La Contraloría General de la República, a través de su Dirección de Estudios Sectoriales, ha publicado un estudio titulado Retos de la Descentralización Diferencial en Colombia, que analiza cómo este modelo de descentralización puede ser una herramienta clave para reducir las desigualdades regionales y fomentar un desarrollo más equitativo y justo. El estudio se enfoca en adaptar las políticas de desarrollo a las particularidades de cada territorio, buscando un crecimiento inclusivo que beneficie a todas las regiones del país.
El análisis revela que, a pesar de que la pobreza monetaria ha disminuido considerablemente, pasando del 42,5% en 2020 al 33% en 2023, la pobreza extrema continúa afectando al 11,4% de la población colombiana. Estos datos resaltan las profundas desigualdades que persisten en varias regiones del país, las cuales el modelo de descentralización busca reducir mediante una asignación de recursos más eficiente y ajustada a las características de cada territorio.
Según el Indicador de la Descentralización Diferencial, que evalúa tanto las capacidades internas de los departamentos como las variables socioeconómicas y ambientales externas, se revela que solo Bogotá y Antioquia superaron el umbral de 60 puntos en el Indicador de Potencialidad de Descentralización Externa. Regiones como Vichada, Vaupés y Guainía, en cambio, registraron niveles inferiores a 20, lo que refleja una clara disparidad en la capacidad de los departamentos para gestionar su propio desarrollo.
“La descentralización diferencial no sólo abarca aspectos técnicos o administrativos, sino que, se convierte en un compromiso político y ético que exige reconocer la pluralidad del territorio colombiano. El análisis pone en evidencia que las desigualdades entre departamentos se manifiestan en términos fiscales y en dimensiones humanas y contextuales como la pobreza, la corrupción, la diversidad étnica y la sostenibilidad ambiental“, destaca la Contraloría en su informe.
Descentralización, indispensable para el progreso nacional
Con un PIB per cápita de $30,1 millones en 2023, Colombia se enfrenta al reto de superar las marcadas desigualdades regionales que afectan tanto a su economía como a su tejido social. El reto no solo radica en mejorar la gestión pública, sino en implementar un modelo de descentralización que priorice la equidad, impulse el desarrollo inclusivo y promueva el fortalecimiento de la gobernanza local. Es fundamental que este modelo esté diseñado para mejorar las condiciones en las regiones más rezagadas y fomentar la cohesión territorial.
De acuerdo con la Contraloría, la investigación ofrece un valioso referente para las reformas futuras, presentándose como una herramienta fundamental para diseñar políticas diferenciadas que respeten y reconozcan las particularidades y la diversidad territorial. Esta perspectiva permitirá avanzar hacia un desarrollo justo y sostenible, adaptado a las necesidades específicas de cada región; para ello, se proponen las siguientes estrategias:
- Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR), con el fin de orientar los recursos hacia los territorios más vulnerables.
- Actualización de leyes orgánicas de ordenamiento territorial, lo cual, permite alinear la normativa con las realidades y necesidades actuales de las regiones.
- Fortalecimiento de capacidades locales para implementar programas de formación técnica y dotación de herramientas para la gestión eficiente y monitoreo continuo, que aseguren la sostenibilidad del proceso descentralizador.
