado en su página web.

La entidad responsable del aseguramiento deberá emplear el mecanismo que resulte más expedito en cada caso para corroborar la información del postulante, bien sea la asignación prioritaria de una cita para valoración médica, o la revisión de la información registrada en la historia clínica del paciente y evaluada por un médico adscrito a la EPS. La conclusión a la que llegue el médico que realiza la valoración del postulante no puede ser variada por la entidad responsable del aseguramiento en salud, en virtud de la autonomía médica.

Una vez obtenido el resultado de la verificación, la entidad responsable del aseguramiento en salud lo reportará de manera inmediata al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de los mecanismos tecnológicos que este establezca para tal fin. Asimismo, informará dicho resultado al postulante. La entidad responsable del aseguramiento contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la postulación, para realizar el reporte al Ministerio de Salud y Protección Social. No obstante, si la valoración del usuario amerita la realización de consultas especializadas o exámenes, el resultado de su condición o comorbilidad, deberá reportarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de la postulación.

En caso de que el reporte indique que el postulante tiene la comorbilidad o condición que da lugar a la priorización, el Ministerio de Salud y Protección Social procederá a incluirlo de manera inmediata en la base de datos de la población priorizada.

Para lo prestadores que deben gestionar la vacunación

El Ministerio de Salud y Protección Social identificará y enlistará los prestadores de servicios de salud que cumplen con las condiciones señaladas en el presente decreto para gestionar la vacunación y entregará esa información a las entidades responsables del aseguramiento en salud y a las secretarías de salud departamentales o distritales o a la entidad que haga sus veces, según corresponda, para que verifiquen si están dentro de su red de prestadores y se adelanten las acciones correspondientes para garantizar la vacunación de su población asegurada

Agendamiento de citas para la vacunación

Una vez recibidos los listados de parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud o de las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales, según corresponda, los prestadores de servicios de salud iniciarán con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la población priorizada en cada etapa.

Para el agendamiento de citas, los prestadores de servicios de salud deben hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de contactar a la persona y programar la cita evitando aglomeraciones en los puntos de vacunación, asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla.

Una vez contactada la persona a vacunar, la institución prestadora de servicios de salud debe informarle que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntarle si desea vacunarse. Si la respuesta es afirmativa agendará la cita para adelantar el procedimiento de vacunación. Si la respuesta es negativa se dejará registro de esa información, y se le indicará a la persona que no perderá su derecho de vacunarse cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido, adicionalmente, se le señalará que para estos efectos podrá solicitar ante la entidad responsable de su aseguramiento la inclusión los listados de priorización. También se le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma MIVACUNA COVID-19

Aplicación de la vacuna contra el COVID-19

Toda persona a la que se le haya asignado una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 debe presentarse en la fecha y hora asignada. La institución prestadora de servicios de salud, previo a la aplicación de la vacuna, debe:

  • Verificar que la persona se encuentre en la fase, etapa y cita asignada
  • Entregar a la persona que se va a vacunar información sobre la vacuna, indicaciones de cuidado y eventos adversos esperados.
  • Entregar el formato del consentimiento informado, en caso en que esta no lo lleve, explicarle su contenido, esperar que la persona lo lea y lo entienda, atender cualquier inquietud que tenga al respecto y pedir que lo firme.

Una vez aplicada la vacuna, la institución prestadora de servicios de salud debe agendar la cita
para la aplicación de la segunda dosis, si esta se requiere.

PAGO DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA APLICACIÓN DE LA VACUNA

Los costos asociados a la aplicación de las vacunas contra el COVID19 se financiarán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME a través de la subcuenta COVID de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se reconocerá a los prestadores de servicios de salud los costos asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19; y a las entidades responsables del aseguramiento en salud los costos asociados, por un lado, al proceso de verificación y apoyo para que las primeras cumplan con su obligación de agendamiento y, por otro, al proceso de validación que deba adelantarse por vacuna aplicada, para efectos del pago por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El Ministerio de Salud y Protección Social, establecerá la metodología para determinar el valor a reconocer y lo fijará mediante acto administrativo.

Procedimiento de reconocimiento y pago

El pago de los costos descritos en el artículo anterior, se realizará en dos etapas a saber:

  • un anticipo
  • un giro complementario de acuerdo a las dosis aplicadas.

El pago anticipo será solicitado a la Subcuenta COVID de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, por las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales, esta últimas solo con respecto a la población no afiliada que tengan a cargo, en los formatos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El valor a girar corresponderá al 50% de lo que resulte de multiplicar el costo fijado por dicho Ministerio, por el número de vacunas que constituya la meta de vacunación de cada institución prestadora de servicios de salud de la etapa correspondiente y cuya aplicación sea intramural. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre –UNGRD hará giro directo a cada institución prestadora de servicios de salud.

Finalmente, la norma expone las condiciones de los prestadores de servicios de salud para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 se aplicarán exclusivamente en las instalaciones de los prestadores de servicios de salud que:

  • Cuenten con los servicios de vacunación habilitados.
  • Dispongan de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19.
  • Tengan personal capacitado y suficiente para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con la población priorizada en cada etapa.
  • Cuenten con los insumos requeridos para el proceso de vacunación contra el COVID19.
  • Garanticen el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y transporte (cadena de frío) de las vacunas con instrumentos debidamente calibrados.

La vacunación podrá llevarse a cabo en instalaciones diferentes a las instituciones prestadoras de servicios de salud siempre y cuando cumplan con las condiciones para poder atender los posibles eventos adversos asociados a la vacunación. En todo caso, estos sitios deberán estar a cargo de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitados para prestar servicios de vacunación.

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