La fecha de estructuración consignada en un dictamen de pérdida de capacidad laboral no constituye una prueba definitiva para resolver el reconocimiento de prestaciones pensionales. Así lo recordó la Corte Constitucional en la Sentencia T-329 de 2026, al señalar que los jueces pueden valorar otros elementos del expediente y modificar dicha fecha cuando las pruebas lo justifiquen. La decisión se produjo en un caso de sustitución pensional negada a una persona con discapacidad intelectual.
La Corte explicó que la fecha de estructuración corresponde al momento en que se considera que una persona ha perdido el 50 % o más de su capacidad laboral. Aunque el dictamen constituye una prueba técnica relevante, sus conclusiones deben examinarse junto con la historia clínica, los conceptos médicos, las valoraciones especializadas, los testimonios y los demás elementos disponibles.
Sustitución pensional fue negada por la fecha consignada en el dictamen
El caso corresponde a un hombre de 56 años con discapacidad intelectual y antecedentes de epilepsia desde los dos años. Su padre había sido pensionado por el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia en 1985 y, después de su fallecimiento en 1997, la pensión fue sustituida a favor de su esposa, quien recibió la prestación hasta su muerte en 2022.
Ese mismo año, el hijo solicitó al Fondo el reconocimiento de la sustitución pensional. Para respaldar su petición aportó un dictamen que estableció una pérdida de capacidad laboral del 71,25 % y fijó como fecha de estructuración el 29 de enero de 2002. La entidad negó la solicitud porque la fecha registrada era posterior al fallecimiento del padre, circunstancia que se convirtió en el punto central de la controversia sobre el reconocimiento de la prestación.
Ante la negativa, el solicitante presentó una demanda ordinaria laboral, pero las autoridades judiciales rechazaron sus pretensiones tanto en primera como en segunda instancia. Los despachos consideraron que no estaba acreditado que la pérdida de capacidad laboral se hubiera estructurado antes de la muerte del pensionado, teniendo en cuenta las fechas registradas en los dictámenes. Posteriormente, el solicitante interpuso una acción de tutela contra el Fondo y las autoridades judiciales que conocieron el proceso.
La fecha de estructuración debe valorarse junto con otras pruebas del expediente
Al revisar el caso, la Corte Constitucional recordó que el dictamen de pérdida de capacidad laboral constituye un elemento técnico relevante para determinar la procedencia de las prestaciones pensionales. Sin embargo, precisó que la fecha de estructuración allí consignada no tiene el carácter de prueba definitiva, inmodificable o excluyente, por lo que su valoración debe realizarse de manera integral con los demás elementos disponibles en el expediente.
La Corporación señaló que el examen judicial debe considerar distintos medios probatorios que permitan establecer las circunstancias relacionadas con la pérdida de capacidad laboral. Entre los elementos mencionados en el boletín se encuentran
- Historia clínica, como parte de la documentación médica disponible.
- Conceptos médicos, relacionados con las condiciones de salud de la persona.
- Valoraciones especializadas, incorporadas al expediente.
- Testimonios, que forman parte de los medios probatorios examinados.
- Otros elementos del expediente, relevantes para determinar la fecha de estructuración.
La Corte indicó que la fecha consignada en el dictamen puede modificarse cuando el juez considere que existen otras pruebas que sustentan esa determinación. En consecuencia, el documento técnico debe examinarse junto con los demás elementos probatorios, sin que su contenido constituya una tarifa legal que impida valorar información adicional durante el proceso judicial.
Corte Constitucional señala dificultades probatorias en casos de discapacidad
La sentencia también examinó las dificultades que pueden presentarse al determinar la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral en personas con discapacidad. La Corte aclaró que la discapacidad no puede reducirse a un diagnóstico médico ni a una condición de salud, aunque su valoración puede enfrentar dificultades probatorias similares a las identificadas en enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas.
Estas dificultades pueden presentarse cuando la situación de discapacidad existe desde etapas anteriores de la vida, pero solo queda documentada clínicamente después de varios años de evolución. En tales circunstancias, la Corte recordó la importancia de valorar los distintos elementos del expediente para determinar la fecha correspondiente, sin limitar la decisión judicial al momento registrado en el dictamen.
Jueces incurrieron en desconocimiento del precedente y defecto fáctico
Después de examinar las actuaciones del proceso ordinario laboral, la Corte Constitucional concluyó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente y en un defecto fáctico. La decisión estuvo relacionada con la valoración de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, cuyas fechas habían sido utilizadas para negar la prestación solicitada, sin considerar integralmente los demás elementos probatorios disponibles.
En consecuencia, la Corte amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso del solicitante. Asimismo, dejó sin efectos las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral, después de establecer que las decisiones judiciales cuestionadas no habían aplicado adecuadamente los criterios de valoración probatoria relacionados con la fecha de estructuración.
¿Qué ordenó la Corte Constitucional sobre la sustitución pensional?
La Corte ordenó al Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconocer la sustitución pensional a favor del solicitante, tras resolver la acción de tutela presentada contra la entidad y las autoridades judiciales. La decisión permitió el reconocimiento de la prestación que había sido negada debido a que la fecha de estructuración registrada en el dictamen era posterior al fallecimiento del padre.
La Corporación también dispuso el pago del retroactivo pensional causado, debidamente indexado, a partir de la fecha en que falleció la madre del beneficiario. Esta última había recibido la pensión desde la muerte de su esposo en 1997 y hasta su propio fallecimiento en 2022, momento a partir del cual el hijo había solicitado que la prestación fuera reconocida a su favor.
¿Qué establece la Sentencia T-329 de 2026 sobre los dictámenes de pérdida de capacidad laboral?
La Corte Constitucional reiteró que la fecha de estructuración registrada en un dictamen constituye una prueba técnica relevante para examinar el reconocimiento de prestaciones pensionales, pero no tiene carácter definitivo ni excluyente. Por ello, su contenido debe valorarse junto con los demás elementos probatorios que formen parte del expediente, especialmente cuando existan circunstancias que permitan cuestionar la fecha inicialmente establecida.
La Sentencia T-329 de 2026 recoge esta regla de valoración probatoria en el caso de una persona con discapacidad intelectual a quien se le había negado una sustitución pensional. La Corte concluyó que la fecha consignada en los dictámenes no podía impedir el examen integral de las pruebas y ordenó el reconocimiento de la prestación, junto con el retroactivo correspondiente.