La crisis del sistema de salud escaló al Congreso y puso en el centro del debate la permanencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Un grupo de 23 congresistas radicó una moción de censura con la que busca sacarlo del cargo, al considerar que existen hechos graves relacionados con la conducción del sector y con la respuesta institucional frente a problemas que afectan a los pacientes.
La solicitud fue presentada ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes por la representante Jennifer Pedraza. En el documento, los firmantes sostienen que el ministro debe responder políticamente por el aumento de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos, las fallas en la dirección y control del sistema, así como por declaraciones públicas que desconocen la dignidad de víctimas de fallas en la atención en salud.
El documento advierte que “existen circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio y que ameritan el ejercicio del control político por parte de esta corporación”. Con esta radicación, la Cámara deberá fijar la fecha del debate en el que Guillermo Alfonso Jaramillo podrá defenderse de los señalamientos formulados por los congresistas.
La radicación abre un nuevo frente político en la Cámara
La proposición quedó en manos de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, que ahora deberá definir en los próximos días la fecha para la realización del debate de moción de censura. Ese será el escenario en el que el funcionario del Gobierno tendrá la posibilidad de responder a los cuestionamientos consignados en el documento.
La solicitud plantea que la crisis del sistema de atención de los colombianos tiene relación con fallas en la conducción del Ministerio de Salud. En esa línea, los congresistas firmantes consideran que el caso amerita un ejercicio de control político por parte de la corporación.
Los firmantes también sostienen que Guillermo Alfonso Jaramillo debe asumir su responsabilidad política por la crisis del sistema de salud y por las fallas que se presentan en la prestación del servicio a los usuarios. La permanencia del ministro en el cargo es presentada como insostenible frente al panorama que describe la proposición.
¿Qué argumentos expone la moción de censura contra Guillermo Alfonso Jaramillo?
Entre tanto, la moción de censura radicada ante la Cámara de Representantes centra sus cuestionamientos en varios hechos que, según los congresistas firmantes, comprometen la conducción del sistema de salud. En el documento, la solicitud expone los puntos que sustentan el trámite de control político contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y que, de acuerdo con los firmantes, explican la gravedad de la situación.
La solicitud se fundamenta en cuatro aspectos
- El aumento sostenido de tutelas por vulneración del derecho fundamental a la salud
- La crisis de acceso y continuidad en la entrega de medicamentos
- Las deficiencias en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud
- Las manifestaciones públicas del ministro que, según el documento, desconocen la dignidad de víctimas de fallas en el sistema
Entre los hechos citados por los congresistas aparece el caso de Kevin Acosta, paciente con hemofilia que falleció por cuenta de la falta de medicamentos. Ese episodio fue incluido dentro de los argumentos expuestos en la proposición radicada ante el Congreso.
En uno de los apartados del documento se afirma que “Los hechos descritos permiten concluir que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural que afecta la garantía del derecho fundamental a la salud. El incremento de tutelas, las alertas de la Defensoría del Pueblo y las denuncias por interrupción de tratamientos evidencian una falla en el funcionamiento ordinario del sistema”.
La Procuraduría documentó fallas en la entrega del medicamento de Kevin Acosta
Cabe mencionar que ante el caso de Kevin, la Procuraduría General de la Nación estableció que la falta de suministro oportuno de un medicamento para la hemofilia, indispensable para la supervivencia del menor Kevin Acosta, incidió en el deterioro de su estado de salud y en su posterior fallecimiento, ocurrido el 13 de febrero de 2026.
El informe revelado por el organismo determinó que la falta de suministro de Emicizumab habría puesto al niño en una situación clínica crítica. Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, debido a que Medicarte, la IPS que lo atendía, suspendió la entrega a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS. La Procuraduría también señaló que la IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos. Al momento de su fallecimiento, Kevin no estaba asignado a una IPS.
El organismo advirtió además que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, al no tener atención médica asegurada. Copia del informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el fallecimiento del menor. La Procuraduría, por su parte, abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.
El documento atribuye responsabilidad política al ministro
La proposición sostiene que el ministro, en su condición de cabeza del sector, tiene la obligación de dirigir, orientar y controlar el sistema para asegurar la protección efectiva de los derechos. En ese punto, el texto señala que las fallas estructurales y la falta de medidas correctivas comprometen su responsabilidad política.
Así lo expresa uno de los apartados citados por los congresistas firmantes. “El Ministro, como cabeza del sector, tiene la obligación constitucional y legal de dirigir, orientar y controlar el sistema para asegurar la protección efectiva de los derechos. La persistencia de fallas estructurales y la insuficiencia de medidas correctivas comprometen su responsabilidad política”.
“El aumento sostenido de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos y la insuficiencia de respuestas estructurales configuran un escenario de responsabilidad política por deficiencia en la conducción sectorial. La permanencia del Ministro en el cargo compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”, señala el documento.
Con este paso, el debate se traslada al escenario legislativo, donde la Cámara de Representantes deberá tramitar una solicitud que pone bajo revisión política la gestión del jefe de la cartera de Salud. El curso de este proceso marcará uno de los episodios más sensibles del control político sobre el sector en medio de un momento de alta tensión para el sistema.
