Carta a Minprotección Social - CONSULTORSALUD
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Carta a Minprotección Social

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 Olga Lucía Zuluaga. Directora Ejecutiva ACESI.

Cordial y respetuoso saludo. 

Quienes firmamos este documento en  nombre  de  las  instituciones y organizaciones que representamos, queremos pedirle que  acepte compartirle nuestros puntos de vista acerca de temas relativos al  Ministerio que Usted conduce. Lo hacemos precisamente apenas comienza su gestión, con la expresa intención de que podamos mantener permanentemente un diálogo fructífero sobre  temas que nos comprometen mutuamente con la población del país.   
 
Los ciudadanos colombianos han identificado que los asuntos relativos al sistema de salud constituyen una de sus más importantes preocupaciones, al lado de los problemas  relativos  al  empleo. No nos cabe duda de que el nuevo gobierno nacional comprende bien este sentir ciudadano y que actuará en consecuencia. 

 
Así  las  cosas,  el  Ministerio  de  la  Protección  Social  tiene  por  delante  la  altísima responsabilidad  de  orientar  la  formación  y  el  desarrollo  de  las  políticas  que superen los altos niveles de desempleo, los elevados índices de empleo informal, la progresiva precarización de las condiciones laborales y salariales, así como la gravísima y prolongada crisis de la salud pública y del sistema de seguridad social en salud. 
 
La amplia discusión pública producida con motivo de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la “Emergencia Social en Salud” en diciembre del año 2009 y  que  finalmente  fue  considerada  inconstitucional  por  la  Corte  Constitucional, evidenció  posturas significativas  de  instituciones  académicas,  de  grupos  de investigación, de gerentes y juntas directivas de hospitales públicos y privados, de organizaciones de la sociedad civil y especialmente de los pacientes y afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, que a nuestro juicio deben ser tenidas en consideración con todo cuidado por el Gobierno y por Usted como Ministro.  
 
Sin  ninguna  duda, este  conjunto de  voces expresó  su  gran  insatisfacción  con  la evidente acumulación de dificultades derivadas de aspectos como los siguientes: 
 
•   Debilitamiento de la función rectora del Estado sobre el sistema de salud y   en  consecuencia  la  generación  de  una  alta  permisividad  para  que  las Entidades  Promotoras  de  Salud  hayan  asumido  un  poder  dominante  en detrimento  de  los  intereses  y necesidades  de  los  demás  actores  del sistema. 
•   Persistencia  de  altos  niveles  de  corrupción,  evasión  y  elusión,  sin  que  la Superintendencia   Nacional   de   Salud   haya   tenido   la   capacidad   para interponer efectivos frenos a estos desbordamientos.  
•   Pérdida  de  la  convicción  de  que  el  país  requiere  planes  de  salud  para  el mediano  y  largo  plazo,  con  definición  de  metas  y  objetivos  de  salud  y bienestar para la población. 
•  Debilitamiento de las políticas de salud pública, en correspondencia con un énfasis casi total en los aspectos financieros y asistencialistas del sistema, que  ha  impedido  planificar  e  implementar  acciones  con  metas  de  largo plazo  para  el  efectivo  control  de  problemas  prioritarios  de  salud  pública  y para el desarrollo en la población colombiana de una cultura de la salud. 
•   Segmentación desigual e injusta de la población en multiplicidad de planes de  beneficio,  con  el  establecimiento  de  derechos  diferentes  para  cada segmento,  que  desdice  de  la  convicción  universal  y  de  la  doctrina constitucional   de   que   la   salud   es   un  derecho   fundamental   y   en consecuencia   igual   para   todas   las   personas   sin   distingos   étnicos, regionales, económicos, políticos o ideológicos.  
•   Fragmentación  de  la  prestación  de  atención  en  salud  a  los  pacientes, afectándose  el  principio  de  su  manejo  integral,  oportuno  y  digno,  y produciendo  la  insatisfacción  de  la  población  dados  los  riesgos  para  la salud y la vida que esto ha producido. 
•   Debilitamiento   de   la   red   hospitalaria   pública,   especialmente   en   su capacidad   resolutiva   y   en   sus   posibilidades   de   supervivencia,   al sometérsele  permanentemente  a  amenazas  y  presiones  financieras  que contradicen la esencia de servicio público que ellas deben tener. 
•   Retrocesos  en  la  descentralización  pactada  en  la  ley  100  de  1993, reflejados en leyes o decretos expedidos por el gobierno nacional que van en  detrimento  de  la  autonomía  municipal, disminuyendo  la  capacidad  de gestión frente  a  las  competencias  que como  autoridad  pública  tiene  para desempeñar  una  adecuada  función  en  el  Sistema  General  de  Seguridad Social en Salud. 
•   Interferencias indebidas en la autonomía intelectual de los profesionales de la salud y vulneración de su derecho al ejercicio ético de la profesión. 
•   Debilidad de las políticas orientadas a la planeación,  desarrollo  y cualificación del  talento humano necesario para la adecuada atención de los pacientes de acuerdo con el marco teórico de promoción de la salud e incorporación de los avances científicos y tecnológicos de las disciplinas de la salud.  
•   Desequilibrios  financieros  originados en la desviación y sustracción de recursos por vía de la corrupción, en los altos costos de la intermediación, en la reducción de transferencias de la nación a los entes territoriales, en la utilización de recursos del FOSYGA en Títulos de Tesorería por parte del gobierno  nacional  y  en  el  incumplimiento  de  pagos  por  parte  de  las Entidades Promotoras de Salud a las Empresas Sociales del Estado e IPS.  
•   Desviación por parte de las entidades recaudadoras y administradoras de los   recursos   del   sector, de los dineros recibidos  por  concepto de cotizaciones, confundiendo los recaudos parafiscales con ingresos propios, dando  destinación  indebida a dineros del  Estado  en  contravía  con  la Constitución, la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina. 
 
Consideramos que el país debe abocar colectivamente el diseño de un sistema de salud que no solamente resuelva las grandes falencias identificadas, sino también que  consiga el apoyo y la  aceptación de  los ciudadanos como garantía para avanzar consistentemente en el  mejoramiento de las condiciones  de  bienestar  y de salud de la población.  
 
Este ultimo propósito no parece posible si el Gobierno Nacional y el Congreso de la  República se empeñaran en hacer retoques precipitados  -y con la  exclusiva discusión en círculos cerrados – a la normatividad actual del sistema, desconociendo  el reclamo ciudadano de que se avance en discusiones  amplias conducentes a la realización de transformaciones fundamentales a la filosofía y a la arquitectura del modelo de salud que se instituyó bajo la normatividad de la ley 100 de1993. 
 
Nuestra  propuesta es que el alto gobierno y el Ministerio que Usted  preside organicen un amplio  proceso  de  discusión, en el que participen vivamente la academia, la sociedad  civil,  los  pacientes  y  afiliados  al  Sistema  de  Seguridad Social  en  Salud,  las Entidades Promotoras  de  Salud,  las  IPS  privadas, las Empresas Sociales del Estado, los gobiernos departamentales y municipales, el Congreso de la República y  el Gobierno  Nacional,  para  la  realización  de  un proceso de Concertación Social  que defina los fundamentos conceptuales que deben presidir el sistema de salud, redefina los roles de cada uno de los actores y acuerde  los  elementos  sustanciales de la arquitectura del sistema en estos aspectos:  
 
i.  Regulación  del  sistema;  ii.  Financiación  del sistema;  iii.  Gestión  del sistema; iv. Prestación, acceso y uso de los servicios de salud.  
 
Consideramos  que  un  plausible  punto  de  partida  para  iniciar  la  discusión  y  el proceso de concertación social que sugerimos, es la adopción de los siguientes tres principios como fundamentos conceptuales del sistema de salud: 
 
1.  La  salud  es  un  derecho  humano  fundamental  directamente  vinculado con  la  dignidad  de  las  personas  y  debe  presidir  la  organización  del sistema de salud y la disposición de los servicios. 
2.  El Estado es el responsable de la gobernabilidad del sistema de salud y debe   interponer   las   acciones   positivas   necesarias   para   que   la representación  del  interés  colectivo  que  él  significa  no  sea  derivado  a ninguno de los actores del sistema. 
3.  El  concepto  de  sistema  de  salud  trasciende  la  sola  disposición  de servicios asistenciales y comprende la adecuada formación y desarrollo de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de bienestar y de salud de los colectivos poblacionales.  
 
Augurando  que  su  gestión  sea  muy  exitosa,  esperamos  que  se  den  adecuadas respuestas a nuestros puntos de vista y a los de otras organizaciones y personas que  igualmente pueden aportar   significativamente   al   objetivo   de   diseñar instituciones  que  respondan  al  clamor  democrático  de  superar  las  iniquidades  y que  contribuyan  al  logro  de  las  metas  del  desarrollo  social  con  justicia  y empoderamiento de los sectores sociales aún postergados. 
 
 Carta a Minproteccion Social Uniantioquia y ACESI 2010

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Minsalud fija fecha para que EPS cumplan con las condiciones de habilitación

Minsalud fija nuevas fechas para que las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud cumplan con las condiciones de habilitación.

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Con un proyecto de Decreto se ajustaría la normativa 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, la cual reguló lo atinente a la autorización de funcionamiento y las condiciones de habilitación y permanencia de las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud y  fijó el término para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, en concordancia con lo que regulará para el efecto el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Sin embargo, debido a la emergencia sanitaría y a las condiciones epidemiológicas, presentadas en el país, las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud no han podido cumplir a cabalidad con las condiciones de habilitación previstas en las normas que han venido regulando en esta materia. En consecuencia, y teniendo en cuenta la progresividad en las condiciones de habilitación, el Minsalud ajustó  una nueva  fecha para su cumplimiento.

Plazo para el cumplimiento de las condiciones de habilitación

En esta línea, las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación previstas a más tardar el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones.

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A partir del 1º de enero de 2022, las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación de que trata el presente capítulo. La Superintendencia Nacional de Salud realizará la verificación de las condiciones de habilitación de acuerdo con los procedimientos, instrucciones y herramientas que para el efecto expida.

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Nuevos ajustes para la generación de datos e información de los servicios de salud prestados

Con un nuevo proyecto se modificaría los datos e información que deben reportar los diferentes actores del sistema en relación con los servicios y tecnologías de salud prestados.

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Con un proyecto de resolución el Ministerio de Salud y Protección Social ha propuesto la modificación de la normativa 3374 del año 2000, la cual había reglamentado los datos básicos que debían reportar  los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud.

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Sin embargo, según la nueva propuesta del Ministerio de Salud y Protección Social se hace necesario modificar la resolución 3374 de 2000 con el fin de que esta responda a los requerimientos actuales de información del Sistema de Salud colombiano y apoye los procesos de gestión: clínica, salud pública, riesgo individual, riesgo colectivo, administrativos y financieros, estudios e investigaciones y todos aquellos estudios relacionados con la prestación de servicios de salud.

Así mismo, se hace necesario determinar los datos que deben reportar los diferentes actores en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas a la población, así como las reglas de validación que deben aplicarse a los mismos.

Según el nuevo proyecto las anteriores disposiciones son aplicables a las siguientes entidades:

  1. Los prestadores de servicios de salud.
  2. Los laboratorios de salud pública.
  3. Los operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
  4. Las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud, las entidades especiales y las de los regímenes de excepción.
  5. Las secretarías, institutos, direcciones y unidades administrativas, departamentales, distritales y locales de salud.
  6. Las compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), planes voluntarios de salud o cualquier otra protección en salud.
  7. Las administradoras de riesgos laborales (ARL).
  8. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
  9. Las demás entidades que en el marco de sus funciones constitucionales o legales deban entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) al Sistema de Salud colombiano.

De igual manera, las anteriores entidades deben utilizar los mismos datos básicos que se refieren a la transacción, al servicio y al valor facturado así:

1. Datos relativos a la transacción

2. Datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados:

  • Datos de identificación de usuarios
  • Datos de las consultas
  • Datos de los procedimientos
  • Datos de la urgencia con observación
  • Datos de hospitalización
  • Datos de recién nacidos
  • Datos de otros servicios
  • Datos de medicamentos

Cabe mencionar que dichas entidades estarán obligados a reportar los Registros Individuales de Prestación de Servicios y Tecnologías de Salud (RIPS) de todas las atenciones de salud realizadas, así como  también deberán enviar los soporte de la factura electrónica de venta de las mismas a la entidad responsable de pago, atendiendo a las especificaciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Flujo y reporte de datos

No obstante, los obligados a reportar deberán enviar los RIPS al Ministerio de Salud y Protección Social para la validación de los datos. Una vez superada la validación el ministerio acreditará la validación de RIPS con destino a las partes, y dispondrá en el repositorio institucional los RIPS con validación previa a las entidades responsables de pago (ERP). El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá el mecanismo tecnológico para la validación única de los datos y la entrega del resultado de esta.

Fechas para el flujo de datos

Finalmente, el documento estipula que dichas entidades enunciadas tendrán hasta el 30 de junio de 2021 para realizar las adecuaciones necesarias para entregar los RIPS de acuerdo con las estructuras definidas por el Minsalud. A partir del 1 de julio de 2021, los RIPS deben ser entregados conforme al anexo técnico 1  que usted podrá descargar al final de este artículo, sin embargo, mientras se cumple este plazo los RIPS deberán ser entregados en las estructuras definidas en la Resolución 3374 de 2000 y demás normas relacionadas.

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Esta sería la clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS- para el 2021

EL Ministerio de Salud emitió el borrador del documento con la clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS-.

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Esta sería la clasificación CUPS para el 2021

El Ministerio de Salud emitió el borrador de la resolución que establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS- para el próximo año. En este documento se incluyen 7 anexos técnicos:

  • Anexo Técnico 1 “Manual de uso”
  • Anexo Técnico 2 “Lista tabular”
  • Anexo Técnico 3 “Códigos especiales para reporte población indígena”
  • Anexo Técnico 4 “Códigos para el reporte de otras prestaciones en salud”
  • Anexo Técnico 5 “Códigos para el reporte de información de intervenciones colectivas”
  • Anexo Técnico 6 “Códigos para el reporte de información de gestión en salud pública”
  • Anexo Técnico 7 “Códigos para el reporte de procedimientos e intervenciones sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo”

Recordemos, que los CUPS son el ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos en salud que se realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y estandarización de datos utilizando para tal efecto la identificación por un código y una descripción validada por los expertos del país, independientemente de la profesión o disciplina del sector salud que los realice, así como del ámbito de realización de los mismos.

También se establece que en caso de que los procedimientos en salud de la CUPS requieran el uso de dispositivos médicos, estos se considerarán inherentes al procedimiento que lo origina, lo que permite garantizar la prestación del servicio de salud que el médico o profesional tratante determine necesario, en desarrollo de su autonomía profesional.

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Obligatoriedad de la CUPS

Es preciso mencionar, que las EPS de ambos regímenes, las entidades adaptadas, las entidades que administran planes voluntarios de salud, las IPS, la ADRES, las compañías que expidan SOAT, las entidades de regímenes especiales y de excepción así como los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema deberán aplicar la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS en todos los procesos del sector que, impliquen identificación y denominación de los procedimientos en salud, en todo el territorio Nacional.

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o la entidad que haga sus veces, efectuarán la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones aquí previstas, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, atribuidas a las demás autoridades competentes, de conformidad con las normas legales vigentes.

DOCUMENTO ADJUNTO

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