En días pasados, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con el comité ejecutivo de FECODE para revisar aspectos concernientes al régimen de salud de los maestros; cuyos mecanismos diferenciales hacen parte de los beneficios para este grupo de profesionales y sus familias. Sin embargo, los resultados del encuentro no fueron los esperados: Petro manifestó la intención de cancelar la contratación de las entidades que se vincularían al FOMAG.
El proceso, que tiene como fecha límite el 31 de octubre, elige a las entidades y proveedores de servicios de salud y aborda la gestión de riesgos en salud, operativos y financieros. Sin embargo, como se ha dado a conocer en otros medios de comunicación, las propuestas del gobierno nacional tendrían otros propósitos: aparentemente, se buscaría que los fondos de las cesantías de los profesores se transfieran al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y que las pensiones queden bajo la supervisión de Colpensiones.
En otras palabras: el FOMAG ya no estaría a cargo de los recursos relacionados con la salud, las pensiones y las cesantías de los educadores colombianos, lo que en la práctica conduciría a la eliminación del régimen especial para los maestros.
Ante esta posibilidad, el sindicato del Magisterio envió una carta al presidente Petro, en la que hacen severos cuestionamientos y objeciones. “El Gobierno del Cambio se comprometió a conservar nuestro régimen especial de salud establecido en la Ley 91 de 1989, situación que hoy está en riesgo ante la intención de derogar dicha Ley”, señala FECODE.
Asimismo, solicitan a la Fiduprevisora a dar continuidad a la licitación, manteniendo los tiempos acordados. En ese sentido, “por ninguna razón habrá nuevas prórrogas de los actuales contratos, acuerdos que son ley para todas las partes”; sin embargo, en caso de incumplimiento, FECODE considerará como responsable directa a la entidad, al Vicepresidente (e) del FOMAG y al gobierno nacional de vulnerar el derecho a la salud de los maestros, y familiares, especialmente de aquellos con enfermedades catastróficos o pacientes de alta complejidad.
Por otra parte, la liquidación del FOMAG, de acuerdo con cálculos del sindicato, tendría un costo de $13 billones, lo que sería un detrimento patrimonial y un riesgo inalculable para el patrimonio del Magisterio, debido a las demandas que surgirían como consecuencia.
“De irrumpirse el proceso, quedaría lesionada la CONFIANZA LEGÍTIMA y burlado el Estado Social de Derecho, quebrantándose el debido proceso y el servicio médico y asistencial del Magisterio, en veremos”, enfatiza el sindicato de maestros en la comunicación.
¿Qué medidas adoptará FECODE tras la posible desaparición del FOMAG?
A raíz de la situación, FECODE se declaró en estado de alerta e hizo un llamado a las juntas directivas regionales a un plenario nacional, programado para el 17 de octubre y a una junta directiva nacional, agendada para el día siguiente; es decir, el próximo 18 de octubre. Por otra parte, la eliminación del régimen especial de salud de los maestros no podría modificarse sin el debido proceso; es decir, con la radicación de un proyecto de ley que defina el futuro de la prestación de los servicios de salud, las condiciones y medidas que se adoptarían.
Algunos datos para considerar:
- De acuerdo con el informe de gestión del FOMAG, en 2022 se registraron 37.959 afiliaciones de docentes en aplicación del Decreto 3752 de 2003 y la Ley 812 de 2003.
- En los departamentos y distritos, el volumen de afiliados al FOMAG es el 74,96% del total, mientras que los municipios representan el 25,04%.
- También es importante mencionar que, el 58,41% de los afiliados al FOMAG están vinculados de manera provisional en una vacante temporal; mientras que los docentes con nombramiento en propiedad apenas llegan al 1.28%.
Conozca la carta de FECODE enviada al presidente Petro:
