Pacientes Colombia denuncia ante la Fiscalía al ministro de Salud por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal), según el documento presentado por la organización (que agrupa 202 asociaciones de pacientes) junto con otras organizaciones y ciudadanos firmantes. La denuncia está dirigida contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y solicita que la Fiscalía determine si existen otras conductas punibles asociadas a los hechos expuestos.
La denuncia, se concentra en el presunto incumplimiento consciente, reiterado y material de órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento, especialmente en asuntos relacionados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos, rubros clave para financiar servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC. Para los denunciantes, las omisiones y decisiones administrativas señaladas habrían incrementado el riesgo sobre la estabilidad del sistema y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Presunto incumplimiento de órdenes judiciales sobre suficiencia financiera
La denuncia sostiene que, pese a advertencias explícitas de la Corte Constitucional contenidas en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025, el Ministerio de Salud habría persistido en actuaciones contrarias a lo ordenado. Entre las conductas descritas se incluyen: no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y definir el valor de la UPC con base en la inflación en lugar de hacerlo a partir de estudios técnicos completos.
La organización afirma que la Corte Constitucional ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera del sistema. Bajo esta lectura, la discusión no se limita a un desacuerdo metodológico: se ubica en el plano de la obligatoriedad de las órdenes judiciales y en la forma como se materializan en decisiones regulatorias y de flujo de recursos.
Mesas técnicas de UPC bajo cuestionamiento por su carácter “formal”
Otro componente central se refiere a las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC. Los denunciantes advierten que estos espacios se habrían usado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones predeterminadas por el Ministerio.
De acuerdo con organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema, se han denunciado públicamente que sus aportes técnicos fueron ignorados, que no se garantizó participación efectiva y que, incluso, en dichas mesas se habría manifestado la decisión de no cumplir plenamente órdenes judiciales. En términos de gobernanza, el señalamiento no es menor: pone en discusión la validez sustantiva de un instrumento de concertación técnica cuando su resultado ya estaría definido y cuando la información necesaria para evaluar suficiencia no sería accesible en condiciones de transparencia para todos los participantes.
La afirmación de Pacientes Colombia y el alcance penal planteado
En el documento, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo que el núcleo del debate no es una controversia aislada entre expertos, sino un asunto con impacto directo sobre continuidad terapéutica y acceso. En su declaración, afirmó:
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país, consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces. Por ello, solicitamos a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez por presunto fraude a resolución judicial y otros delitos que puedan derivarse del proceso”.
La denuncia enmarca la conducta como un patrón de elusión de decisiones judiciales mediante actos que se presentarían como cumplimiento, pero que no cumplirían el objetivo material exigido por la Corte. El tipo penal invocado, fraude a resolución judicial, se plantea como un mecanismo para que la Fiscalía determine si hubo acciones orientadas a desconocer o aparentar el acatamiento de órdenes judiciales vinculantes.
Medidas cautelares solicitadas y foco en la continuidad del flujo de recursos
Además de la investigación penal, la organización solicitó que se decreten medidas cautelares urgentes. En particular, la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias y la evaluación de suspensión temporal de las funciones del ministro Jaramillo relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos, mientras avanzan las indagaciones.
Estas medidas serían necesarias para evitar que se prolongue un escenario de desfinanciamiento que ya estaría afectando la atención, la oportunidad y la continuidad de los servicios sanitarios. El planteamiento conecta el debate regulatorio con un componente operativo: la suficiencia y el flujo de recursos como condición habilitante para que la red de prestadores mantenga capacidad instalada, continuidad de tratamientos y oportunidad en la entrega de tecnologías.
Llamado final al cumplimiento de la Corte y a medidas estructurales
Pacientes Colombia reiteró su llamado a que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y se adopten sin más dilación medidas estructurales que garanticen la suficiencia de recursos del sistema y la protección real del derecho fundamental a la salud. En el fondo, el caso pone nuevamente en primer plano la tensión entre órdenes judiciales de cumplimiento obligatorio y la capacidad del Ejecutivo para traducirlas en actos administrativos, metodologías de cálculo y decisiones de pago que sostengan financieramente el sistema.
