Este 15 de julio, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Superintendencia Financiera de Colombia un balance del seguimiento a Colpensiones y otros actores sectoriales. Esto en el marco de los cambios al sistema pensional del país.
De acuerdo con el ente control, si no se ejecutan de inmediato las funciones de inspección, vigilancia y control, se comprometerá la viabilidad del sistema, los recursos y los derechos de los afiliados y pensionados en Colombia. Bajo ese contexto, la delegada de Asuntos del Trabajo solicitó el cronograma de trabajo de la Superfinanciera y las acciones adelantadas hasta el momento.
“Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados“, manifestó la Procuraduría en la comunicación enviada a la entidad.
Considerando además que esta cifra incluye el traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para que esta entidad pueda asumir la administración en materia pensional.
Una vez más, la Procuraduría reiteró que el fondo pensional no está preparado para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; carece de la capacidad técnica, logística, administrativa y operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
Hasta el momento, la Superintendencia Financiera no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el tema.
