El jueves 11 de abril, la Contraloría se reunió con representantes de la EPS, con el fin de aclarar el supuesto desvío de $9 billones, información que se divulgó con la filtración de un documento preliminar. Al finalizar el encuentro, Ana María Vesga, presidente de ACEMI expresó que “la discusión está en la forma en cómo se clasificó, probablemente se agregó para los números que ellos presentaron. Tenemos diferencias en los conceptos bajo los cuales se han clasificado las cuentas”.
A su vez, el gremio de las EPS radicó un documento ante el ente gubernamental sobre las inconsistencias de los datos difundidos, presentados en formato PowerPoint sin un soporte escrito que lo respalde. “En el momento de su divulgación antes las autoridades, las EPS auditadas no habían dado respuesta a los presuntos hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República (CGR) y estaba cursando el plazo para que, en ejercicio de su derecho a la réplica, sustentaran sus cifras ante el ente de control”.
ACEMI también encontró que se utilizó un recurso carente de vigencia en la actualidad. Se trata del Plan Único de Cuentas, un mecanismo que no pasó de ser un proyecto de resolución que se remonta a 2016. “Dicho plan de cuentas nunca fue expedido, ni sigue la clasificación contable vigente en la actualidad, que sirve de guía para que las EPS realicen el reporte de sus estados financieros a la Superintendencia Nacional de Salud”.
En la revisión del documento preliminar, se evidenció que a Contraloría General de la República (CGR) no empleó el catálogo de cuentas actualmente en vigor. Además, no notificó a las EPS acerca de la versión del Plan Único de Cuentas (PUC) que estaba utilizando para esta fiscalización. En esa medida, las entidades del aseguramiento proporcionaron la información solicitada conforme al plan de cuentas que está vigente y que habitualmente utilizan en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud.
Los hallazgos de la revisión de ACEMI al informe de la Contraloría
“Adicional a lo anterior, los valores reportados en la presentación de PowerPoint por la CGR no coinciden con los valores contenidos en las comunicaciones enviadas a cada una de las EPS para ejercer el derecho a la contradicción y defensa”, manifiesta ACEMI en el comunicado enviado.
En un análisis realizado a cinco EPS específicas (Salud Total, SOS, Sura, Aliansalud y Coosalud), se observan diferencias significativas. Lógicamente, los conceptos y las cifras relacionadas con posibles hallazgos fiscales deberían ser consistentes entre los documentos. Por ejemplo, en la presentación de PowerPoint, Sura se reportó con un total de $691 mil millones, mientras que en los cálculos detallados del requerimiento, la cifra resultante fue de $305 mil millones.
Además, se notan discrepancias en la mayoría de los conceptos entre la presentación en PowerPoint y las cartas enviadas a las EPS para ejercer su derecho a la contradicción. Esto significa que los documentos enviados a las EPS no coinciden en cuanto a los montos ni los conceptos que se presentan como posibles hallazgos de la Contraloría. Asimismo, falta un anexo técnico que clarifique la relación entre estos elementos.
Y hay más inconsistencias según ACEMI:
- La recopilación de la información tardó dos meses, en el periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 4 de abril de 2024. Se hizo acopio de las siguientes bases de datos: Giros UPC y Presupuestos Máximos (ADRES), Estados Financieros, detalle cuentas por cobrar, cuentas por pagar y costo, pago y gasto (Supersalud), Estados Financieros EPS (DIAN), Plan Único de cuentas y listados de contratación (EPS), Registro Único Empresarial (Confecámaras), Reportes de información sospechosa (UIAF), contratos, cuentas por pagar, actas y pago de dividendos (EPS), información exógena (DIAN) e informes de visitas de IVC (Supersalud). Se desconoce el uso dado a este conjunto de información.
- Se desconoce la metodología usada y las cuentas contables afectadas para calcular las supuestas utilidades operacionales, que según la presentación ascienden a cerca de $11.6 billones de pesos del periodo 2020-2022.
En 2020, la frecuencia de uso de servicios de salud disminuyó un 15.5%, mientras que la severidad de los servicios aumentó un 17.5%, resultando en un cambio mínimo del gasto por persona de solo 0.5%. En 2021, la frecuencia aumentó un 20.8% y el costo medio disminuyó un 4.7%, elevando el gasto per cápita en un 15.2%. Para 2022, tanto la frecuencia como el costo medio subieron un 6.9% y un 6.3% respectivamente, lo que llevó a un aumento del 13.7% en el gasto per cápita. En resumen, el gasto por persona se estancó en 2020, pero aumentó significativamente en 2021 y 2022 tras la crisis sanitaria, explica ACEMI en el documento radicado.
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