El Ministerio de salud y Protección Social, publicó el proyecto de resolución mediante el cual adopta el instrumento para que las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, reporten los servicios y tecnologías en salud financiados con la UPC que sean negados, así como de aquellos que pese a ser autorizados, no sean suministrados en forma oportuna.

También puede leer: enfermedad del sueño: OMS busca su erradicación para el 2020

Plataforma para el reporte de la información

En primer lugar, el proyecto de acto administrativo indica que serán las  Entidades Promotoras de Salud – EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado,  las organizaciones de economía solidaria que se encuentran autorizadas para operar el aseguramiento en salud,  las cajas de compensación familiar que operen en los dos regímenes y las entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, quienes reporten a Minsalud por  intermedio de la Plataforma de Intercambio de información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la protección social (SISPRO) la información sobre servicios negados.

Periodicidad y plazo para el reporte de la información

Cabe aclarar que el plazo estimado para que  las entidades señaladas reporten  la información sobre servicios negados, de forma mensual, se realizará  dentro de los primeros quince (15) días calendario del siguiente mes. Por tanto, Indica el documento que de no reportarse la información en los plazos establecidos, se informará y notificará la novedad a  la Superintendencia Nacional de Salud.

Reporte y plazo

Asimismo, el documento indica un cambio el artículo 6 de la Resolución 256 de 2016, el cual quedará, de la siguiente manera:

Artículo 6. Período de reporte y plazos para el envío de la información. Las entidades obligadas a remitir la información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 256 de 2016, deberán reportarla a través de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social —SISPRO de este Ministerio, de forma mensual. La información correspondiente al mes inmediatamente anterior, se reportará dentro de los primeros quince (15) días calendario del siguiente mes.

Vencido los plazos anteriores sin que se allegue dicha información, la correspondiente novedad se reportará a la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia”.

Documento adjunto

El ente regulador del sistema de salud y protección social, plantea un proyecto de resolución, mediante el cual se avale la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en casos despenalizados por la sentencia C-355 de 2006.

Que dice la Sentencia C-355 de 2006

Dicha sentencia emitida en el año 2006 por la Corte Constitucional, dictaminó los principios legales para la despenalización del aborto, con motivo de alguna de las siguientes tres circunstancias.

1. Situación que la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico, o por un profesional de la psicología, según las exigencias dictadas por la Corte.
2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
3. En caso de que el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Obligaciones del Estado

Así mismo, a través del documento emitido por la alta Corte, se hace distinción entre lo que se refiere a la vida como un bien cobijado por un derecho protegido constitucionalmente, y la vida como derecho subjetivo de carácter fundamental.

De tal forma que, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas dando las garantías legalmente constituidas para el digno desarrollo de la vida humana y que, en una contraposición, se restringe las facultades del ente regulador, puesto que se afirma que el derecho a la vida limita la decisión de la persona, debido a que la condición misma del nasciturus, (persona a nacer) no tiene la misma importancia de protección que se debe dar a la persona gestante.

En este sentido, la Corte interpone que es una prohibición genérica y total sobre el aborto sin tener en cuentas las tres circunstancias antes mencionadas, además de contemplar la violación a derechos fundamentales como derecho a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad personal y la autodeterminación reproductiva.

12 años sin un acceso claro a este derecho por parte de las mujeres

A pesar de que han pasado más de 12 años de emitida la sentencia, la realidad es que las mujeres se han tenido que enfrentar a una serie de fuertes desafíos para la solicitud con protocolos debidamente otorgados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo cual trae un conjunto de repercusiones que atentan contra su salud.

Por tal motivo, se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, emitir una regulación que busque garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en los casos despenalizados por la sentencia C-355 de 2006, y que dicho cumplimiento se debe dar a conocer a todas las EPS e IPS del país, así como se deben acoger a las sanciones impuestas por incumplimiento.

Aplicación de la resolución

Lo dictado en el documento de la regulación deberá ser adoptado por la Superintendencia Nacional de Salud, Entidades Territoriales, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB-, los prestadores de salud y demás entidades que sean responsables de diagnósticos, tratamientos, y otras acciones con competencia en el sector salud y que sean acogidas por el marco de la atención integral en salud según la política sectorial vigente y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal.

¿Quiénes son titulares de la resolución?

La resolución ampara a toda persona en calidad de gestante, sin importar rango de edad, distinción de género, religión, pertenencia étnica, posición política o filosófica o condición de discapacidad.

IVE para personas extranjeras, refugiadas y migrantes

Además, las personas extranjeras, refugiadas o en condición de migrantes, que se encuentren inmersas dentro de los suscrito por la sentencia C-355 de 2006, pueden hacer uso de la regulación de la – IVE con las debidas atenciones de salud; sin embargo, no tienen posibilidad de afiliarse al régimen subsidiado o contributivo de salud; con acceso a la IVE, se consideran prioritarias y de atención inmediata, por tanto, son atendidas por cada ente territorial.

Vale aclarar que, la prestación de los servicios de salud tipo IVE, se deben reportar por medio del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), el cual se constituye en orden de las Resoluciones 3374 de 2000 y 652 de 2016, las cuales fueron impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

También puede leer: Fundación Cardio Infantil 1er Hospital de Colombia y 3er en Latinoamérica

Las observaciones pertinentes a este proyecto de resolución, serán recibidas hasta el día 24 de octubre del presente año, en la dirección de correo electrónica [email protected].

CONSULTORSALUD conoció que a través de la resolución 8929 de 2019, la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de Salud, Emdisalud E.S.S. EPS-S, será liquidada totalmente, esto debido a las innumerables quejas e irregularidades en la prestación de los servicios de salud.

También puede leer: Cruz Blanca EPS sale del sistema

Se trata de la segunda intervención que ordena el superintendente de Salud en menos de una semana. De acuerdo a los argumentos expuestos por la entidad, desde el 2013 la situación financiera de está EPS ya se venía deteriorando. En este año, se encontraba bajo medida de vigilancia especial y su intervención se había prorrogado por acuerdos presentados con la Superintendencia de Salud para que la EPS subsanará y optimizará  las operaciones derivadas del aseguramiento en salud.

A la EPS Emdisalud se le dieron plazos para que llevara a cabo planes de mejora que solventaran y corrigieran las desviaciones que se están presentando en el sector salud, asimismo, mitigara los riesgos financieros que estaba atravesando y pudiera finalmente  cubrir  obligaciones con terceros, conllevando a que la entidad en un menor tiempo mantuviera el punto de equilibrio.

Sin embargo, según el análisis presentado por la superintendencia Delegada de Medidas Especiales la situación financiera de la EPS presentaba deterioro año tras año, y sus pasivos eran superiores al activo en casi 5 veces.

“La situación financiera se ha venido deteriorando debido a que los pasivos de la entidad estaban aumentado significativamente, afectando la operación corriente y dando origen al desmejoramiento del patrimonio”. Indica el documento.

Lo que permite inferir que los indicadores de siniestralidad PBS a corte de marzo de 2019 fueron de 100,32%, siendo esta elevada, y reflejando las debilidades de la entidad en términos de contención del costo y optimización de ingreso por concepto de UPC, para corte a junio de este mismo año,  sus activos fueron de $96.000 millones, sus pasivos $503.000 millones y adicionalmente presentaba patrimonio negativo de $-402.491 millones de pesos.

También puede leer: ¿será posible pensionarse en Colombia?

Situación que demuestra que la gestión administrativa en el manejo de los recursos de salud de Emdisalud han sido deficientes, generando un riesgo en el aseguramiento y en la gestión en salud de la población afiliada.

Concentración de Anticipos

El 40% de los Anticipos eran de ($21.415 millones) y estaban concentrados en 24 Prestadores de Servicios de Salud, los cuales se relacionan así:

Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias (PQRD)

De otra parte, de acuerdo con denuncias conocidas y publicadas por CONSULTORSALUD, a la fecha Emdisalud tiene un promedio acumulado para el trimestre de 2019 de 49,56%  de  quejas por los incumplimientos en la cobertura de la prestación de sus servicios para baja y alta complejidad, en 2018 su reporte fue de 42,91% y según la Supersalud el estándar debe estar por debajo de 33,52%.

En tal sentido, entre las faltas que logró identificar la Supersalud están:

En lo técnico-científico

La cobertura de servicios de baja y alta complejidad  en el territorio nacional es insuficiente, hechos que ponen en riesgo la vida y la salud de los  afiliados. 

Por ejemplo, a marzo de 2019, en cobertura de servicios básicos como atención en medicina general, promoción y prevención, consulta odontológica y laboratorio clínico no superan el 53%. Las unidades de cuidados intensivos para adultos solo alcanzan una cobertura del 61% y de solo el 23% en UCI pediátrica y neonatal. 

Población Materna

La población materna (de alta vulnerabilidad en salud) no tiene la garantía de la prestación de los servicios.  La cobertura en el territorio nacional para la atención en oncología, hematología, quimioterapia y radioterapia es del 0%, y, entre muchos otros aspectos, tampoco cumple con la entrega completa y oportuna de los medicamentos. 

Desviación de indicadores en Enfermedad Renal Crónica

De igual manera, los hallazgos descritos en el documento muestran que Emdisalud presentaba desviación de los indicadores de seguimiento a Enfermedad Renal Crónica ERC de: Porcentaje de captación de hipertensión arterial (HTA) en personas de 18 a 69 años en régimen subsidiado 9.93%; porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado 18.70%”

En la respuesta emitida por la EPS indica que el número de pacientes a captaren el mes de enero es de 4897, lo cual difiere del resultado del hallazgo, siendo el valor real 1.200/0 de captación de
pacientes hipertensos de 18-69 años.

Experiencia de la Atención

Frente a esta evaluación de comportamiento, los indicadores de experiencia en la atención durante el año 2018 y el primer trimestre de 2019, en el promedio acumulado se puede evidenciar que la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud “EMDISALUD”, para diciembre de 2018 presento incumplimiento en 6 de los 16 indicadores objeto de seguimiento al plan de acción, los cuales no lograron durante el año 2018 cumplir con la meta establecida.

En lo financiero

Emdisalud no cumple con los parámetros de solvencia y liquidez. Tras 23 años de funcionamiento en el régimen subsidiado y 18 en el régimen contributivo, la EPS enfrenta más de 606 procesos judiciales, por ineficiencia en el pago de indemnizaciones, de perjuicios por incumplimientos de acuerdos de paso y demoras en pagos de facturación.

Esta entidad de salud opera en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander y Sucre y de acuerdo al reporte de sus deudas, hasta marzo de este año tenía pendiente más de 50 cuentas por pagar, siendo Córdoba, donde se encuentra la base de su administración, en donde más deben.

También puede leer: llegó el reglamento del MAITE – resolución 2626 de 2019

Parte de tranquilidad a los afiliados

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud, da un parte de tranquilidad a los afiliados a Emdisalud quienes según asegura la entidad, no se verán afectados con la medida. En consecuencia en los próximos días el Ministerio de Salud publicará el listado de las EPS que recibirán a los usuarios a partir del 1 de noviembre, prestadoras sobre las que la Supersalud no tiene medida de vigilancia especial alguna.

A ningún usuario se le interrumpirá el servicio. Emdisalud deberá garantizar la atención con normalidad hasta el 31 de octubre y desde el día siguiente, 1 de noviembre las EPS receptoras se harán cargo de los afiliados. 

Documentos adjuntos