El consumo de tabaco en 2017 costó a la economía del país 17 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 1,8 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con los resultados de un estudio titulado “Caso a favor de la inversión para el control del tabaco en Colombia”. 

El estudio fue realizado en el marco del Proyecto FCTC 2030 y financiado por el Departamento de Salud del Reino Unido con fondos de la ayuda oficial al desarrollo.

¿Cuál es el objetivo de este estudio?

El estudio tuvo como objetivo medir el impacto del uso del tabaco en la salud de la población colombiana y en la economía del país. Documenta los beneficios sanitarios y económicos que se lograrían, así como cuál sería el retorno de la inversión al expandir medidas de control de tabaco como las establecidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) en los próximos 15 años.

“El tabaco es tanto un problema de salud como un asunto de desarrollo sostenible. El control del tabaco beneficia a las personas más pobres, a la economía y además promueve la igualdad”, dice Douglas Webb, líder del Equipo de Salud y Desarrollo del PNUD, Nueva York. “El fortalecimiento de la implementación del CMCT de la OMS es una pieza clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y genera impactos de desarrollo de largo alcance más allá de la salud”, añadió. 

Medidas tomadas por Colombia frente al consumo del tabaco

Colombia ratificó en el CMCT de la OMS en 2008. que desde entonces, el país ha tomado medidas importantes para mejorar la respuesta nacional de este consumo. En particular, el país fue uno de los primeros países en el continente en implementar una de las medidas centrales para evitar el inicio del consumo de tabaco entre los jóvenes como es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del cigarrillo.

 De la misma manera, se establecieron medidas efectivas para proteger a la población de la exposición al humo de tabaco a través de la prohibición de fumar en lugares públicos como restaurantes y bares; acciones de concientización a través de la inclusión de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, así como acciones destinadas a encarecer estos productos a través del aumento de los impuestos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, sigue siendo necesario intensificar las políticas existentes y aplicar nuevas medidas para que el consumo de productos de tabaco siga bajando y generar beneficios sanitarios y económicos adicionales.

¿cuáles fueron los hallazgos?

 En el marco de este estudio, los investigadores internacionales calcularon el retorno de la inversión en las siguientes cuatro medidas: aumentar los impuestos al tabaco para reducir la asequibilidad; fortalecer el cumplimiento de la prohibición de fumar en todos los espacios públicos; aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias a 50% del paquete; así como implementar el empaquetado neutro. 

De igual manera, el presente estudio ofrece argumentos económicos y sociales convincentes para aplicar las medidas del CMCT de la OMS. “Este estudio es el segundo de este tipo en la Región de las Américas. El primero fue presentado el año pasado en El Salvador”, dice la Dra. Gina Tambini, representante de la OPS/OMS en Colombia. “Estos resultados nos reafirman que invertir en control de tabaco es rentable y que está al alcance de países de ingresos medios al no requerirse de grandes presupuestos.

Impacto del tabaco en la salud

Por otra parte, el estudio también presenta resultados sobre el impacto del consumo del cigarrillo en Colombia. Reporta que, en el año 2017, alrededor de 3 millones de colombianos consumieron algún tipo de tabaco, lo que causó la muerte de unas 34.800 personas, el 44 % de ellas de manera prematura al ocurrir antes de los 70 años. Además, la exposición al humo de tabaco provocó más de 6.000 muertes, de las cuales 154 fueron en niños y adolescentes menores de 15 años. 

De acuerdo con el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, “contar con este tipo de estudios, permite a los países seguir avanzando en la implementación del Convenio Marco para el Control de Tabaco”.

¿cuánto le cuesta a la ECONOMÍA colombiana el consumo del tabaco?

Por otra parte según el documento, el consumo de tabaco le costó a la economía del país 17 billones de pesos en 2017, lo que equivale aproximadamente al 1,8 por ciento del PIB. Estos costos incluyen 6,5 billones de COP en gastos sanitarios asociados al consumo de tabaco y 10,6 billones de COP en capacidad productiva perdida debido a la mortalidad prematura, el ausentismo, el presentismo (bajo desempeño en el trabajo debido a enfermedad) y pausas laborales atribuibles al consumo de tabaco.

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El estudio encuentra, además, que la ampliación de medidas de control de tabaco en Colombia permitiría salvar aproximadamente 10.300 vidas cada año y reducir la incidencia de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Además, se podría ahorrar 58 billones de pesos en pérdidas económicas en un periodo de 15 años. Esto incluiría un ahorro de 35,7 billones de pesos en pérdidas de producción económica evitadas y 22,3 billones de pesos al evitar gastos sanitarios atribuibles al tabaco. La adopción de medidas de control del cigarrillo también mejoraría la salud de hasta dos millones de niños y adolescentes menores de 18 años que están expuestos al humo de tabaco en sus hogares y de muchos más adolescentes expuestos al humo de tabaco en lugares públicos. 

Según la jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco, la Dra. Vera Luiza da Costa e Silva, “este estudio y sus resultados demuestran que el tabaco impone no solamente una carga importante sobre la salud y el bienestar de los colombianos, pero también una carga significativa sobre la economía del país”, sostuvo. 

El Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, presento este jueves un balance de gestión que entrega las principales acciones y resultados que deja el año 2019 con respecto a la gestión de esta institución. Además, muestra entre otras cosas los avances alcanzados por el Gobierno Nacional en materia de inspección vigilancia y control en el sector Salud.

El Funcionario destacó que, a la fecha, cerca de 1´600.000 usuarios del sistema están estrenando EPS, luego de la intervención de la Superintendencia sobre seis EPS que no le estaban garantizando a los usuarios su derecho a la salud y estaban poniendo en riesgo los recursos del sistema.

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Balance de la Supersalud

En la entrega de este informe la Supersalud indica que tras la “intervención forzosa para administrar” deja a 10 hospitales públicos en recuperación, dos de estos operando al 100%, el Federico Lleras Acosta en Ibagué y el Departamental de Villavicencio que será entregado a principios del 2020.

Los otros ocho hospitales intervenidos son:

el Hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.

La intervención en estos 10 centros asistenciales, hasta el momento, le permite al país contar con: 98 nuevas camas para pediatría, observación y hospitalización, 14 nueva camillas para pacientes de mayor riesgo y 24 de observación de hombres; 82 nuevos consultorios y 7 salas de cirugía adicionales.

Estrategias para la recuperación de los hospitales intervenidos

Por consiguiente, para la recuperación de estos hospitales, la Superintendencia ha gestionado recursos del FONSAET, por más de $97.000 millones, de estos, $54.984 fueron gestionados en 2018 y se han venido ejecutando en el mejoramiento de las instalaciones y el pago de nómina de 5 hospitales, y, los $42.425 millones restantes, hacen parte de la gestión del 2019 y están en proceso para beneficiar a otros 5 hospitales.

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$1.2 billones conciliados para oxigenar la cartera de la salud

Por otra parte, Aristizábal Ángel destacó también los resultados alcanzados en las mesas de flujos de recursos y en las jornadas de conciliación, propiciadas por la Entidad en las que además de clarificar las deudas que tienen las EPS y las secretarías de salud con las clínicas y hospitales del país, también se logran acuerdos de pago que ayudan a oxigenar la carteta de estas prestadoras del servicio de salud.

“Desde el inicio del Gobierno a la fecha, se han conciliado $1.2 billones de pesos así: $669.000 millones en 51 mesas de flujos de recursos y más de $570.000 en las jornadas de conciliación extrajudiciales en derecho, producto de 1.307 acuerdos suscritos en el territorio nacional entre las EPS y las clínicas y hospitales del país”.

EPS intervenidas durante en 2019

No obstante, cabe resaltar que en este informe entregado por la Supersalud se destacó la intervención  que hizo la institución en 6 EPS, tres de ellas: Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca que hoy dejan a más de 1´300.000 usuarios asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna.

Así mismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, quienes fueron asignados a otras Aseguradoras.

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Y, ¿qué dice el informe de Saludvida?

En esta materia, Aristizábal Ángel indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1’100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por una decisión de un juzgado en Valledupar.

Además de las anteriores acciones, la Supersalud continúa haciéndole seguimiento a 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restricción para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.

Sanciones: Supersalud estrenó los `dientes` que le da la Ley 1949

Durante el 2019 se impusieron, en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías y a personas naturales, que en conjunto suman más de $60.000 millones de pesos.

¿Cuál fue el motivo de estas multas?

El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de salud ($29.000 millones), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información ($21.000 millones) y el 11%  por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud ($9.000 millones).

Para 8 de estas sanciones aplicaron las nuevas medidas y tarifas contenidas en la Ley 1949 de 2019. Estas, equivalen a multas por $11.000 millones, las más relevantes son dos para Medimás, que suman $5.800 millones una de ellas por $4.968 millones, por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato; y otra por $828 millones porque no respondió de manera oportuna a la Superintendencia, quien la requirió por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo la vida y salud de sus afiliados en Cundinamarca.

¿Qué investigaciones adelantadas deja el balance?

Durante este año, se han aperturado 70 investigaciones, de las cuales 14 corresponden a hechos cometidos después de divulgada la Ley 1949 de 2019.

Con los ‘dientes’ que le dio esta Ley, la Supersalud recibió este año 330 demandas contra EPS e IPS principalmente, que tienen que ver con la cobertura de los servicios de salud, la libre escogencia de EPS, la multiafiliación y la prestación de servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud (antes POS). En total se resolvieron 356, teniendo en cuenta otras que venían de antes de la vigencia de la Ley. En cada caso la decisión se toma antes de 20 días.

Ley 1949 de 2019

La Ley también establece que en 60 días se deben resolver las demandas por reembolsos económicos de pagos médicos que se hacen, por ejemplo, cuando un paciente debe comprar los medicamentos o cuando este paga la cuenta de urgencias en una IPS que no tiene contrato con su IPS. Sobre estos temas se recibieron 766 demandas en 2019 y ya se han resuelto 743.

Este año se han recibido otras 248 demandas por devoluciones de facturas entre las entidades del sistema de salud, que se resuelven en un término de 120 días. A la fecha se han resuelto 243.

Aumentaron las quejas

Finalmente, la Supersalud recordó que  entre el 1 de enero y el 3 de diciembre los usuarios presentaron 700.985 quejas, lo que representa un incremento del 16% con respecto a 2018, sin tener aún los datos de todo el mes de diciembre de 2019.

De las quejas de 2019, 248.309 implicaron riesgo de vida para los pacientes. Es decir, se aumentaron en 27,6% con respecto a 2018.

¿Cuál fue el motivo que presenta mayor número de quejas en los usuarios?

El mayor número de quejas presentas por los usuarios fue por falta de oportunidad en la asignación de citas médicas especializadas (152.818), seguida por falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en los servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, restricción a la libre escogencia de EPS y la demora en los traslados de pacientes.

Por esta razón el Superintendente de Salud hizo un llamado al sistema de salud colombiano para minimizar el aumento de estas quejas y mejorar la prestación oportuna del servicio de salud en todo el territorio.

EPS del régimen Contributivo

En el régimen contributivo, las que mayor número de quejas han tenido fueron Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Salud Total y Famisanar.  De otro lado, las EPS del régimen subsidiado no se quedaron por fuera, las que tuvieron mayor número de quejas fueron: Capital Salud, Medimás, Saludvida, Savia Salud y Asmet Salud.

El Magisterio sigue teniendo el mayor número de quejas entre los vigilados de otros regímenes con 25.748.

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López anuncio el pasado lunes a través de su cuenta de Twitter quien sería el secretario de salud durante su periodo administrativo. Se trata de Alejandro Gómez un médico con posgrado en auditoría en salud y otro en finanzas de la Universidad Eafit.

¿Quién es Alejandro Gómez?

Gómez ha trabajado como director de Salud Pública en la capital antioqueña, también como vicepresidente de la liquidada Bonsalud EPS y como director nacional de nutrición del ICBF. Además de estar al frente de los temas de Planeación y Salud Pública durante la alcaldía de Sergio Fajardo en 2004.

Posteriormente en el año 2007 gerenció la E.S.E Metrosalud y también se desempeñó como gerente de la red hospitalaria de Medellín desde donde trabajó por el mejoramiento de los indicadores de mortalidad infantil y materna además de la reducción del embarazo adolescente de la ciudad en el período 2008-2012. Posteriormente se lanzó a la Cámara de Representantes con el aval del partido Alianza Verde.

Un reto para Bogotá

El nuevo secretario comenzará sus labores a partir del primero de enero del 2020, junto con la posesión de la alcaldesa. Uno de los mayores desafíos para Gómez será la implementación de programas de salud pública exitosos y la continuación de algunos que ya están en funcionamiento como los de la reducción del embarazo adolescente, que logró un decrecimiento del 36% en la población de madres de 10 a 19 años.

Otro reto importante será la lucha contra la desnutrición crónica en la capital, que tuvo un aumento de 7.225 casos del 2016 al 2018.

Igualmente deberá buscar una estrategia que permita mejorar el cubrimiento de los servicios de vacunación pues solo la vacuna de la tuberculosis BCG llega al 97% de la población las demás no alcanzan al 90%.

Del mismo modo, se deben priorizar programas que busquen darle una mayor importancia a la salud mental en la capital, ya que la tasa de suicidios ha crecido especialmente en la población más vulnerable: Los adolescentes.

Finalmente, el secretario debe afrontar el problema que representa la EPS-S Capital Salud, que si bien tuvo un mejoramiento en la percepción de sus usuarios se debe priorizar el mejoramiento a el acceso y oportunidad de los servicios básicos y especializados.

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