En el corazón de Colombia, una tormenta se gestaba en el horizonte de la salud pública, marcando el comienzo de un período tumultuoso para una de las mayores entidades promotoras de salud (EPS) del país: Sanitas EPS. Esta narrativa no solo es la historia de una EPS, sino el reflejo de un sistema de salud en la cuerda floja, tejida con hilos de crisis financiera, disputas legales, y un clamor por la garantía de los derechos sanitarios de millones.
La trama se desenrolla en agosto de 2023, cuando EPS Sanitas, junto a otras grandes EPS, Compensar y Sura, rompe el silencio sobre una inminente crisis financiera. Una carta enviada al ministro de Salud por los líderes de estas instituciones es la primera señal de alarma, revelando una tríada de desafíos: una Unidad de Pago por Capitación (UPC) insuficiente, una distribución asimétrica de cargas de enfermedad, y atrasos críticos en los pagos del gobierno. Con más de 13 millones de afiliados pendientes de su operación, la responsabilidad era monumental.
El gobierno, bajo el mando del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, reaccionó a estas afirmaciones con escepticismo, descartando la noción de una crisis. Sin embargo, el deterioro financiero y operativo de Sanitas se hizo cada vez más evidente. Para octubre de 2023, la Supersalud, órgano de vigilancia y control, impuso medidas cautelares contra Sanitas por demoras en la atención médica, evidenciando fallas en el cumplimiento de sus deberes.
La situación alcanzó un punto crítico cuando Cruz Verde, un gestor farmacéutico clave, suspendió la dispensación de medicamentos No PBS a Sanitas, citando deudas no saldadas y falta de un plan de pago claro. Mientras tanto, la empresa matriz de Sanitas, el conglomerado Keralty, enfrentaba escrutinio público y legal, con el Ministerio de Salud pidiendo una auditoría forense para rastrear el flujo de recursos de la EPS.
La crisis de Sanitas no solo era una cuestión de flujo de caja o disputas contractuales, sino también de confianza y responsabilidad pública. A medida que las quejas de los usuarios aumentaban, las entidades como Gestarsalud y la Defensoría del Pueblo se involucraban, buscando mediación y soluciones. Los trabajadores de Sanitas, temiendo por su futuro y el de sus pacientes, organizaron movilizaciones en defensa de la entidad.
Finalmente, hoy 2 de abril de 2024, la Supersalud intervino oficialmente a Sanitas, un acto que simbolizó no solo la caída de una titán de la salud sino también el posible preludio de una reforma sanitaria más amplia en Colombia.
Demos un triste paseo por las acciones y reacciones que han conducido al control estatal de la EPS Sanitas.
La carta que disparó todo este conflicto
La historia comienza en agosto de 2023, cuando EPS Sanitas, Compensar y Sura, tres de las más grandes EPS de Colombia, enviaron una carta al Ministro de Salud alertando sobre una crisis financiera inminente. Esta situación ponía en peligro la prestación de servicios a más de 13 millones de afiliados. Argumentaban que el valor de la UPC era insuficiente, subestimado en un 8% para el año 2022, lo cual no había sido rectificado en 2023, necesitando un ajuste adicional del 5,7%.
La carta detallaba la concentración asimétrica de cargas de enfermedad y el retraso en el pago de las deudas estatales como problemas críticos. Este comunicado, filtrado a la prensa, desató un debate público sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Las EPS defendían que sus preocupaciones eran resultado de una acumulación de problemas no resueltos a lo largo de los años, y no solo una situación coyuntural.
El gobierno, por su parte, respondió a las acusaciones con negación y minimización de la crisis. El Ministro de Salud argumentó que el sistema estaba funcionando adecuadamente, y que los pagos se estaban realizando según lo programado. Esta respuesta no solo provocó tensiones entre las EPS y el gobierno, sino que también generó incertidumbre entre los afiliados y la opinión pública sobre la verdadera salud financiera del sistema de salud colombiano.
Así, se estableció el escenario de una confrontación entre las EPS, que clamaban por un ajuste financiero urgente, y un gobierno que mantenía una postura de estabilidad y control. Esta divergencia de percepciones marcó el comienzo de una serie de eventos que llevarían a una mayor intervención estatal en los meses siguientes y a un creciente escrutinio sobre la gestión y la transparencia financiera de las EPS, especialmente de Sanitas.
Respuesta gubernamental
Tras la alerta de las EPS, el gobierno colombiano, representado por el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y respaldado por declaraciones del presidente Gustavo Petro, minimizó la crisis, asegurando que la UPC había sido ajustada adecuadamente, con un incremento del 16,2%, superior a la tasa de inflación anual. Afirmaron que el sistema de salud estaba financiado y funcionando correctamente, acusando a las EPS de mal manejo financiero y de generar alarma innecesaria. Esta respuesta gubernamental generó tensiones y debates públicos sobre la gestión y sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.
Primeras medidas cautelares contra la EPS Sanitas
En octubre de 2023, la Supersalud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas por dilaciones en la atención médica, particularmente en el caso de una paciente adulta mayor que requería cirugía. Esta acción, que otorgaba un plazo de 48 horas para garantizar la prestación del servicio, evidenció un patrón de incumplimientos por parte de Sanitas. A pesar de resolver el 15% de las quejas, la Supersalud observó una desatención sistemática en las reclamaciones, llevando a una revisión más profunda de la gestión de la EPS y a un escrutinio administrativo intensificado.
Escalada del conflicto
La crisis en la EPS Sanitas se desató con la suspensión de la dispensación de medicamentos No PBS por parte de Cruz Verde, un hecho que puso de manifiesto las dificultades financieras y operativas que enfrentaba la entidad. Esta situación generó una alarma no solo entre los usuarios de Sanitas, sino también en las autoridades y en la opinión pública en general.
A través de un comunicado emitido el día 14 de noviembre, la EPS Sanitas, informó que tomará medidas extraordinarias para proteger a sus afiliados y garantizar la dispensación de medicamentos no financiados con la UPC, conocidos como Medicamentos No PBS. Ante la decisión de Cruz Verde de suspender la entrega de estos medicamentos a partir de hoy 15 de noviembre debido a problemas financieros con sus proveedores, EPS Sanitas ha asumido temporalmente la responsabilidad de financiarlos.
Las medidas cautelares impuestas por la Supersalud marcaron un punto de inflexión en la gestión de la EPS. La intervención de la entidad reguladora evidenció la gravedad de la situación y la necesidad de tomar acciones drásticas para garantizar la atención adecuada a los afiliados y el cumplimiento de las normativas del sector salud.
La escalada del conflicto no solo se limitó al ámbito administrativo y regulatorio, sino que también afectó la percepción pública sobre la capacidad de Sanitas para gestionar sus operaciones de manera efectiva. Los usuarios y stakeholders del sector salud expresaron preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la calidad de los servicios ofrecidos por la EPS.
El impacto de estas controversias se extendió más allá de las fronteras de la entidad, afectando la confianza en el sistema de salud en general y generando debates sobre la necesidad de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad y la calidad en la prestación de servicios de salud en el país.
Sanitas acude a Audifarma para resolver su crisis de medicamentos
Sanitas asumió temporalmente la financiación de medicamentos No PBS debido a la suspensión de suministro por Cruz Verde, estableciendo un acuerdo con Audifarma para la distribución de estos medicamentos. Sanitas insta al gobierno a solucionar definitivamente esta problemática financiera, mientras Supersalud sigue vigilando que Sanitas garantice la dispensación continua de medicamentos a sus usuarios.
Solicitud de auditoría forense y plan de reorganizacion en la EPS Sanitas
En rueda de prensa, el Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría hacer el levantamiento del velo corporativo que cobija a la EPS Sanitas para hacer una auditoría forense al flujo de los recursos de la entidas. Una vez más, la cartera sanitaria del país reiteró que se han hecho los pagos correspondientes y bajo los términos de la normativa vigente.
Tal y como informó a la opinión pública, a pesar del evidente crecimiento empresarial de Sanitas en otros países de la región, en Colombia el panorama dista de ser el mismo. La EPS presentó la solicitud del Plan de Reorganización Institucional (PRI), mecanismo que permite flexibilizar los indicadores financieros y de solvencia necesarios para la habilitación de sus operaciones; en sus estados de cuenta certifican “una supuesta deuda del ADRES por $753.000 millones”, que no fue conciliada y que tampoco corresponde con los valores registrados.
“Hay suficiencia de la UPC. Les hemos venido pagando adecuadamente. Queremos pedirle a la Contraloría que utilice el artículo 65 de la Ley 2591 de 2022. Queremos que levante el velo corporativo en este caso para realizar una auditoría al pago de los recursos por EPS a proveedores, hacer una auditoría forense al flujo de recursos“, dijo el ministro Jaramillo en la rueda de prensa.
El Presidente de Sanitas responde
En horas de la tarde del 20 de noviembre, el Dr. Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de EPS Sanitas se pronunció sobre lo mencionado por el Ministerio de Salud, cartera que solicitó una auditoría exhaustiva a la Contraloría sobre el movimiento de los recursos de la entidad.
Movilización en defensa de la EPS
En medio de la crisis que atraviesa el sector de la salud y de la incertidumbre que se ha generado por las complicaciones financieras que está enfrentando actualmente la EPS Sanitas, un grupo de trabajadores de esta EPS convocó para el lunes 27 de noviembre una movilización en defensa a la entidad. Este plantón se da luego de que el Ministerio de Salud le pidiera a la Contraloría realizar una auditoria forense del flujo de recursos de la EPS. Asimismo, la Superintendencia de Salud pidió entregar la certificación para que la ADRES logre girar los recursos directamente a las IPS y prestadores de salud de la EPS.
“Sentimos que nos están persiguiendo como empleados y como empresa”: empleada de EPS Sanitas
Supersalud vuelve a golpear a Sanitas EPS con una multa por incumplimiento en la pandemia
El pasado 17 de enero de 2024 la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) dejó en firme una multa por 350 millones de pesos impuesta contra la EPS Sanitas luego de encontrarla responsable de incumplir con las instrucciones impartidas durante la pandemia por Covid y de manera específica en la vacunación direccionada por el Gobierno Nacional al no responder los requerimientos reiterados por este organismo de inspección y vigilancia.
Hoy Sanitas EPS se encuentra bajo el control estatal por un año
Como ya lo publicó Consultorsalud la Supersalud informó de la toma de posesión de esta pagadora en los siguientes términos: “La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes y negocios de la EPS Sanitas, y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por un tiempo de un año. Esto basado en el cumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales, desarrollado al interior de la Superintendencia”, dijo el Superintendente Luis Carlos Leal.
NOTA DE CONSULTORSALUD
Hoy se rompe la historia de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud
