Tras el anuncio que hizo el Gobierno Nacional sobre el incremento de la UPC para el 2025, que será del 5.3%, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) junto con la Administración de los Recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) señalaron que en noviembre de 2024 se llevó a cabo un ejercicio de contrastación con el fin de analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Dicho análisis reveló inconsistencias significativas en los datos reportados pro las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con seris implicaciones tanto para la sostenibilidad como para la transparencia del sistema de salud. Entre los resultados identificados, se evidenció el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud.
- La atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023-
- Otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente.
- Incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).
Es clave mencionar que, según este estudio, los aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo periodo, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3.1% en el número de médicos generales y un incremento del 3.6% en la capacidad de consultorios de medicina general.
Por otra parte, el informe también enfatizó en la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país. Entre tanto, estos resultados no solo evidencian inconsistencias en los datos reportados, sino que platean interrogantes en los reportes de las EPS.
Este análisis a su vez detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos. En cuanto al reporte de medicamentos, este informe determinó que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).
Estas irregularidades en total han representado un gasto que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.
A estas inconsistencias se suma la falta de validación de datos reportados en procedimiento médicos. Particularmente, los precios superaron hasta 1.200$ los valores de referencia establecidos en algunos casos, lo que ha generado una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.
Minsalud: recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de salud
Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran la necesidad de realizar una depuración exhaustiva de los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), identificar y corregir inconsistencias, y validar la información mediante su cruce con bases externas, como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).
El informe también enfatizó la promoción del uso de medicamentos genéricos y biosimilares como una estrategia fundamental para lograr ahorros significativos en tratamientos de alto costo.
Adicionalmente, se instó a revisar las prácticas de contratación y los precios en servicios médicos y medicamentos, con el objetivo de prevenir distorsiones en los costos reportados y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos.
El Ministerio de Salud destacó que estas medidas son esenciales para asegurar una utilización eficiente y transparente de los recursos del sistema, priorizando las necesidades reales de la población. Según el informe, este ejercicio de contrastación realizado en 2024 representa un avance crucial para la mejora del sistema de salud y la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.
