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Entrevista

Olga Lucia Zuluaga – Directora ACESI

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La Dra. Olga Lucia Zuluaga, Directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos- ACESI, en entrevista para CONSULTORSALUD hizo un análisis detallado sobre la situación actual de los prestadores de salud público, en donde resalto la importancia de crear mecanismos que beneficien no sólo a estas entidades sino al sistema de salud en general.

Además dio su opinión sobre las medias que el Gobierno ha venido adelantando y que buscan dar solución a los problemas fiscales y financieros de las ESE y los Hospitales Públicos del país.

Los Ministerios de Salud y Hacienda hace más de un año promulgaron un plan de saneamiento fiscal para los Hospitales Públicos ¿Cómo va su implementación, y si se ha logrado el saneamiento en las finanzas de los hospitales?

A pesar de la normatividad existente en donde se establece mínimo 1 año para que las entidades que fueron catalogadas en riesgo medio y alto, implementaran sus programas de saneamiento fiscal y financiero, a través del modelo de red. Varios de los Departamentos que presentaron propuestas en donde se observaba una tendencia a reducir la red pública hospitalaria del país durante el año 2014, yendo en contravía de las normas existentes e incluso de sentencias de la Corte Constitucional en donde establece de tiempo atrás que la medición de los hospitales públicos no puede estar basado en el equilibrio financiero solamente.

Así las cosas, encontramos que de 568 Empresas Sociales del Estado que se encuentran actualmente en riesgo fiscal y financiero medio y alto, podían ser susceptibles de fusiones o liquidaciones a través de los proyectos de redes. Acorde con las cifras aportadas por las Asociaciones  Departamentales de Hospitales públicos, encontramos que se presentó una amenaza para realizar una liquidación de aproximadamente 217 hospitales públicos en el país.

Es importante resaltar que los planes de saneamiento fiscal y financiero fueron presentados por la red pública en agosto de 2013; no obstante, en el año 2014 sólo habían viabilizado 225 Hospitales a nivel nacional porque debían aprobar primero la propuesta de red del Departamento.

Adicionalmente, por la presentación extemporánea  de los planes de saneamiento fiscal, generada por los Departamentos en la mayoría de los casos, verbigracia lo que está ocurriendo con los Departamentos de Antioquia, Boyacá, César, Córdoba, Tolima, Magdalena, entre otros, los hospitales en planes de saneamiento fiscal y financiero, pertenecientes a éstos departamentos fueron enviados a la Superintendencia Nacional de Salud por el Ministerio de Hacienda, argumentando la extemporaneidad de presentación de los planes, situación que reiteramos a pesar de no tener manejo por parte de las ESE, las tienen en la mira para ser fusionadas, liquidadas o intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Actualmente, hay 13 Hospitales que se encuentran en proceso de liquidación o que ya fueron liquidados según fuente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Con base en lo anterior expuesto, se puede deducir que los planes de saneamiento fiscal y financiero no han tenido una implementación adecuada y los resultados para la red pública no han sido precisamente de saneamiento de sus finanzas en términos generales, porque los recursos de las cuentas maestras no se han logrado utilizar en su totalidad y lamentablemente las condiciones del entorno no han cambiado para la mayoría de las ESE.

Es decir, se continúa con el incumplimiento por parte de las EPS en el flujo de recursos, porcentaje mínimo de contratación con la red pública, integralidad en la contratación, entre otras; por tanto, los planes de saneamiento que han logrado un equilibrio financiero en las ESE, están generando un desequilibrio social por las condiciones externas que se han empeorado.

Nuestra mayor preocupación radica en que la mayoría de planes cumplen su año de implementación durante el año 2015, y son muy pocas las instituciones que van a poder cumplir con los compromisos generados en los planes por lo anterior expuesto, sumado a que los planes de saneamiento no incluyeron responsabilidades que debería asumir los Entes territoriales y entidades como la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar el cumplimiento de las normas y así lograr por parte de las ESE el incremento en producción, mejoramiento de contratación, flujo de recursos oportuno, entre otras.

Sumado a esto las EPS no han mejorado su comportamiento en el tema de flujo de recursos por cuanto las liquidaciones y compromisos de pago son permanentemente incumplidas.

El diagnóstico de la situación inicial Vs la situación actual de la red pública en los departamentos miembros de ACESI se presenta en el siguiente cuadro:

Usted muchas veces ha afirmado que para los hospitales públicos es muy difícil cumplir con el recaudo, precisamente por lo que les adeudan las EPS, pero que además no cuenta con el respaldo de las Entidades de Control que les exigen constantemente el cumplimiento de las mismas ¿Cree que ha faltado interés por parte del Gobierno Nacional para solucionar esa situación?

Lamentablemente cuando se es juez y parte, se debilita la gobernanza y la capacidad para realizar Inspección, Vigilancia y Control; es muy complicado cuando las instituciones del Estado son las primeras en incumplir las normas y eso es lo que ha ocurrido con Caprecom a lo largo del tiempo o con entidades de participación mixta como la Nueva EPS.

Yo no hablaría de falta de interés por parte del gobierno, más bien hablaría de grandes debilidades de gobernanza y fuertes limitaciones en inspección, vigilancia y control, por la falta de autonomía que ha tenido ésta entidad en el sector.

Los problemas del sector salud, vienen de tiempo atrás y se han crecido como una bola de nieve por no tomar decisiones a tiempo y de forma ejemplarizante, lo cual, ha ocasionado que se generen normas como el Decreto 2702 de habilitación de EPS que establece 7 años para que éstas entidades se coloquen al día en sus deudas por la gran cantidad de recursos que adeudan a los prestadores y que pretende generar una medida definitiva pero a largo plazo.

Ésta situación sólo podrá sanearse si el gobierno nacional empieza dando ejemplo con las entidades del Estado y recupera la gobernanza en el sector.

Lo que se nota es la voluntad del gobierno nacional de liquidar hospitales públicos como una política de estado, como se observa en las bases del PND. En este punto es importante  enfatizar que el manejo de las instituciones  públicas es viable, cuando se generan las condiciones para hacerlo, no por ser público se es ineficiente tal como se ha afirmado y se debe dar son igualdad de condiciones para podernos comparar con el privado.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 2702 le da un plazo de 7 años a las EPS para ponerse al día con las deudas ¿Qué opina de la decisión del Gobierno y de qué manera afecta esta decisión a los Hospitales Públicos?

Cuando se revisa el Decreto de habilitación de las EPS, podemos decir que las deudas que están adquiriendo las EPS a partir del 1 de enero con los prestadores, deben estar soportadas con recursos disponibles en el balance, por lo tanto, las deudas estarán debidamente apalancadas si existe la vigilancia necesaria por parte de la Supersalud y ello genera una tranquilidad para la prestación del servicio.

No obstante nos preocupa que para el pago de la deuda no corriente se genere un plazo muy amplio (7 años) en donde muchas de éstas entidades simplemente no van a capitalizar, sino que van a desaparecer del mercado y los prestadores tendremos que afrontar una desfinanciación aún mayor a la que en éstos momentos tenemos por problemas de liquidez. En el país hay suficientes ejemplos de EPS que se liquidaron y los grandes perdedores fueron los prestadores de servicios de salud, especialmente los públicos.

Un impacto negativo que tiene éste Decreto sobre los hospitales públicos es el aplazamiento para el recaudo en la cartera. Consideramos que es una norma inequitativa, dado que mientras a las EPS se les da un plazo de 7 años para que logren sanear sus cuentas, a las Empresas Sociales del Estado, les dan un año. Es incluso, absurdo, pensar que un hospital va a poder salir de su programa de saneamiento fiscal y financiero cuando su recaudo y presupuesto dependen en un 90% de la prestación de servicios que realizan a las EPS. Consideramos que el gobierno nacional debe replantear los indicadores de medición para las ESE y gerentes, y generar normas equitativas para todos los actores.

Se les otorga 7 años más, pues ya existía el Decreto 574 de 2007 que les daba 7 años, que se cumplieron en el 2014.

¿Qué beneficios le trae a las Empresas Sociales del Estado y a los Hospitales Públicos la reciente Ley Estatutaria de Salud?

La Corte Constitucional nuevamente ratifica con la Ley estatutaria en su artículo 24 que las Empresas Sociales del Estado no deben ser medidas exclusivamente desde el punto de vista financiero por la labor social que desempeñan, por tanto, consideramos que el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley estatutaria debe modificar todo lo establecido en la Ley 1438 de 2011 en lo referente a planes de saneamiento fiscal y financiero que exclusivamente se preocupa por el tema financiero.

Así mismo, esperamos que se agilice la reglamentación del artículo que estable subsidios de oferta para los hospitales que en eficiencia no generan equilibrio financiero y debe garantizarse su funcionamiento; por ejemplo en poblaciones dispersas.

La inexistencia de autorizaciones para el servicio de urgencias puede ayudar a los hospitales a no dilatar atenciones o incluso exponerse a complicaciones en espera de la autorización de la EPS para realizar la atención integral al paciente, no obstante, esto se convierte en un arma de doble filo que debe ser especificada por el gobierno nacional para evitar la generación de glosas y cartera cada vez mayor por interpretaciones o dilataciones de las EPS en el momento de realizar el pago de los servicios prestados.

Usted afirma que el Plan Nacional de Desarrollo tiene amplias contradicciones con los acordado en la Ley Estatutaria ¿Cuáles son esas principales contradicciones y como afecta a las ESE y Hospitales Públicos?

En la primera versión presentada por el gobierno nacional se encontraba la derogatoria a artículos importantes de la Ley 1438 de 2011 relacionados con Atención Primaria en Salud y Redes Integradas de Servicios de Salud, generando una contradicción con lo establecido en la Ley Estatutaria.

Por otro lado, mientras que la Ley Estatutaria establece la necesidad de no medir a las ESE desde el punto de vista financiero, en contraste el Plan de Desarrollo en su versión inicial, asignaba recursos en su artículo 71 para la liquidación de hospitales, en la versión aprobada en el primer debate si bien es cierto, eliminaron éste artículo, dejaron en otro articulado recursos para saneamiento fiscal y también para liquidar ESE.

Otra de las contradicciones planteadas está relacionada con el trabajo decente planteado por el Ministerio de Trabajo y lo plasmado en el Plan de Desarrollo en donde hablan de garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización. Así las cosas, continúa la incertidumbre jurídica para los gerentes de las ESE a quienes el Ministerio de trabajo les está exigiendo laboralización e incluso se están generando sanciones por las oficinas de trabajo con multas millonarias y en contravía el Ministerio de Salud habla de tercerización.

Es necesario que exista coherencia entre los dos Ministerios, que permita una estabilidad jurídica acorde con la realidad del sector salud y las necesidades de generar estabilidad laboral bajo un régimen diferente al de carrera administrativa que genera inflexibilidad a los hospitales que desafortunadamente no tienen garantizado la población a su cargo a lo largo del tiempo.

Finalmente, los copagos a lo no POS es regresivo lo que contradice principio de progresividad de la Ley Estatutaria.

Dentro del Plan de Desarrollo hay una propuesta para liquidar las ESE ¿Qué opina de la propuesta y cree que es una solución al problema fiscal de estas entidades?

La liquidación de las Empresas Sociales del Estado, no soluciona los problemas de fondo de las entidades y por el contrario puede ir en contravía de la salud pública de poblaciones que queden sin el servicio médico en sus municipios y deban trasladarse a instituciones más cercanas.

Con la normatividad existente una vez liquidada una Empresa Social del Estado, no podría crearse otra institución pública, por tanto, no deja sino la opción de ingreso de empresa privada.

Este tipo de políticas van en contravía incluso de lo estipulado en la Ley Estatutaria, no obstante en el primer debate ya fue eliminado el artículo 71 que destinaba recursos para la liquidación de las ESE, por tanto, esperamos que con lo establecido en la Ley Estatutaria se replanteen muchos indicadores por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Actualmente, sigue latente el tema de liquidaciones en el PND en el artículo de cuentas maestras y en las bases del PND.

¿Cuál cree que debe ser una verdadera reforma al Sistema de Salud en Colombia?

Es necesario un cambio en temas estructurales en el sector que permitan medir a los actores por los resultados en salud y no con indicadores financieros o indicadores de producción de morbilidad.

Con las normas expedidas hoy en día se hace necesaria la reglamentación de temas como APS, RISS, subsidio de oferta para las ESE que en eficiencia no logren equilibrio financiero.

Es necesaria la recuperación, la rectoría, fortaleciendo la autoridad sanitaria, recuperando las capacidades de entidades territoriales, la planificación de servicios de salud, acabando con la intermediación financiera en salud que poco valor le agrega al sistema, pasar de la competencia a la cooperación en la prestación de servicios de salud, implementando modelo de atención basado en la estrategia de APS y RISS.

Nuestro sector de tiempo atrás ha generado una propuesta que permitiría un cambio en el modelo para la prestación del servicio que garantice los costos de operación de las ESE de baja complejidad teniendo en cuenta que el 80% de los municipios del país, no existe mercado porque las ESE son únicos prestadores y los costos de transacción son muy altos, costos que podrían ser trasladados hacia la prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Hemos propuesto la asignación de un pércapita acorde con la población asignada, personal necesario para la operación e insumos y dotación que le permita a las ESE de baja complejidad garantizar la prestación de servicios en sitios dispersos y realizar realmente actividades de promoción y prevención.

Por otro lado es necesaria una legislación especial para el sector salud en lo referente al talento humano en salud.

Es necesario que se replantee el papel de las EPS, toda vez que las funciones a ellas asignadas en forma indelegable no vienen cumpliéndose de tiempo atrás como es la representación del usuario, asumir el riesgo financiero, entre otras. Sería importante que se convirtieran en unas garantes de la calidad en la prestación del servicio de la población a su cargo pero que no tuvieran a su cargo el manejo de los recursos, toda vez que desde tiempo atrás el Ministerio viene haciendo los giro a los prestadores de servicios de salud, lamentablemente con la mediación de la autorización por parte de éstas entidades.

Finalmente, es necesario para todos los actores tener las cuentas claras y para ello es importante generar una aclaración obligatoria de cuentas entre las EPS e IPS; similar al Decreto 1080 generado para la aclaración de cuentas entre Entes Territoriales y EPS; lamentablemente la Circular 030 emitida por la Supersalud en conjunto con el Ministerio de Salud, no ha tenido los resultados esperado para la aclaración de cuentas en el sector.

 

Actualidad

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y su impacto con los hospitales públicos

“para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo”.

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La Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), conversó con CONSULTORSALUD de manera exclusiva para dar su opinión frente al Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022 (PND) y su impacto con los hospitales públicos.

Además, enfatizó en qué para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo.

También puede leer: pronunciamiento de los gremios de salud sobre el PND


CS: 
¿Qué opina del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 aprobado recientemente en el congreso?

El Plan Nacional de Desarrollo nos deja bastante lesionados, debido a que en él se quitaron recursos importantes para los hospitales públicos. En estos momentos de crisis y de dificultades, esto genera mayores problemas para  las instituciones prestadoras de salud porque las contribuciones parafiscales que eran para pago de EPS, les va a tocar asumirlas a cada Empresa Social del Estado a partir del año entrante, quitando una financiación importante para la república hospitalaria.


PND y el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud

Por otra parte, se acaba con el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) que era el fondo donde hospitales que entraban en riesgo fiscal y financiero, a través de este mecanismo, precisamente podían acceder a recursos para generar saneamiento. quedamos con bastante preocupación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”

CS: ¿Qué impacto tiene el Plan Nacional de Desarrollo con los Hospitales públicos?

En lo que tiene que ver con el acuerdo de punto final, nosotros no podemos desconocer que van a llegar recursos importantes al sector salud, en lo correspondiente a todas las deudas que tiene el estado con las EPS por concepto de NO POS.

Estamos hablando que van a llegar recursos al sector, por alrededor de los 5.5 billones  de pesos, estos son recursos importantes para la red pública hospitalaria, sin embargo, consideramos que es un acuerdo de punto parcial, porque no hace referencia a las deudas de lo POS, es decir, lo que las EPS adeudan a la red tanto pública como privada.

En este sentido, si hacemos una sumatoria general de estas deudas, estaríamos hablando de alrededor de los 15 billones de pesos. Esto quiere decir, que quedaría una suma bastante importante de 10 billones de pesos sin financiación, sin acuerdo de punto final.

CS: ¿Qué opinión le merece lo sucedido con la situación que están afrontando los usuarios de Medimás frente a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”. En lo concerniente con Medimás, de acuerdo al fallo, tiene que entrarse a quitar la habilitación y en este orden de ideas quedarían sin financiación, la deuda hoy de Medimás EPS, Cafesalud EPS y Saludcoop, es preocupante para los prestadores quienes en ultimas siguen atendiendo el usuario, pero sin garantías del pago de esos servicios. 

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Entrevista

Gustavo Morales – Presidente de Afidro

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En entrevista con CONSULTORSALUD el Dr. Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo- Afidro, habló sobre el papel de la  asociación en la regulación del precio de los medicamentos en Colombia y sus reservas frente a la declaratoria de interés público, además, de las nuevas tecnologías que entrarán al país, los avances que se han dado en la prescripción de medicamentos, y los planes que a futuro tiene Afidro en busca de mejorar la estabilidad del sistema de salud colombiano.

Que es Afidro? ¿Cuántos años tiene? y ¿Cuál es el objetivo principal de Afidro?

Afidro es la asociación de empresas farmacéuticas de investigación y desarrollo, existe desde hace 60 años y su objetivo principal, como el de todos los gremios, es representar con transparencia los intereses comunes de nuestros afiliados.

¿Quiénes son los asociados actuales de Afidro?

Hoy en día tenemos 23 empresas afiliadas. Las compañías miembros de Afidro se distinguen de otras empresas importantes del sector farmacéutico porque cumplen los parámetros internacionales para ser consideradas laboratorios de investigación y desarrollo.

¿Existen asociados a Afidro que aún no tengan presencia en Colombia?

Para poder estar afiliado a Afidro la empresa tiene que estar constituida en Colombia, sea como sucursal, como filial o como empresa nacional; no existe un requisito de nacionalidad para pertenecer a Afidro, el requisito es que la empresa técnicamente pueda ser considerada como un laboratorio farmacéutico de investigación y desarrollo.

¿Qué tipo de tecnologías comercializan los asociados a Afidro dentro del país?

Básicamente productos farmacéuticos de síntesis química y, en los últimos años, también comercializan productos farmacéuticos biotecnológicos.

¿Qué porcentaje de la UPC en los regímenes Contributivo y Subsidiado se destinan actualmente en el país para comprar medicamentos que SI están incluidos en el plan de beneficios?

Nuestros estudios recientes revelan que del total de gasto público en salud, probablemente no más del 12% se destina a medicamentos. Esos datos están en proceso final de verificación, pero seguramente, no vamos a salirnos de ese rango.

¿Cuántos recursos se necesitan en el país para el año 2017 para pagar los medicamentos NO PBS (ahora denominados prestaciones individuales), y cuánto dinero tiene efectivamente disponible el Ministerio de salud para este propósito?

Si bien no contamos con cifras oficiales al respecto, es importante señalar que los recursos a partir del año 2017 deben contemplar el Plan Implícito que se defina posterior a las primeras exclusiones que realice el Sistema, sólo hasta ese momento podrá evaluarse la necesidad de más recursos para cubrir los medicamentos no PBS.

 

¿Y en el régimen subsidiado como es este cálculo de usos y recursos disponibles, para atender los medicamentos NO PBS?

Los recursos de financiamiento del régimen subsidiado provienen de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y de las entidades territoriales (Sistema General de Participaciones y rentas territoriales destinadas a la salud). El cálculo per se de usos y recursos le corresponde efectuarlo al Gobierno

¿Qué opinión le merece el aplicativo MIPRES?

Es un paso necesario e inevitable después del desmonte de los CTC que ocurrió como consecuencia de la Ley Estatutaria. Acaba de empezar a implementarse en forma y, en este momento, estamos en proceso de ayudarle al gobierno a evaluar su funcionamiento y los problemas derivados a su implementación.

¿Cree Ud. que el aplicativo MIPRES favorece el acceso a los medicamentos NO incluidos PBS o se ha convertido en una barrera de acceso?

Todo dependerá de la funcionalidad del aplicativo y de la posibilidad de que los médicos puedan operarlo adecuadamente. En estas primeras semanas estamos percibiendo que puede constituirse en una barrera de acceso, especialmente en cuanto a la entrega de los productos más que a la prescripción, pero esperamos que con los ajustes que seguramente se harán eso se supere rápidamente. Hemos apoyado a organizaciones de pacientes que han montado infraestructuras de asesoría a médicos y pacientes, y la información agregada recaudada se ha transmitido a las autoridades para que tomen los correctivos necesarios.

¿Las juntas de profesionales, se están convirtiendo en una barrera de acceso para aprobar medicamentos del listado UNIRS y nutrición ambulatoria?. Los médicos no quieren conformar o participar de estas juntas ¿Por qué? 

En general todos estamos en un proceso de aprendizaje y ajuste a un nuevo modelo, siempre que hay cambios hay traumas, lo importante es tomar nota de los problemas y solucionarlos de manera sistemática. 

¿Qué opina del uso futuro del aplicativo MIPRES en el régimen subsidiado?

Es un paso necesario, lo importante es que se aplique bien tanto en lo contributivo como en lo subsidiado. Seguramente terminará también extendiéndose al PBS. 

¿Qué propuestas está haciendo Afidro para lograr que exista un solo pagador para las tecnologías NO PBS, sabiendo que en el régimen subsidiado son los entes territoriales y que el fondeo no está completo?

Nosotros no hemos trabajado ningún proyecto específico que apunte hacia un solo pagador, ese es un objetivo a largo plazo muy saludable. Entre tanto, creemos que lo que hay que hacer es mejorar las normas vigentes y que todos los agentes que deban pagar, paguen a tiempo. El Ministro ha dicho reiteradamente que buena parte de los problemas del sistema de salud, no son propios de su arquitectura, sino de la arquitectura descentralizada del estado colombiano.

¿Qué opina del Plan Implícito de Salud? ¿Conoce sus avances?

Se ventiló un proyecto de resolución hace unos meses, no se ha vuelto a conocer de ese tema. Sin embargo, en principio mi opinión es que de la Ley Estatutaria no se deriva como tal de un Plan Implícito de Salud, lo que hay, según la Ley Estatutaria, es un universo de productos explícitamente excluidos y un universo de productos y procedimientos que deben ser pagados por el sistema. La existencia de un plan implícito supone la existencia de un plan explícito y esa figura no está contemplada en la Ley.

¿Qué opinión le merece la creación del Valor Máximo de Reconocimiento VMR que acompaña los nueve agrupamientos actuales, y que han incluido las dos últimas resoluciones de actualización del plan de beneficios? ¿Cree usted que es una norma que establece una autoregulación por parte de las EPS? y que puede convertirse en un modelo futuro de regulación general al interior del sistema de salud colombiano?

No estamos de acuerdo con la definición de los subgrupos de referencia. Si bien estos se establecen con base en los códigos ATC definidos por la OMS, esta agrupación no implica necesariamente sustituibilidad entre los productos que componen cada subgrupo pues en la práctica intervienen otras variables que determinarán la elección que el médico realice.

¿Considera Afidro que el agrupamiento de medicamentos que se inició en el año 2015, se extenderá y cobijará por ejemplo a medicamentos oncológicos?

Consideramos que no se debe continuar con esta metodología, y de hecho el Ministerio mismo estableció que no va a hacer más ejercicios de agrupamiento por los requerimientos técnicos que exigen estos ejercicios.

¿Qué impacto real tendrán estos agrupamientos en el acceso y en el financiamiento de estos medicamentos?

La preocupación con estos agrupamientos es que se espera que con el mismo dinero (la UPC) las EPS estén en capacidad de cubrir un grupo amplio de tecnologías que en algunos casos aún no están disponibles en Colombia y por ende no están incluidas en el cálculo de la UPC. Esto podría poner en riesgo la autonomía médica y el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos por el paciente.

¿Cuál es la metodología que Afidro propone para evitar que se diluya en medio de la regulación el estímulo a la innovación? 

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la salud consiste en garantizarles a los colombianos  el derecho a la mejor salud posible, eso incluye, por supuesto, el derecho a acceder a los mejores productos innovadores. Nosotros creemos que un sistema bien regulado con fuentes de financiaciones sólidas y estables, donde no haya corrupción y redundancias y con adecuados mecanismos de vigilancia y control, debería permitir el acceso de los colombianos a productos innovadores.

Hemos discrepado de la posición del gobierno en el sentido de que es la innovación la culpable del desangre del sistema. Ese énfasis deja de lado el análisis de los servicios innecesarios, el fraude, los costos administrativos excesivos, la ineficiencia en la prestación de los servicios y las oportunidades pérdidas de prevención (un niño no vacunado a tiempo, por ejemplo). Además, con la política de control de precios existentes, las críticas a los altos precios de los medicamentos en el fondo son una autocrítica del gobierno así mismo.

¿Cómo entiende Afidro el modelo de compras centralizadas? ¿Cuáles serían sus efectos positivos y negativos?

Tanto el modelo de negociaciones centralizadas como el de compras centralizadas se han ido abriendo paso en el mundo y en la región, Afidro lo considera un mecanismo legitimo siempre y cuando sean muy transparentes sus reglas, que no afecten la competencia ni discriminen a los distintos oferentes y, sobretodo, no afecten la autonomía médica. La compra centralizada no puede ser de tal magnitud que restringa las opciones de prescripción de los médicos.

¿Cómo le parece la metodología de regulación propuesta por las universidades Nacional y de los Andes para determinar el precio de los medicamentos basado en el aporte terapéutico?

Lo que es importante es: Primero, que la definición de ese aporte terapéutico a través de la evaluación tecnológica se haga con toda transparencia, con los más altos niveles técnicos, y ojala usando un análisis multicriterio para determinar el valor de cada producto.

En segundo lugar, es que pronto será necesario establecer porqué debe el gobierno fijar el precio de los medicamentos, cuando tenemos unas aseguradoras privadas que son las que deben gestionar el riesgo, pero ese es un debate sistémico que el país está en mora de dar.

En tercer lugar, nuestra verdadera discrepancia es en que los resultados de esa evaluación tecnológica sea un condicionamiento para que el producto respectivo obtenga su registro sanitario, esa es una política pública que la propia Corte Constitucional ha reconocido que puede vulnerar el derecho de los colombianos a la mejor salud posible. 

¿Le ganó Afidro la batalla al Ministro de salud al lograr que se limitará la declaración de interés público de medicamentos, al tener que consultarla con un comité del alto nivel gubernamental?

Nunca hemos participado en ninguna batalla contra nadie. Desde hace muchos años existen normas internacionales aplicables en Colombia que regulan las llamadas licencias obligatorias, es decir, las licencias que por obligación, ordenada por el Estado, el titular de una patente debe darle a un tercero para que explote el producto patentado sin la aquiescencia de aquel. Antes de expedir una licencia obligatoria, la respectiva oficina de patentes debe constatar que el ministro del ramo (sea salud, agricultura, defensa, TI) ha declarado, previamente, que respecto de ese producto patentado se predica una razón de interés público que justificaría “romper” la patente que legítimamente, por unos años, lo protege de competencia.

De modo que, para llegar a ese momento tan delicado y tan excepcional, es muy importante que la declaratoria de interés público este plenamente justificada; episodios recientes demuestran que un ministerio cualquiera, sea el de salud o cualquier otro ministerio que regule sectores donde existan patentes, puede tener un entendimiento de lo que es el interés público incompleto o parcializado, y eso genera mucha incertidumbre entre las empresas innovadoras de todo tipo.

Contrario a la premisa de su pregunta, el decreto recientemente expedido no le pone “límites” a ningún ministro en materia de declaratorias de interés público. Lo único que hace es establecer, que antes de proceder, consulte la opinión no vinculante de sus colegas de Planeación y comercio, para evaluar las implicaciones que tendría la declaratoria frente a la política económica general y la política de propiedad intelectual.  

Es decir, que Afidro no está de acuerdo con la declaratoria de interés pública que hizo el Ministerio de Salud al medicamento Glivec, o cree que el procedimiento no fue el adecuado.

El Ministerio aplicó el procedimiento que existía, pero ese procedimiento no contemplaba las salvaguardias sensatas que el nuevo decreto ahora contempla. El problema con Glivec no fue procedimental, fue sustancial. Cuando se profiere una Declaratoria de Interés Público, la pregunta no es “¿es este producto de interés público?”, porque todos los medicamentos en alguna medida lo son; la pregunta es “¿el hecho de que este producto esté patentado afecta el interés público?”. Creemos que en ese caso, tratándose de un producto bajo control de precios, incluido en el POS, y cuya patente estaba a punto de expirar, la respuesta a esa segunda pregunta era negativa.

 Hay medicamentos que entran al país y que tienen un alto costo para el sistema ¿Afidro cuál cree que es la solución para que esos medicamentos que requieren los pacientes, como en el caso de los de Hepatitis C, se puedan regular pero que no afecten tanto a las patentes como al sistema?

En general nuestra posición es que la política de precios no tiene por qué depender de afectaciones a la propiedad intelectual, se puede hacer una política de precios transparente, predecible, metódica, que gradualmente va incorporando nuevos productos al control, sin necesidad de afectar la confianza en las patentes. 

Mire usted que en los próximos días el gobierno va a incorporar aproximadamente tres mil nuevos productos al control de precios y, la discusión sobre si las patentes son válidas o no, o si se debe expedir o no una licencia obligatoria, no aparecen por ninguna parte, no es necesaria, el gobierno no requiere acudir a desconocer las protecciones de la propiedad intelectual para hacer un control de precios eficaz.

¿La vía abreviada de comparabilidad no es un camino apropiado para mejorar la competencia en Colombia?

No. Supone la entrada al país de productos biotecnológicos que de por si son de gran complejidad y riesgo, sin que para ese producto específico se hayan realizado estudios clínicos sobre humanos. Los estándares internacionales actualmente vigentes exigen como mínimo la existencia de esos estudios clínicos, y por lo tanto creemos que no se puede promover a la brava una competencia que genere semejante nivel de riesgo frente a la calidad de esos productos.

¿Entonces qué opinión tiene ustedes frente al Decreto 1782 de 2014 sobre medicamentos biotecnológicos?

Nosotros creemos que en general ese es un decreto razonable en cuanto a que regula el registro sanitario de productos biotecnológicos, pero –y el pero aquí es muy importante-, tiene un artículo, el noveno, que justamente es la vía abreviada de comparabilidad, que genera gran preocupación por su impacto a la salud y por eso lo hemos demandado ante el Consejo de Estado.

¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas se espera que lleguen al país en los próximos meses y años?

Hay muchos avances en todas las áreas terapéuticas que tiene que ver con la salud humana, pero le mencionó tres donde el desarrollo es realmente impresionante. Uno, en el tema oncológico, a través de las inmunoterapias; dos, en el tema de enfermedades huérfanas gracias a los avances de la biología genética y molecular y; tres, en el tema de Hepatitis C ha ocurrido una auténtica revolución.

¿Cuál es el precio de estas tecnologías?  Y ¿Cuáles son los resultados esperados de las mismas?

El precio variará según si el producto entra o no al control de precios, si está o no patentado, y cuál va a ser el resultado de la respectiva evaluación tecnológica, pero lo que estamos seguros es que los colombianos tienen derecho a esos productos y la industria apoyará al gobierno en cualquier medida que le permita a los colombianos acceder a ellos.  

¿No se afecta la sostenibilidad financiera del sistema de salud, si no se hace una adecuada regulación al precio de estas tecnologías?

Nosotros estamos convencidos empíricamente que la innovación en medicamentos no es el problema financiero del sistema de salud, los medicamentos en total representan solo el 11% del gasto total del sistema, productos innovadores quizás no represente más del 3 o 4%.

Un sistema de salud donde la UPC sea suficiente, el rol de las EPS esté claro, y no haya redundancias, ni corrupción, ni politiquería, permitiría alcanzar la meta de darle salud digna y básica a todos los colombianos.

¿Qué impacto ha tenido la liquidación de  Saludcoop en el gremio?

Saludcoop era una entidad sistémica, por su tamaño y presencia nacional tenía ramificaciones en todas las esquinas del país y en todos los rincones del sistema de salud. Su liquidación por supuesto produjo un impacto enorme, pero entendiendo que quizás no había otra alternativa está bien que se haya procedido como en efecto se ha hecho con toda la transparencia en su proceso de liquidación.

Nos preocupa un poco más la situación de Cafesalud que es una EPS vigente y su capacidad de cumplimiento se ha visto sumamente deteriorada en los últimos meses.

¿Se han tomado medidas frente a esta liquidación o están esperando cómo proceda el gobierno?

Como gremio no podemos tomar decisiones colectivas que involucren a todos nuestros afiliados, pero si hemos estamos muy atentos a la evolución del proceso y hemos hecho observaciones respetuosas al gobierno y a las autoridades que están liderando el tema para garantizar que la liquidación de Saludcoop se haga con total transparencia, esperamos que la suerte final de Cafesalud garantice que se paguen las deudas que tiene la EPS con sus proveedores, y sobre todo, se garantice la continuidad en la prestación del servicio a los pacientes.

(Después de realizada la entrevista, se conoció el resultado del proceso de venta de Cafesalud. Frente a ese resultado, nos declaramos en alerta moderadamente optimista)

¿Cómo ve el próximo funcionamiento de ADRES (el banco de la salud)? ¿Qué beneficios y oportunidades puede traer al sistema de salud?

El país estaba en mora de formalizar y darle solidez jurídica al Fosyga, y la creación del ADRES va a permitir una mayor claridad en cuanto a los derechos y obligaciones de cada uno de los agentes del sistema. En el papel lo veo como algo muy positivo, pues es uno de los mejores avances de los últimos años en el sistema de salud.

En una rendición de cuentas del gremio de las farmacéuticas asociadas a Afidro. ¿Cuáles cree Ud. que son los logros alcanzados en materia de cobertura, acceso, y efectividad? y ¿sobre qué patologías especialmente está impactando positivamente el gremio de Afidro a los colombianos?

Todas nuestras compañías impactan en todas las patologías que afectan la salud de los colombianos, desde los productos dermatológicos y oftalmológicos hasta los más avanzados productos para el cáncer, nuestros afiliados atienden e innovan en todas las ramas.

Afidro como organización se siente orgullosa de promover el derecho de los colombianos a acceder a los productos de mejor calidad posible, en un ambiente de sana y feroz competencia, con respeto a la propiedad intelectual y, sobretodo, siempre con los pacientes como prioridad.

¿Qué viene para Afidro en el inmediato futuro?

A raíz de nuestro aniversario número 60, elaboramos un plan estratégico en el que vamos a trabajar para fortalecer en Colombia la cultura y el respeto a la innovación tecnológica en todos los frentes, y vamos a establecer una capacidad interna para ayudarle al gobierno a pensar en mejoras estructurales al sistema de salud en beneficios de todos los colombianos.

¿Qué tipo de mejoras estructurales tienen pensadas?

Las que resulten de los estudios, de los análisis y las reflexiones que vamos a liderar, pero muchas de ellas pasan, por ejemplo, por el tema de las fuentes de financiación del sistema, el papel de las EPS, la eficiencia en el acceso y el fortalecimiento del control. 

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Entrevista

Dr. Jaime Calderón Herrera- Director IETS

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CONSULTORSALUD en entrevista con el Dr. Jaime Calderón Herrera, nombrado hace poco como Director Ejecutivo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS, quien nos habló de los retos que tiene frente a la institución, como del papel del IETS en el proceso de exclusiones que viene adelantando el Ministerio de Salud, los avances en la implementación del artículo 72 del Plan de Desarrollo sobre la regulación en el precio de los medicamentos, entre otros temas.

Usted acaba de ser nombrado como Director Ejecutivo del IETS, y se dice que está es la primera vez que a la dirección del instituto llega un médico con enfoque clínico, cuéntenos ¿cuáles son los principales retos que tiene dentro de la entidad y los objetivos que tiene trazados a futuro?

El principal objetivo es el fortalecimiento y el sostenimiento en la calidad en todo lo que nosotros hagamos, siempre van a haber oportunidades de mejora, y requerimos que haya un mayor conocimiento de lo que hace el instituto, que genere legitimidad desde la construcción de caminos de confianza, insumo este, indispensable en el sistema de salud. En nuestro caso debemos proveer evaluaciones de absoluto rigor científico y metodológico que contribuyan con el proceso de transparencia, que informe la toma de una decisión de entrada y la inclusión o exclusión de una tecnología. Vale la pena aclarar que nuestro concepto o recomendación no es vinculante.

Desde que se creó el Instituto en el año 2012,  su enfoque ha sido la evaluación de las tecnologías en salud basadas en la evidencia científica, desde entonces se crean guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, procedimientos y tratamientos, ¿Cuántos centros de evaluación tiene el instituto? y ¿Cómo es el proceso investigativo?

Inicialmente el IETS contribuyó con el Ministerio de Salud y Protección Social en la elaboración del Manual de criterios de priorización de las tecnologías a evaluar. Una vez hecho esto, el instituto se ha dedicado a construir, a referenciar y a optimizar los cuatro manuales metodológicos con los cuales actúa.

Estos  manuales, tienen varias fases que se sustentan en metodologías referenciadas por agencias internacionales de Europa, de Estados Unidos y de Australia, que nos han permitido generar unos manuales metodológicos, que son referenciados, a su vez, por otras agencias similares en el mundo, que tienen procesos de participación y procesos de síntesis de evidencia. Esa síntesis de evidencia tiene maneras de evaluarse y de graduarse, de poder filtrar cuáles son más robustas y cuáles más débiles; inclusive se puede mirar cuáles son los pasos para poder resolver el tema de lagunas de evidencia.

Los procesos de participación empiezan desde el mismo momento en que se hace la pregunta base sobre la cual se va a generar todo el proceso de evaluación, son procesos donde la información está disponible para los grupos de interés, de tal manera que puedan allegar evidencia que consideren adecuada; para que posteriormente nosotros la evaluemos. Entre estos públicos se encuentran la industria farmacéutica, pacientes, ciudadanos, usuarios y académicos. Dentro de este mismo proceso, hay un grupo desarrollador donde también están los expertos clínicos, expertos metodológicos y expertos en evidencia que hacen un informe preliminar, que tiene difusión entre los grupos de interés, quienes en ese momento pueden igualmente hacer observaciones o adicionar información que crean relevante.

Una vez se ha desarrollado todo este proceso, nosotros entonces producimos el informe final, y ese informe es la respuesta a la solicitud que nos haya hecho el Ministerio de Salud y Protección Social para una o para varias tecnologías en salud. El MINSALUD también  tiene sus propios procesos, que incluyen la participación de sociedades científicas, de grupos de expertos, de grupos de pacientes, etc.

Dentro de sus propios procesos, nuestro insumo es un insumo de discusión de esos mecanismos de participación, y al final, el ministerio que es el tomador de la decisión, es quien toma la decisión final teniendo en cuenta todos estos elementos.

Una vez se tienen las guías de práctica clínica y la evaluación de tecnologías sanitarias ¿Cómo es el proceso de implementación en todos los actores del sistema? ¿Ustedes además de hacer un acompañamiento, hacen un seguimiento de lo que se dice allí se cumpla?

Una cosa son la evaluaciones de tecnologías y otra las guías de práctica clínica, de hecho, hay procesos transversales a todo, bajo subdirecciones independientes al interior del Instituto y con grupos de trabajo específicos para cada una de estas actividades. 

Sumado a estos dos grupos, hay una tercera subdirección que es la de implantación y diseminación, que busca que lo que hagamos tenga un resultado final en la adopción de la guías y en la implementación de las mismas. Este es un proceso para facilitar que estas evaluaciones o las decisiones que ha tomado el ministerio, tengan aceptación y comprensión.

En la medida en la que se ha venido conociendo el IETS,  han habido instituciones y entes territoriales que nos están buscando para cubrir sus necesidades en esta materia, y lo estamos desarrollando de manera creciente, pero sin cubrir aún todas las necesidades del país en términos de nuestro apoyo para la implementación de guías.

El consejo  directivo del IETS lo conforman el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, Colciencias, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas  ¿Cómo funciona el trabajo colaborativo entre todas las entidades que lo conforman?

El IETS es una corporación mixta de mayoría estatal,  eso quiere decir, que las cuatro entidades estatales, más las dos privadas, conforman el consejo directivo que es donde trazan las políticas generales y la estrategia.

Entonces, se nos ha encargado inicialmente por decreto del ministerio de la evaluación de las tecnologías, que terminan siendo nominadas dentro de los procesos y los tiempos que el ministerio ha definido para la nominación de tecnologías a excluir, conforme a lo que está previsto por la Ley Estatutaria.

Nuestra articulación con la agencia regulatoria INVIMA, la hacemos especialmente para propósitos del artículo 72 de la Ley del Plan de Desarrollo. Por supuesto que tenemos un dialogo con el Instituto Nacional de Salud, con Colciencias ha sido un poco menos fluido, con Ascofame y con las sociedades científicas es con quienes hemos trabajado de manera más permanente, la ACSC contribuye a nuestros procesos mediante expertos clínicos que participan en los grupos desarrolladores de las evaluaciones y de las guías de práctica clínica.  

Ha sido un trabajo articulador que se ha venido desarrollando, pero que todavía tiene un espacio muy grande para consolidar y fortalecer.

En este momento el sistema de salud inicia un nuevo plan de exclusiones, en el que el IETS realizará un papel fundamental dentro del análisis “Técnico-Científico” de las tecnologías y procedimientos que serán excluidos ¿Cuéntenos un poco como se llevará a cabo ese proceso?

Cualquier ciudadano, cualquier entidad e inclusive el gobierno pueden nominar tecnologías que consideren que son riesgosas, que son inefectivas o que hay alternativas terapéuticas que tienen igual o mejor eficacia, efectividad o seguridad. 

Una vez nominadas, existe el primer paso en el cual el IETS hace la evaluación técnico – científica  de los criterios por los cuales fue nominada la tecnología. Luego de evaluados, se le remite nuevamente al ministerio, quien inicia todo el proceso que prevé la Ley Estatutaria en términos de participación y transparencia para generar la decisión final de la exclusión.

Nuestro concepto no es vinculante, es un insumo más que tiene el tomador de la decisión, después de un proceso de participación público y abierto, que le permita al final tomar la decisión de excluirlo o no, eventualmente puede ser que una tecnología nominada para la exclusión, termine excluida, como puede suceder también que hayan tecnologías que no hayan sido nominadas y que merezcan hacer parte de las exclusiones.

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que recibió 66 nominaciones de exclusiones para que reciban un análisis técnico – científico ¿más o menos cuánto tiempo se espera que demore ese análisis? Y ¿Quiénes harán parte de ese grupo analista?

El IETS es un evaluador, y da un concepto, una recomendación. Es un insumo de varios que se van a producir dentro del proceso que estableció la Ley Estatutaria para las exclusiones.

Para el caso de las exclusiones evaluamos técnicamente el criterio por el cual fue nominada la tecnología, para lo cual, tenemos un plazo de 45 días calendario prorrogable en un lapso de tiempo de 10 días. Para este análisis, se conforman equipos multidisciplinarios con los siguientes perfiles: epidemiólogos clínicos, expertos temáticos y químicos farmacéuticos.

En el proceso para la regulación del precio de los medicamentos, el Plan Nacional de Desarrollo estableció que el IETS sería la entidad encargada de realizar la evaluación del registro sanitario de los medicamentos y dispositivos médicos para que a partir de esa evaluación el Ministerio fije el precio, se espera que en mayo se regule el precio de 3000 medicamentos ¿Qué ha pasado con esa evaluación?

Lo que establece la ley es que una vez se haga la solicitud de ingreso de una nueva tecnología al país, de una manera simultánea y concurrente con el Invima, que es la agencia reguladora que da el registro, al mismo tiempo el IETS se encarga de hacer la evaluación de valor terapéutico.

Una vez evaluado ese valor terapéutico, si esta en las categorías de mucho más valor o igual valor, la agencia reguladora da un registro inicial, cuando se hace esa valoración, el producto entra en un proceso de mercadeo y posteriormente de difusión e implantación, entonces, nosotros trabajaremos para la agencia reguladora y para el Ministerio, haciendo la  evaluación de tecnología sanitaria que comprende: evaluación de efectividad y seguridad, evaluación económica y posiblemente la evaluación de impacto del presupuesto; como un insumo entre otros con los cuales el tomador de la decisión establecerá el precio.

¿El IETS ya viene adelantando el proceso de evaluación?

Tenemos un estudio piloto del cual esperamos tener una propuesta metodológica estandarizada que permita la articulación efectiva entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el IETS. Cabe resaltar, que esta metodología contempla la evaluación del valor terapéutico a partir del uso del análisis multicriterio. Esperamos que el estudio piloto finalice en el mes de agosto y a partir de allí se inicie su implementación.

El Ministerio tiene varios elementos para la fijación de precios, en referenciación regional, con la OCDE, compra centralizada, y las evaluaciones de tecnologías del IETS.

En este caso del Plan de Desarrollo, los insumos que nos pidan tampoco son vinculantes.

El IETS entre sus ramas de investigación tiene un centro para el análisis de impacto presupuestal ¿Cómo funciona y de qué manera interviene en la regulación del precio de algunas tecnologías o procedimientos?

Es otro análisis completamente técnico, con una metodología universalmente aceptada, teniendo en cuenta particularidades del contexto colombiano, y es también otro insumo técnico para la toma de decisiones.  Nosotros elaboramos procesos de evaluación económica con absoluto rigor técnico y con adiciones que nos permitan contextualizarlos en Colombia. Esos análisis los puede pedir tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto  al registro de medicamentos y dispositivos médicos de uso por fuera del registro sanitario (off label), que deben ser evaluados por el IETS para determinar un segundo uso.

En el proceso de medicamentos off label, se utiliza una metodología de referenciación internacional de agencias de vigilancia como la FDA y la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos y se identifican alarmas del uso de estas tecnologías en indicaciones no autorizadas por la entidad regulatoria y posteriormente se hace una clasificación de riesgo a partir de esas alarmas.

Trabajamos a solicitud de evaluaciones determinadas, no por nuestra propia iniciativa, es importante señalar que no hacemos evaluaciones para la industria farmacéutica ni para la industria de dispositivos.

 

Por:Laura Suárez

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