España prepara una reforma a la ley de salud sexual y reproductiva

La eliminación de los tres días de reflexión, la regulación de la objeción de conciencia y la penalización de la violencia obstétrica son algunos de los cambios de la nueva ley de salud sexual en España.
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El Ministerio de Igualdad de España está preparando una reforma de la ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que no sufría ningún cambio desde 2010. Este ministerio ha logrado grandes cambios en lo referente a los derechos de diferentes minorías del país, por ejemplo, lograron la ley de los derechos de las personas trans y la ley de libertad sexual que por primera vez expone la definición de consentimiento sexual.

Ahora este ministerio, encabezado por la ministra Irene Montero, busca castigar la violencia obstétrica, eliminar el periodo de reflexión para las mujeres que quieren abortar, regular la objeción de conciencia del personal médico y penalizar el acoso de manifestantes frente a clínicas de interrupción del embarazo.

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No obstante, la ley de 2010 no es mala ya que en ese año España avanzó hacía la despenalización total del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación y después de las 22 semanas bajo condiciones de riesgo para la salud de la madre o el feto. Sin embargo la ley está bajo amenaza de los parlamentarios del Partido Popular quienes se oponen a norma y han intentado revocarla en varias ocasiones logrando pequeños cambios en la misma.

A pesar de ello, la ministra Montero afirmó que la futura reforma al aborto es inminente y que toda la maquinaria del ministerio está trabajando en ello. Ante sus afirmaciones se han sumado más grupos que están en contra de una nueva posible reforma, entre ellos está el ya mencionado partido popular, VOX y otros grupos de derecha. Aunque se tiene certeza de que cuentan con un gran porcentaje del apoyo de la Cámara de ese país.

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Detalles de la reforma a la ley de salud sexual

La reforma contiene dos vertientes, una que busca garantizar el efectivo ejercicio de los derechos ya reconocidos en la ley del 2010 y la otra busca ampliarlos. En el primer gran eje, se recuerda que no en todo el país las mujeres pueden acceder en igualdad de condiciones a este derecho, y que algunas tienen muchos obstáculos para acceder al servicio en poco tiempo, aún cuando en este procedimiento el tiempo es un factor vital.

A pesar de que se trata de un derecho cubierto y financiado por el sistema nacional de salud, muchas mujeres españolas encuentran graves dificultades. De hecho existen regiones donde no existe ningún centro donde se pueda interrumpir un embarazo. Así, hasta cinco comunidades autónomas no han registrado un solo aborto en el sistema público en los últimos 30 años.

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Otro problema e la falta de regulación de la objeción de conciencia. Existen territorios del país en el que ningún hospital público practica una interrupción voluntaria del embarazo, ya que su red de centros hospitalarios se acoge a a la objeción de conciencia “en bloque”.

No obstante, la ley actual establece que  los centros públicos deben organizar sus servicios en base a la disponibilidad de personal objetor. Así, los médicos directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tienen el derecho de ejercer la objeción de conciencia, a través de una decisión individual, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito, es decir, la objeción es una decisión de cada médico u enfermera no una decisión que el hospital pueda tomar en nombre de su personal.

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La reforma plantea en este sentido crear un registro individual de profesionales objetores del aborto para organizar los servicios en cada hospital, sin que esto tenga un impacto en los médicos que no desean practicarlo. En la actualidad no hay ni un solo dato que especifique cuantos profesionales de la salud son objetores.

También se plantea poner fin a la situación de acoso y hostigamiento a las mujeres que deciden abortar, y que ocurre frente a las clínicas acreditadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el gremio de este tipo de centros asistenciales menciona que desde 2010 hasta el 2020 más de 8.000 mujeres han sido increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas con acciones de acoso frente a alguno de sus centros asistenciales.

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Nuevas adiciones a la ley de salud sexual y aborto

Se busca tumbar la reforma a esta ley que establece que las mujeres jóvenes de 16 a 17 años deben tener permiso o consentimiento de sus tutores legales para abortar. Adicionalmente, se quiere eliminar completamente los tres días de reflexión obligatorios antes de someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo. Este periodo de “reflexión” no se aplica para ningún otro procedimiento quirúrgico en el país lo que resulta discriminatorio.

Respecto a los “vientres de alquiler” o gestación subrogada se propone desarrollar una legislación garantista con los derechos de las gestantes; estudiar sanciones con perspectiva trasnacional; prohibir la actividad de empresas y agencias que promueven la gestación subrogada, así como su publicidad; y analizar cuál es la mejor opción para el bienestar de las mujeres y los niños concebidos mediante este método.

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Finalmente, se busca incluir el concepto de violencia obstétrica como otra de las violencias de género que reciben las mujeres, contemplándola como un atentado a los derechos humanos y una violencia institucionalizada normalizada, por lo que podría penalizarse.

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