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Médicos y trabajadores de la salud certificarán muertes naturales

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En la actualidad, las muertes por causas naturales son certificadas por funcionarios de policía judicial (CTI – Policía Nacional) o previa autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal; la Fiscalía y el Ministerio de Salud pusieron en marcha un mecanismo que permitirá agilizar este procedimiento, suscribieron la circular “Aplicación del Procedimiento para la Expedición de Certificados de Defunción por Muerte Natural”, que exige expedir los certificados de defunción de personas que fallecen por enfermedad natural y otras causas no relacionadas con hechos violentos.

La realización de la autopsia por parte de Medicina Legal y la intervención de la Policía Judicial serán excepcionales y únicamente procederán cuando se presente una de las siguientes causales:

  1. Homicidio o sospecha de homicidio.

  2. Suicidio o sospecha de suicidio.

  3. Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio.

  4. Muerte accidental o sospecha de la misma.

  5. Otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa o la autopsia sea necesaria para coadyuvar a la identificación de un cadáver cuando medie la solicitud de una autoridad competente.

También existen otras situaciones en las que se debe practicar de manera especial una autopsia médico legal:

  1. Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas.

  2. Las practicadas en casos de muertes en las cuales sospeche que han sido causadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo.

  3. Las realizadas cuando sospeche que la muerte ha sido causada por la utilización de agentes químicos o biológicos, drogas, medicamentos, productos de uso doméstico y similar.

  4. Las que se llevan a cabo en cuerpos de menores de edad cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por abandono o maltrato.

  5. Las que se realizan en casos de muerte de gestantes o del producto de la concepción cuando haya sospecha de aborto espontáneo.

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Con cada inspección a cadáver por muerte natural o estudio forense se genera una noticia criminal que representa costos administrativos para la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de la ocupación de personal, equipos y otros elementos necesarios para otras tareas de investigación.

En 2017, el Instituto de Medicina Legal practicó 28.410 necropsias médico – legales para determinar los mecanismos de muerte; 4.023 de los dictámenes, es decir el 14%, concluyeron que correspondían a situaciones naturales y de salud. Por estos hechos, la Fiscalía abrió 3.598 investigaciones por el posible delito de homicidio, pero fueron archivadas ante la certeza de que los decesos sucedieron por causas naturales.

En lo que va corrido de 2018, la caracterización de las muertes naturales pasó de 14% a 47%, para un total de 2.542 procesos que coparon la capacidad judicial y, finalmente, también fueron cerrados.

PROFESIONALES Y EPS

Los profesionales que incumplan esta disposición podrían enfrentarse a las sanciones de tipo disciplinario descritas en la ley y si la actuación trasciende a un delito, sería investigado por la Fiscalía.

La circular es clara en advertir que las EPS y las entidades territoriales deberán garantizar la aplicación de este procedimiento sin imponer cargas a los familiares o acudientes de los fallecidos.

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Ojo: Fiscalía Decomisa Suplementos deportivos para el crecimiento muscular

Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, incautaron de 163.730 productos fraudulento de nutrición deportiva anunciados en redes sociales.

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Aunque son múltiples las denuncias realizadas por falsificación de productos de nutrición deportiva que ofrecen milagrosas fórmulas para perder peso en menor tiempo y  aumentar la masa muscular, este mercado sigue en aumento, debido a la promoción y comercialización que diariamente se visualiza en la Internet, sin ningún tipo de control.

Es por ello, que la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, iniciaron acciones investigativas y operativas para poner freno a estos suplementos que ponen en riesgo la salud y vida de los sus consumidores en redes sociales.

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En consecuencia, como resultados de las investigaciones realizadas simultáneamente en Bogotá, Medellín y Cali, fueron capturados seis presuntos integrantes de una organización criminal señalada de ingresar de contrabando, falsificar y vender ilícitamente medicamentos, suplementos dietarios y anabólicos, entre otros productos.

Por consiguiente, durante los procedimientos judiciales los investigadores  incautaron de 163.730 complementos alimenticios, 40.000 adhesivos, 13 millones de pesos en efectivo, siete celulares, dos discos duros y tres computadores portátiles con información valiosa fueron puestos a disposición para el desarrollo de las indagaciones.

Falsificación de suplementos deportivos

Del mismo modo, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y la Agregaduría de Alemania en Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional detectaron las dos modalidades utilizadas por la red criminal para incrementar sus ganancias con la comercialización de suplementos de los que se desconocen su verdadera composición y efectos para la salud.

Modalidades delictivas

Inicialmente, se estableció que suplementos de origen estadounidense y medicamentos procedentes de China e India, cuyos envíos hacían escala en Alemania, presuntamente llegaban al país mediante la modalidad de tráfico postal y simulando ser muestras farmacéuticas o frascos de vidrio vacíos.

La organización transnacional, según la información financiera analizada, habría ingresado al país en el último año y medio cerca de 150 millones de unidades de medicamentos y productos, cuyo valor ascendería a 1.200 millones de pesos.

La segunda modalidad ilegal estaría asociada con la falsificación de suplementos reconocidos. Al parecer, químicos usados para la industria agropecuaria eran mezclados con otras sustancias, empacados o envasados; y rotulados con adhesivos de marcas y laboratorios reconocidos a nivel internacional.

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Material encontrado

De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, la mercancía de contrabando o alterada era vendida por los presuntos integrantes de la estructura criminal a través de páginas web y grupos creados en las redes sociales.

Hasta el momento se ha podido establecer que la mayoría de los productos vinculados a este mercado ilegal son cápsulas, granulados, líquidos o sueros ofrecidos para supuestamente eliminar la grasa corporal, optimizar la tonificación sin perder músculo, aumentar la fuerza y potencia durante los entrenamientos, controlar los niveles de testosterona, incrementar el tono muscular, y reforzar las fuentes de vitaminas, proteínas y carbohidratos, entre otros aparentes beneficios.

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OPS pide a donantes 3,5 millones de dólares para respuesta humanitaria en salud en Las Bahamas

La OPS solicitó a los donantes un monto inicial de 3,5 millones de dólares para cubrir la atención médica a corto plazo y otras necesidades de la población de Las Bahamas afectada por el huracán Dorian.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó a los donantes un monto inicial de 3,5 millones de dólares para cubrir la atención médica a corto plazo y otras necesidades de la población de Las Bahamas afectada por el huracán Dorian.

La devastadora tormenta de categoría 5 tocó tierra hace una semana en el noroeste de Las Bahamas.

El fenómeno natural afectó al sector salud de las islas Abaco y Gran Bahama, con una destrucción significativa de equipos, suministros médicos y de agua.

La tormenta afectó a unas 73.000 personas, y hay cientos de personas en refugios en la zona del desastre y en Nassau.

Nassau es la capital de la isla de New Providence que concentra el 75% de la población del archipiélago y no fue afectada por Dorian.

Si bien hasta el momento se reportan 43 muertes, se espera que el número de víctimas fatales aumente cuando avancen operaciones de búsqueda y rescate.

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El doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, indicó que el manejo de los desechos y el control de los vectores que causan enfermedades, como los mosquitos, es clave, junto con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y el manejo oportuno de brotes de enfermedades.

“nuestras preocupaciones prioritarias son restablecer el acceso a servicios de salud esenciales y la prestación continua de atención médica, garantizar la calidad del agua en las comunidades afectadas y en los centros de salud, y restaurar la higiene y el saneamiento adecuados”.

director de emergencias de la ops

Las necesidades en Las Bahamas

Los 3,5 millones de dólares solicitados por la OPS son una estimación preliminar para cubrir las necesidades de atención médica, agua y saneamiento, vigilancia epidemiológica y control de vectores a corto plazo en las islas de Las Bahamas más afectadas por el huracán Dorian durante los próximos seis meses.

Es probable que esas necesidades aumenten a medida que se completen las evaluaciones de daños, precisó Ugarte.

La OPS activó sus equipos de emergencia y desplegó expertos de su Equipo de Respuesta Rápida en Las Bahamas antes del huracán para apoyar y coordinar la respuesta humanitaria junto con las autoridades nacionales de salud.

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Hasta el momento, 14 expertos de la OPS se encuentran en la zona de desastre para proporcionar apoyo en logística, coordinación civil y militar, gestión de la información, vigilancia epidemiológica, comunicaciones y coordinación.

Las solicitudes de financiamiento incluyen_

  • 1,3 millones de dólares para restaurar la prestación de atención médica en las áreas afectadas
  • 500.000 dólares para vigilancia con el fin de detectar y manejar brotes de enfermedades
  • 800.000 dólares para acceso seguro al agua, saneamiento de emergencia y control de vectores de enfermedades
  • 671.000 dólares para manejo de información, coordinación de asistencia humanitaria y para abordar las necesidades más urgentes.
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Más de 3.000 personas con discapacidad trabajan con el Estado

Con la vinculación de 3.008 personas con discapacidad al personal de sus entidades, el Gobierno busca cumplir el Decreto 2011 de 2017.

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Con la vinculación de 3.008 personas con discapacidad a las plantas de personal de sus entidades, la administración pública avanza en el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017.

La norma establece que para el 31 de diciembre de este año, al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad.

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Si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.

Se destaca, igualmente, el crecimiento registrado en el número de entidades que reportan tener vinculadas a personas con discapacidad, que pasaron de 441 a 517 en todo el país, lo que representa un aumento del 17%.

Las cifras de inclusión

De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), del total de personas vinculadas, 1.529 laboran para entidades del orden nacional y 1.479 pertenecen al orden territorial.

Entre las entidades del orden nacional que presentan los más altos índices de vinculación se destacan la Fiscalía General de la Nación, el Icbf, el Inpec, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Dian, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el ICA.

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Mientras tanto, el balance del orden territorial destaca a Bogotá y a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, Bolívar y Atlántico como las regiones con el mayor número de entidades que cumplen la norma.

Caracterización de los servidores públicos con discapacidad

De acuerdo con cifras entregadas por el Sigep, los hombres representan el 52% y las mujeres el 48% del total de personas con discapacidad en el servicio público, cuya mayoría está en el rango de los 50 a los 62 años, con un 54%.

En cuanto al tipo de vinculación de estos servidores públicos, el 46,4% hace parte de la carrera administrativa.

El 40,1% tiene nombramiento provisional; el 10% es de libre nombramiento y remoción y el 1,4% son trabajadores oficiales.

La discapacidad más frecuente entre este grupo de servidores públicos es la física con 42,9%; a continuación están la visual, con 36,7%, y auditiva, con 12,5%.

Cierran este listado la discapacidad psicosocial, con 4,1%; la múltiple, con 2,8% y la intelectual, con 1,0%.

Es de resaltar los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en que el 27,7% cuenta con estudios profesionales.

Además, el 23,5%  presenta una especialización, el 3,9% acredita maestría y el 0,1% doctorado.

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