La Revista Panamericana de la Salud ha publicado una investigación que resulta alarmante para América Latina, ya que sus resultados evidencian que los fármacos de baja calidad, irregulares o falsificados son los que dominan el mercado. Las consecuencias no solo se evidencian en el plano económico. La salud de los habitantes de la región está expuesta a mayores complicaciones al seguir tratamientos con este tipo de medicinas.
En el artículo publicado, sus autores mencionan que se realizó una búsqueda exhaustiva en las páginas web de las autoridades regulatorias de cada país, identificando todos los incidentes elegibles durante 2017-2018. Dentro de las variables consideradas en este análisis, se consideraron las siguientes: país, año, tipo de incidente, grupo terapéutico, cadena de suministro, medidas reglamentarias y datos de laboratorio.
En total, se evidenciaron 596 incidentes en 13 países. Las anormalidades encontradas en los medicamentos se clasificaron de la siguiente forma: 236 de baja calidad, 239 falsificados, 116 no registrados y 5 robados. La categorías con mayor número de estos incidentes son antiinfecciosos, medicamentos para el dolor/cuidados paliativos, hormonas/contraceptivos, medicamentos para las vías respiratorias y medicamentos para trastornos mentales/de comportamiento, entre otros. En total, los medicamentos antiinfecciosos representan el 41% de fármacos asociados a estos reportes. Le siguen los medicamentos para las vías respiratorias, medicinas para los trastornos de conducta y medicamentos para enfermedades gastrointestinales.
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Estos medicamentos contribuyen a la resistencia antimicrobiana
Para el grupo de investigadores, estos hallazgos alertan sobre posibles complicaciones para la población general. Particularmente, en sus páginas advierten sobre el desarrollo de nuevos problemas de salud pública derivados de la resistencia microbiana y la percepción negativa de los pacientes sobre las autoridades sanitarias de cada país. Sobre este último aspecto, se pide tener en cuenta el impacto en el plano socioeconómico y que también afectaría a otros programas de salud pública.
Había una tendencia a no comunicar datos sobre las diferentes etapas de la cadena de suministro en las que se habían detectado incidentes. De los 596 incidentes aptos para el análisis, el 54,8% (N=327) no tenía información al respecto, se puede leer en la publicación. Adicionalmente, los países de la región con mayor número de irregularidades -dentro de los años revisados- fueron Perú (31%), Brasil (28%), y Chile y Colombia (10%). El análisis también incluyó a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Venezuela.
Dentro de las observaciones, en el análisis se destaca que los países también utilizaron con frecuencia medidas como el retiro/recuperación de los productos afectados, la incautación/confiscación, la prohibición de la comercialización, la prohibición de la distribución y la prohibición del uso.
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Brasil y Colombia fueron los únicos países que utilizaron sistemáticamente por lo menos ocho de los diez tipos principales de medidas. De acuerdo con la información disponible, Brasil fue el único país de la región que aplicó la prohibición de la publicidad, Colombia fue el único que solicitó a los interesados locales que vigilaran los acontecimientos adversos posteriores al uso de los productos afectados (farmacovigilancia). Por último, Brasil, Colombia y Perú fueron los países en los que se ordenó específicamente la destrucción de los productos afectados.
Adicionalmente, los investigadores resaltan que, debido al número de participantes en las cadenas de suministro, hacen a los medicamentos más vulnerables a situaciones o amenazas que influyen negativamente en su calidad, seguridad y eficacia. La detección fue más común en las tiendas/drogas/mercados, farmacias y hospitales/clínicas. En estos tres tipos de instalaciones, que representan el 78,1% de todas las detecciones documentadas, los medicamentos estaban listos para ser vendidos, dispensados o administrados a los pacientes.
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