FOMAG denuncia ante la Fiscalía presuntas irregularidades en pagos de la prima de mitad de año

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Un ajuste de interpretación jurídica emitido en agosto de 2025 y la verificación de pagos de 2024–2025 encendieron alertas en el Fondo del Magisterio. El caso fue trasladado al ámbito judicial para determinar eventuales responsabilidades.

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En el sistema prestacional del magisterio, la trazabilidad de los pagos y el control de los recursos públicos son determinantes para sostener el reconocimiento de prestaciones económicas. En ese contexto, la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en funciones desde noviembre de 2025 bajo la dirección de Herman Bayona Abello, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con pagos de la prima de mitad de año.

El Fondo indicó que la revisión se enfocó en el reconocimiento y desembolso de prestaciones económicas y que fue un ejercicio interno de verificación sobre el manejo de recursos públicos que financian las prestaciones de los docentes, con el propósito de preservar la sostenibilidad del sistema. Los hallazgos se refieren a la prima prevista en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

¿Qué arrojó la revisión del FOMAG sobre la prima de mitad de año?

Según lo reportado por el Fondo, entre 2024 y 2025 se realizaron 42.400 pagos por este concepto, por un total de $458.799 millones. Solo en 2024, el desembolso informado fue de aproximadamente $165.504 millones. En el período revisado, el FOMAG señaló que identificó presuntas irregularidades por $260.437 millones, equivalentes al 56,8% del total pagado.

Uno de los puntos resaltados por la entidad fue la identificación de 4.405 pagos efectuados a personas que, de acuerdo con el Fondo, ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho. El valor asociado a estos pagos supera los $83.082 millones. El FOMAG también recordó que su defensa judicial había registrado históricamente una tasa de éxito superior al 97% en este tipo de procesos.

Adicionalmente, indicó que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que cambió la interpretación aplicada sobre esta prima, sin que existiera, según el Fondo, una reforma legal o una sentencia de unificación que modificara la línea jurisprudencial consolidada.

Pagos cuestionados por $260.437 millones en un universo de 42.400 giros

En la caracterización de las presuntas inconsistencias, el Fondo enumeró situaciones identificadas durante la revisión, entre ellas:

  • Pagos a personas con pensión gracia o doble pensión.
  • Beneficiarios vinculados por fuera del rango legal establecido.
  • Casos en los que la pensión se habría adquirido por fuera de límites constitucionales aplicables.
  • Mesadas por encima de los topes permitidos.
  • Registros en los que los beneficiarios no estaban inscritos por defunción.

El FOMAG enmarcó estos hallazgos como parte de un ejercicio institucional orientado a reforzar controles y a mantener claridad jurídica en el reconocimiento y pago de prestaciones.

Entrega de base de datos de más de 9.000 docentes fue objeto de análisis

En el mismo proceso, el Fondo reportó que identificó indicios sobre la promoción de demandas por parte de algunas firmas de abogados sin el cumplimiento de requisitos legales, lo que según la entidad podría exponer a docentes a riesgos jurídicos y costos innecesarios.

Sobre este frente, informó que fue materia de análisis la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes al abogado Yobany Alberto López Quintero.

De acuerdo con el Fondo, la denuncia presentada ante la Fiscalía incluye al abogado mencionado y a las personas que habrían autorizado y ejecutado los pagos cuestionados. La entidad subrayó que será la autoridad competente la que determine la eventual existencia de conductas punibles.

El vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona Abello, sostuvo que la actuación busca proteger al magisterio y asegurar transparencia en el manejo de recursos. “El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos. Por el contrario, nuestro deber es proteger a los maestros y maestras del país, evitar que sean inducidos a errores o a procesos que puedan generarles perjuicios económicos y jurídicos, y garantizar que los recursos del Fondo se manejen con total transparencia. Defender el sistema es defender a quienes dependen de él”.

Entre tanto el FOMAG reiteró que este ejercicio está orientado a fortalecer controles, precisar criterios jurídicos y proteger la estabilidad financiera del sistema prestacional de los maestros y maestras del país. En adelante, el curso de este caso quedará atado a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y a los ajustes de control interno que el FOMAG implemente sobre el reconocimiento y pago de prestaciones del magisterio, incluido el trámite de la prima de mitad de año.

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