Por: María Mónica Meza Herazo
Directora de proyectos Corporativos
González Páez Abogados S.A.S.
En la actualidad, Colombia atraviesa por momentos muy álgidos en la prestación del servicio de salud, sin duda alguna, este sector ha sido muy afectado a raíz de múltiples problemas que a lo largo de los años se han intensificado, y el año 2023 no ha sido la excepción. Uno de los eventos que ha tenido un impacto importante es la reciente y en trámite reforma a la salud, la cual ha generado confusión e incertidumbre en el gremio. En este sentido, a través de este escrito se mencionarán las dificultades que, hoy por hoy, enfrentan las instituciones de servicio de salud (IPS) y se manifestará la necesidad de la intervención jurídica responsable y especializada en el sector salud para afrontar los riesgos legales a los cuales están expuestas.
El problema principal se debe abordar a partir de la situación financiera de las Instituciones prestadoras de salud en razón a la numerosa liquidación de Entidades Promotoras de Salud-EPS, y con ello a las acreencias no pagadas por el servicio de salud prestado, generadas por el no reclamo o reclamo extemporáneo de carteras vencidas y, si se realizaron en tiempo, por diversas razones endilgadas a la no existencia de recursos para pago, ocasionando un claro detrimento económico a las IPS.
A partir de lo mencionado con antelación, se generan otras consecuencias subyacentes del problema financiero, así como la falta de pago de las acreencias laborales del talento Humano en Salud por parte de las IPS, y que consecuencialmente genera litigios de índole laboral, con el correspondiente costo de sanciones moratorias, intereses y demás cargas asociadas al incumplimiento contractual.
En cuanto a la prestación de los servicios de salud se presentan otros incidentes relacionados con el vínculo entre médicos y pacientes, así como el riesgo de responsabilidad patrimonial que implica para la institución el reparar posibles perjuicios derivados de casos de responsabilidad médica, en ocasión a ausencia o una equivocada aplicación del acto médico, la no realización de procedimientos claros de consentimiento informado o registros de historias clínicas, la no constitución de pólizas adecuadas, o el desconocimiento de su trámite ante un reclamo, entre otros, razones que jurídicamente pueden ser prevenibles y que deben ser abordados por jurídicos especializados en el tema.
Así mismo, se debe mencionar que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) están sujetas a investigaciones y procesos administrativos sancionatorios como resultado de acciones de inspección, vigilancia y control de los distintos entes que regulan el cumplimiento de las prerrogativas establecidas aplicadas sector salud, procesos que se originan por deficiencias o inadecuada interpretación en el cumplimiento de obligaciones normativas por parte de los prestadores de servicios, lo que conlleva a las IPS a enfrentar diversas consecuencias legales y administrativas tales como el cierre de los servicios de salud e imposición de multas, debido a deficiencias en el cumplimiento de las condiciones de habilitación y del sistema obligatorio de garantía de la calidad (SOGC), así las cosas, es necesario el acompañamiento jurídico frente a estos procesos desde los aspectos preventivos.
Ante estos múltiples riesgos legales a los que se enfrentan las instituciones prestadoras de servicios de salud, es necesario llevar a cabo un análisis jurídico integral de sus procesos dentro de un marco de gerencia de los procesos misionales, minimizando los riesgos de la entidad en aras de mejorar los resultados organizacionales, debido a que una intervención jurídica inadecuada y la falta de medición de los niveles de desempeño pueden ocasionar la pérdida de recursos financieros, afectando la reputación de la institución y comprometiendo la responsabilidad tanto de la entidad como de sus representantes.
Es por ello, que resulta imprescindible conocer la importancia de una intervención jurídica responsable, en virtud de que las instituciones y sus líderes podrán reducir los factores de riesgo a los que están expuestos y mejorar los resultados de sus procesos fundamentales, tomando medidas legales adecuadas para proteger la organización y sus líderes, lo que conducirá a un mejor desempeño en el cumplimiento de la misión institucional.
En síntesis, si bien es cierto, las instituciones prestadoras de servicios de salud han sido víctimas de los procesos de liquidación de las EPS, lo cual ha ocasionado un detrimento financiero esto solo es la punta del iceberg, dado que frente a todos los riesgos legales a las que están expuestas las IPS, es imprescindible una intervención jurídica interdisciplinaria y especializada en el sector salud, a fin de abordar riesgos legales que son el diario de una IPS, en procura de generar una protección jurídica especializada y que se realice una representación jurídica en los distintos procesos o litigios en donde la IPS sea parte, buscando políticas de minimización de los mismos.
