Presidente Petro presentará nueva consulta popular con pregunta clave sobre el sistema de salud tras derrota en el Senado

Tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República el pasado 14 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció que volverá a presentar la iniciativa, esta vez con una modificación sustancial: una nueva pregunta centrada en el derecho a la salud, como parte de lo que ha denominado una defensa del Estado Social de Derecho desde la ciudadanía movilizada.

El anuncio se produjo en medio de una fuerte tensión institucional, luego de que la propuesta original de someter a consulta derechos laborales como la jornada de 8 horas, el pago de dominicales y la pensión para campesinos, fuera rechazada con 49 votos en contra y 47 a favor. Paralelamente, el Senado aprobó una apelación que revivió el trámite legislativo de la reforma laboral, lo que genera un nuevo escenario de discusión política y social en el país.

Una nueva consulta con pregunta sobre salud

Petro fue claro, dado que afirmó que “el gobierno volverá a presentar la consulta popular con otra pregunta adicional en salud”. Con ello, plantea que los ciudadanos no solo decidan sobre condiciones laborales, sino también sobre garantías concretas en el sistema de salud, un sector que en los últimos meses ha estado marcado por el desfinanciamiento, las alertas institucionales sobre la insuficiencia de la UPC, las denuncias por barreras de acceso y la suspensión temporal de la mesa técnica del Ministerio de Salud ordenada por la Corte Constitucional.

Aunque no se ha especificado el contenido exacto de la nueva pregunta, el mandatario ya había hecho referencia en la consulta inicial a derechos como la atención médica para mujeres con dolor menstrual o el acceso a salud digna para madres comunitarias, lo que anticipa que el componente sanitario adquirirá ahora un protagonismo mayor en la estrategia del Gobierno Nacional.

Contexto: una consulta bloqueada, una reforma revivida

La jornada del 14 de mayo fue particularmente tensa, dado que la votación se dio en medio de acusaciones de fraude, señalamientos de “jugaditas” parlamentarias y falta de garantías, lo que llevó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a suspender la sesión tras múltiples interrupciones. Desde el oficialismo se acusó a la mesa directiva de cerrar la votación antes de tiempo y no permitir el voto de algunos senadores.

Para el presidente Petro, lo ocurrido fue un intento deliberado de frustrar el derecho del pueblo a decidir sobre sus derechos sociales. Comparó el hecho con el fraude electoral de 1970 que desató una etapa de violencia en Colombia, y señaló que esta vez “el fraude no fue en las urnas, sino en el Congreso”.

La consulta incluía 12 preguntas enfocadas en restituir derechos laborales debilitados o eliminados por la Ley 789 de 2002. Los sectores que apoyaron la iniciativa destacaban su potencial para empoderar al constituyente primario, mientras que la oposición la calificó como “populista, costosa e innecesaria”, estimando un gasto superior a los 750.000 millones de pesos.

Salud como catalizador de movilización

El presidente aprovechó el contexto para reforzar su llamado a la movilización ciudadana y a la instalación de cabildos abiertos en todos los municipios del país, entre el jueves 16 y el domingo 19 de mayo. Según Petro, en estos espacios se discutirá si se acepta la decisión del Congreso o si se convoca una huelga general nacional. El lunes 20 de mayo, el mandatario se reunirá con sindicatos y voceros comunitarios en Barranquilla para definir las acciones futuras.

El mensaje, sin embargo, incluyó una orden expresa a las fuerzas militares y de policía: no levantar armas contra el pueblo, reiterando que la movilización debe ser “contundente, pero pacífica”.

Con la salud ahora como punto clave de la agenda gubernamental, el Gobierno busca conectar con un tema sensible para millones de colombianos, justo cuando se discuten reformas profundas al modelo de aseguramiento, y tras la reciente suspensión de la mesa de revisión de la UPC por parte de la Corte Constitucional, que cuestionó la falta de participación real de los actores del sistema.

La reforma laboral sigue viva, pero bajo presión

Pese al fracaso de la consulta, el Congreso aceptó la apelación presentada por senadores como Fabián Díaz, Ariel Ávila y Pedro Flores, lo que permite revivir el proyecto de reforma laboral en otra comisión del Senado. No obstante, los plazos son estrechos: restan 38 días en el calendario legislativo y los debates de tercer y cuarto debate deberán realizarse antes del 20 de junio para que la ley pueda ser sancionada.

Algunos senadores, como Angélica Lozano, señalaron que el camino legislativo debe primar sobre el mecanismo de consulta. Sin embargo, desde el gobierno se ha advertido que sin movilización social, el trámite legislativo podría terminar nuevamente archivado. “Si ustedes quieren frenar la consulta, tienen que convertir la reforma en ley”, advirtió el senador Díaz.

En medio de esta creciente tensión institucional y política, la apuesta del presidente por retomar la consulta popular con una pregunta sobre salud puede marcar un punto de inflexión. Sin embargo, su éxito dependerá de múltiples factores: la capacidad de convocatoria social, la solidez jurídica del nuevo proyecto, y la disposición del Congreso a reabrir el debate en medio de un ambiente ya polarizado.

¿Logrará esta nueva ofensiva con énfasis en salud movilizar a la ciudadanía y doblegar la resistencia institucional, o se convertirá en un nuevo punto de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo? El escenario está abierto y el tiempo es corto.