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Contraloría evidencia la inequidad y corrupción en la salud

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Una evaluación que realizó la Contraloría General de la República a los resultados del Sistema General de Participaciones –SGP, desde su creación en 2001, encontró que si bien se han alcanzado avances importantes en el tema de las coberturas en salud y educación, no se han cerrado las brechas sociales e inequidades entre las distintas regiones y, por ejemplo, la mitad del país está aún lejos de los niveles mínimos esperados en materia de indicadores de salud pública.

En el caso citado, se evidencian grandes brechas y desigualdades a nivel departamental y municipal, en los resultados disponibles (de las tres vigencias más recientes), para Tasa de Mortalidad Ajustada, Razón de Mortalidad Materna y Cobertura de Vacunación con Triple Viral (Lea: Clase social y salud- las brechas entre clase y género)

De 1122 municipios con información disponible en estos indicadores, más de 500 no cumplieron las metas proyectadas en ninguno de ellos, ni siquiera en mortalidad infantil, donde la meta nacional se alcanzó anticipadamente.

En el caso de los indicadores de educación, la reducción de las brechas  muestra un ritmo muy lento, tanto que se calcula por parte de la Contraloría que superar esta situación puede tomar entre 30 y 48 años.

El ritmo en salud es más acelerado y reducir totalmente la brecha tardaría entre 15 y 24 años.

Para la Contraloría, la situación descrita plantea la necesidad de hacer las transferencias del SGP mucho más progresivas, o sea, privilegiando las zonas más rezagadas.

Corrupción en los recursos del SGP

Los recursos del SGP no son ajenos a los riesgos de corrupción que tienen todos los recursos públicos.

Uno de los principales riesgos, y que están aprovechando los corruptos, es que dentro de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control del Gobierno a estos recursos, no necesariamente  se está verificando si el servicio se está prestando, si el pobre se está realmente beneficiando, si el paciente recibió el tratamiento y si el estudiante existe y está asistiendo a clases, es decir los fines que persigue el SGP.

La Contraloría General ha enfocado su labor auditora en este punto, lo cual le ha permitido encontrar millonarios hallazgos fiscales, destapando distintas formas de fraude (carteles de los hemofílicos y enfermos mentales, y terapias médicas no realizadas, por ejemplo).

En salud, se han detectados riesgos en cuanto a:

-Beneficio a personas con capacidad de pago que están siendo subsidiadas en salud.

-Existencia de incentivos para la perpetuación en el tiempo de condiciones excepcionales en el sistema de salud: el pago de tecnologías no POS y la atención de personas pobres no afiliadas.

-La ausencia de registros consolidados a nivel nacional de personas pobres no afiliadas al sistema, atendidas con cargos a los registros del SGP.

-El costo promedio de atender una persona pobre por fuera del sistema fue tres veces superior a tenerlo afiliado al Régimen Subsidiado.

-De los afiliados del régimen subsidiado que recibieron servicios y tecnologías No POS, el 5% de los pacientes recibieron tratamientos con cargo al 65% de los recursos totales pagados por las Entidades territoriales.

-Uso de los recursos de salud pública para el pago de gastos de funcionamiento en salud de las Entidades Territoriales. Hasta el 59% del total de estos recursos van dirigidos a la entidad territorial y solamente el porcentaje restante – 41%- a la población mediante intervenciones colectivas. 

Asimismo, en Educación la información disponible no permite determinar la población objetivo y se presentan coberturas que no corresponden con la situación real.

¿Qué pasa en el Sector Salud con el SGP?

Los recursos del SGP financian una proporción importante de los gastos en salud en las entidades territoriales y suman $7,8 billones para 2016.  En este sector específicamente no existe una alta dependencia de estos recursos, para el 87% de los municipios estos no representan más del 50% del total de los ingresos del fondo de salud.

Se revisaron los resultados en las tres vigencias más recientes con datos disponibles para la Tasa de Mortalidad Infantil ajustada (2011 a 2013), la Razón de Mortalidad Materna y la Cobertura de Vacunación con Triple Viral (2012 a 2014).

De acuerdo con el análisis, es claro que aunque se alcanza en algunos la meta nacional, se sigue evidenciado a nivel departamental y municipal grandes brechas y desigualdades.

Los resultados muestra que de los 1122 municipios con información disponible, más de 500 no cumplieron las meta proyectadas en ninguno de ellos, ni siquiera en el Mortalidad Infantil, donde se cumplió la meta nacional anticipadamente.

Los promedios nacionales esconden las grandes disparidades que en materia de salud tiene la población colombiana,

En las vigencias analizadas, los departamentos con mejores resultados se mantienen casi que invariables en todos los indicadores y aunque los de menor desempeño también presentan mejoras, los cambios son lentos y no evidencian que las brechas en temas de salud pública cambien drásticamente.

En el componente de salud pública más de la mitad de los recursos del SGP se están destinando al funcionamiento de las direcciones territoriales de salud y no a las intervenciones colectivas dirigidas directamente a la población

La metodología de estimación de Población Pobre No Asegurada (PPNA) ha venido mejorando, por lo que los recursos asignados per cápita son más consistentes en el 2015 que en años anteriores.

La administración de recursos para prestación de servicios de Salud la efectúan los 32 Departamentos, 6 Distritos y los más de 420 Municipios certificados anualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prestación de servicios. Desde el 2008 hasta 2016, 53 municipios certificados han perdido su certificación, pasando de 473 a 420 municipios.

Entre 2012 y 2014 alrededor del 70% de los recursos del componente se destinaron a la prestación de servicios a la Población Pobre No Asegurada (PPNA). El costo de la atención promedio de cada persona pobre no afiliada, fue 3.5 veces más alta que haberlas tenido afiliadas en el Régimen Subsiado.

Esto sugiere, que debe haber un cambio en el modelo o forma en que las entidades territoriales asumen esta competencia, pues son mucho menos eficientes que las EPS en la gestión de los servicios de salud. Lo que se traduce en sobre costos para erario y el no cumplimiento del principio de economía de la gestión fiscal.

El comportamiento cambia abruptamente para 2015 en este componente, pasando los recursos de atención a la PPNA a ser sólo el 6,9%, siendo redirigidos al pago de no POS.

Teniendo en cuenta la dinámica de la demanda de atención de personas pobres, esto puede evidenciar inconsistencia de información o la existencia de otros factores que presionaron el gasto en las vigencias anteriores, dado que estos recursos tienen gran riesgo de ser usados inadecuadamente.

Mayores recursos del SGP para los municipios más pobres

“Colombia necesita cerrar las brechas sociales entre sus regiones. Existen territorios con índices de desarrollo humano parecidos a países de medio-alto desarrollo europeo, mientras que en otras regiones, los municipios con mayor ruralidad presentan índices que se asemejan más a los de países muy pobres”, dice el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Social.

Ante esta situación, el organismo de control considera que los municipios más pobres deben recibir un SGP per cápita notoriamente superior al promedio y mayor que el de los municipios más ricos y el de aquellos por su actividad económica pueden generar recursos propios.

Reformar el SGP

Al revelar los resultados de este informe, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, consideró necesario plantear una posible reforma al sistema, comenzando con una revisión de los criterios de distribución del SGP, teniendo en cuenta que la condiciones de los sectores que cobija han cambiado frente a la situación que existía hace más de 15 años, en el momento de su creación, lo que puede decirse también de las políticas, prioridades y retos sectoriales.

Para el Contralor, los criterios de equidad son los que deben tener mayor importancia en esta revisión, dado que los planteados hasta el momento no tienen la fuerza suficiente para lograr transformaciones en la regiones más rezagadas.

“La preocupación con la equidad es que es mayor en el discurso que en el contenido de las políticas públicas y el desarrollo normativo”, dice la Contraloría en su análisis de los resultados del SGP.

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“Venezolanos requieren mayor atención en salud sexual y reproductiva”, Afidro

Profamilia y AFIDRO, firmaron alianza para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados a venezolanos y colombianos.

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El fenómeno migratorio de venezolanos a colombia cada vez se hace más notorio, según la cifra entregada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos – AFIDRO-. La presencia de 1.408.055 venezolanos en el país a corte de Junio de 2019, de acuerdo con el informe de Migración Colombia, sin duda requiere de una mejor atención y esfuerzos conjuntos de los diferentes actores.

Por esta razón Profamilia y AFIDRO, firmaron una alianza en apoyo al Gobierno Nacional para brindarles a los venezolanos y colombianos que han estado en crisis migratoria la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados.

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los retos de la crisis migratoria

Por consiguiente, este fenómeno social, según Profamilia, aumenta la vulnerabilidad de muchos colombianos y venezolanos, que estarían más expuestos a la violencia sexual, al acceso limitado a métodos anticonceptivos, a un mayor número de embarazos no deseados, así como de crecientes cifras de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Por su parte, Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia, la mayor ONG proveedora de servicios de salud sexual y salud reproductiva (SSSR) indica “Nuestra meta ha sido y será siempre contribuir con la disminución de las barreras de acceso y las brechas de desigualdad que existen en el país, en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

apoyo en la atención sexual y reproductiva

En este sentido, la funcionaria explicó “con el apoyo de AFIDRO, buscamos brindar 2.250 servicios a personas migrantes con esta iniciativa. Estaremos en Maicao, porque allí se ubica uno de los principales puntos de entrada del país; en Bogotá, lugar al cual llega la mayoría de migrantes con vocación de permanencia y, en Ipiales, por el continuo paso en el puente fronterizo para ir hacia Ecuador y, de allí, a Perú, Argentina, Chile y otros países de Suramérica”.

Yaneth Giha, Presidente Ejecutiva de AFIDRO resalta que: “ Uno de esos retos es, sin duda, la crisis migratoria venezolana. Hombres, mujeres y niños venezolanos requieren de atención en salud, de los cuidados básicos que necesita cualquier ser humano. Para nuestro sistema, acoger a todos es un reto de una magnitud enorme”.

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Revocada licitación para la compra de medicamentos de fuerzas militares

El órgano de control, advirtió a la Dirección de Sanidad “las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios”.

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CONSULTORSALUD conoció a través del documento 02658 que  la Procuraduría General de la Nación recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar revocar el proceso de licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por un valor de $387.000 millones, por presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.

El órgano de control, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.

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Evaluación de los pliegos de licitación

Por su parte, el Ministerio Público cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar “liquidez” al contratista.  

Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían  con recursos públicos de la seguridad social en salud.

La Procuraduría recordó que de acuerdo con la Circular 07 de 2018 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.

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A juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.

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Tribunal confirma libertad del expresidente de Saludcoop

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) por vencimiento de términos.

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) días antes de que comience un nuevo juicio en su contra. Tras la decisión del tribunal, Palacino solamente tendrá dos restricciones mientras se lleva a cabo su juicio: no podrá relacionarse con las directivas de las empresas que anteriormente dirigía y tampoco podrá salir del país.

Recordemos que, el caso contra Palacino  se hizo efectivo hace más de un año, cuando la Fiscalía encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas.

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Hallazgos presentados por la Fiscalía en el caso “Palacino Saludcoop”

Según los hallazgos encontrados en su momento por el ente acusador, el desvío de recursos habría sido de 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de la Unidades de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado y donde los investigadores encontraron anomalías en las bases de usuarios, como 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil, además de rentas parafiscales  que fueron el detonante para enviarlo preso.

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Sin embargo, es importante resaltar también que entre los hallazgos de la fiscalía esta lo ocurrido entre 2000 y 2004 cuando se descubrió que la EPS Saludcoop, estaba  incrementado presuntamente su  patrimonio con el dinero que solo podía dirigirse a la salud.  Además, según la fiscalía esas irregularidades habrían orquestado incluso inversiones en el exterior, para aumentar la planta de la EPS y para hacer préstamos a socios y trabajadores.

De acuerdo con el ente acusador, la libertad de Palacino fue otorgada tras el  vencimiento de los términos en su caso, esto como consecuencia de la dilatación en la audiencia de la lectura de la acusación.

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