La Corte Constitucional de Colombia tomó medidas al declarar el incumplimiento general del componente de suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social. Esta decisión, que surge del seguimiento a la histórica Sentencia T-760 de 2008, pone en evidencia una crisis estructural en el financiamiento de los servicios de salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El Auto 2049 de 13 de diciembre de 2024, emitido por la Sala Especial de Seguimiento, expuso las graves deficiencias en el manejo presupuestal durante la vigencia 2024. Aunque el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) había autorizado en diciembre de 2023 la cancelación de $819 mil millones reconocidos como reajuste para el año 2022, estos recursos nunca fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda. Este incumplimiento no solo contraviene el Auto 2881 de 2023, sino que también compromete la sostenibilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la continuidad de los servicios de salud para millones de colombianos.
A ello se suma la falta de una metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos, lo cual era un mandato del mismo auto. Más de seis meses después de la notificación, esta herramienta clave para asegurar una planificación adecuada aún no se ha implementado.
Incidente de desacato contra el Ministro de Salud
Por estas razones, la Sala Especial decidió abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de los ordinales tercero y sexto del Auto 2881 de 2023. En este contexto, el ministro fue requerido para que, en un plazo máximo de 48 horas a partir de la notificación del Auto 2049, tome las acciones necesarias para cumplir con lo ordenado. Este plazo incluye el inicio de los pagos pendientes y la implementación de una metodología unificada para los presupuestos máximos.
Impacto en la prestación de servicios de salud
La insuficiencia de recursos asignados para el segundo semestre de 2024 generó graves consecuencias. Según la Corte, los presupuestos máximos se han definido con retrasos, con vigencias de solo dos meses y en actos administrativos individuales que reconocen períodos ya finalizados o en curso. Incluso después de ser reconocidos, los pagos se realizan tardíamente, lo que incrementa la presión financiera sobre las EPS y pone en riesgo el acceso a servicios y tecnologías en salud.
El incumplimiento también afecta la confianza de los usuarios en el sistema de salud, ya que muchas personas dependen de los servicios PBS no UPC para acceder a tratamientos y medicamentos esenciales. Sin una financiación adecuada, el goce efectivo del derecho a la salud, consagrado en la Constitución, queda en entredicho.
Órdenes contundentes de la Corte Constitucional
En respuesta a esta crisis, la Sala Especial emitió órdenes claras y de carácter obligatorio:
- Pago inmediato de deudas atrasadas: Se deben pagar los presupuestos máximos correspondientes a los meses de julio a octubre de 2024.
- Reconocimiento de presupuestos pendientes: Antes del 30 de enero de 2025, se deberán reconocer los presupuestos de noviembre y diciembre de 2024.
- Cumplimiento estricto en 2025: Los presupuestos de cada mes de 2025 deben pagarse dentro de los 15 primeros días de cada periodo. En cuanto a enero y febrero de 2025, los pagos deberán realizarse antes de que termine febrero.
Además, se instruyó al Ministerio de Hacienda para que transfiera los recursos necesarios, garantizando que el Ministerio de Salud pueda cumplir con estas disposiciones.
Responsabilidad gubernamental
La Corte advirtió que la demora en el pago y la falta de medidas para superar la insuficiencia presupuestal constituyen un retroceso en los avances logrados por la Sentencia T-760 de 2008. Este fallo buscaba unificar los planes de beneficios y asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, objetivos que ahora se ven amenazados.
El incumplimiento no solo representa una violación de las órdenes judiciales, sino también un grave riesgo para la estabilidad financiera del sistema. En términos concretos, la falta de recursos y de planificación adecuada incrementa la vulnerabilidad de las EPS y pone en peligro la atención oportuna y de calidad para millones de colombianos.