Carta a Minprotección Social

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 Olga Lucía Zuluaga. Directora Ejecutiva ACESI.

Cordial y respetuoso saludo. 

Quienes firmamos este documento en  nombre  de  las  instituciones y organizaciones que representamos, queremos pedirle que  acepte compartirle nuestros puntos de vista acerca de temas relativos al  Ministerio que Usted conduce. Lo hacemos precisamente apenas comienza su gestión, con la expresa intención de que podamos mantener permanentemente un diálogo fructífero sobre  temas que nos comprometen mutuamente con la población del país.   
 
Los ciudadanos colombianos han identificado que los asuntos relativos al sistema de salud constituyen una de sus más importantes preocupaciones, al lado de los problemas  relativos  al  empleo. No nos cabe duda de que el nuevo gobierno nacional comprende bien este sentir ciudadano y que actuará en consecuencia. 

 
Así  las  cosas,  el  Ministerio  de  la  Protección  Social  tiene  por  delante  la  altísima responsabilidad  de  orientar  la  formación  y  el  desarrollo  de  las  políticas  que superen los altos niveles de desempleo, los elevados índices de empleo informal, la progresiva precarización de las condiciones laborales y salariales, así como la gravísima y prolongada crisis de la salud pública y del sistema de seguridad social en salud. 
 
La amplia discusión pública producida con motivo de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la “Emergencia Social en Salud” en diciembre del año 2009 y  que  finalmente  fue  considerada  inconstitucional  por  la  Corte  Constitucional, evidenció  posturas significativas  de  instituciones  académicas,  de  grupos  de investigación, de gerentes y juntas directivas de hospitales públicos y privados, de organizaciones de la sociedad civil y especialmente de los pacientes y afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, que a nuestro juicio deben ser tenidas en consideración con todo cuidado por el Gobierno y por Usted como Ministro.  
 
Sin  ninguna  duda, este  conjunto de  voces expresó  su  gran  insatisfacción  con  la evidente acumulación de dificultades derivadas de aspectos como los siguientes: 
 
•   Debilitamiento de la función rectora del Estado sobre el sistema de salud y   en  consecuencia  la  generación  de  una  alta  permisividad  para  que  las Entidades  Promotoras  de  Salud  hayan  asumido  un  poder  dominante  en detrimento  de  los  intereses  y necesidades  de  los  demás  actores  del sistema. 
•   Persistencia  de  altos  niveles  de  corrupción,  evasión  y  elusión,  sin  que  la Superintendencia   Nacional   de   Salud   haya   tenido   la   capacidad   para interponer efectivos frenos a estos desbordamientos.  
•   Pérdida  de  la  convicción  de  que  el  país  requiere  planes  de  salud  para  el mediano  y  largo  plazo,  con  definición  de  metas  y  objetivos  de  salud  y bienestar para la población. 
•  Debilitamiento de las políticas de salud pública, en correspondencia con un énfasis casi total en los aspectos financieros y asistencialistas del sistema, que  ha  impedido  planificar  e  implementar  acciones  con  metas  de  largo plazo  para  el  efectivo  control  de  problemas  prioritarios  de  salud  pública  y para el desarrollo en la población colombiana de una cultura de la salud. 
•   Segmentación desigual e injusta de la población en multiplicidad de planes de  beneficio,  con  el  establecimiento  de  derechos  diferentes  para  cada segmento,  que  desdice  de  la  convicción  universal  y  de  la  doctrina constitucional   de   que   la   salud   es   un  derecho   fundamental   y   en consecuencia   igual   para   todas   las   personas   sin   distingos   étnicos, regionales, económicos, políticos o ideológicos.  
•   Fragmentación  de  la  prestación  de  atención  en  salud  a  los  pacientes, afectándose  el  principio  de  su  manejo  integral,  oportuno  y  digno,  y produciendo  la  insatisfacción  de  la  población  dados  los  riesgos  para  la salud y la vida que esto ha producido. 
•   Debilitamiento   de   la   red   hospitalaria   pública,   especialmente   en   su capacidad   resolutiva   y   en   sus   posibilidades   de   supervivencia,   al sometérsele  permanentemente  a  amenazas  y  presiones  financieras  que contradicen la esencia de servicio público que ellas deben tener. 
•   Retrocesos  en  la  descentralización  pactada  en  la  ley  100  de  1993, reflejados en leyes o decretos expedidos por el gobierno nacional que van en  detrimento  de  la  autonomía  municipal, disminuyendo  la  capacidad  de gestión frente  a  las  competencias  que como  autoridad  pública  tiene  para desempeñar  una  adecuada  función  en  el  Sistema  General  de  Seguridad Social en Salud. 
•   Interferencias indebidas en la autonomía intelectual de los profesionales de la salud y vulneración de su derecho al ejercicio ético de la profesión. 
•   Debilidad de las políticas orientadas a la planeación,  desarrollo  y cualificación del  talento humano necesario para la adecuada atención de los pacientes de acuerdo con el marco teórico de promoción de la salud e incorporación de los avances científicos y tecnológicos de las disciplinas de la salud.  
•   Desequilibrios  financieros  originados en la desviación y sustracción de recursos por vía de la corrupción, en los altos costos de la intermediación, en la reducción de transferencias de la nación a los entes territoriales, en la utilización de recursos del FOSYGA en Títulos de Tesorería por parte del gobierno  nacional  y  en  el  incumplimiento  de  pagos  por  parte  de  las Entidades Promotoras de Salud a las Empresas Sociales del Estado e IPS.  
•   Desviación por parte de las entidades recaudadoras y administradoras de los   recursos   del   sector, de los dineros recibidos  por  concepto de cotizaciones, confundiendo los recaudos parafiscales con ingresos propios, dando  destinación  indebida a dineros del  Estado  en  contravía  con  la Constitución, la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina. 
 
Consideramos que el país debe abocar colectivamente el diseño de un sistema de salud que no solamente resuelva las grandes falencias identificadas, sino también que  consiga el apoyo y la  aceptación de  los ciudadanos como garantía para avanzar consistentemente en el  mejoramiento de las condiciones  de  bienestar  y de salud de la población.  
 
Este ultimo propósito no parece posible si el Gobierno Nacional y el Congreso de la  República se empeñaran en hacer retoques precipitados  -y con la  exclusiva discusión en círculos cerrados – a la normatividad actual del sistema, desconociendo  el reclamo ciudadano de que se avance en discusiones  amplias conducentes a la realización de transformaciones fundamentales a la filosofía y a la arquitectura del modelo de salud que se instituyó bajo la normatividad de la ley 100 de1993. 
 
Nuestra  propuesta es que el alto gobierno y el Ministerio que Usted  preside organicen un amplio  proceso  de  discusión, en el que participen vivamente la academia, la sociedad  civil,  los  pacientes  y  afiliados  al  Sistema  de  Seguridad Social  en  Salud,  las Entidades Promotoras  de  Salud,  las  IPS  privadas, las Empresas Sociales del Estado, los gobiernos departamentales y municipales, el Congreso de la República y  el Gobierno  Nacional,  para  la  realización  de  un proceso de Concertación Social  que defina los fundamentos conceptuales que deben presidir el sistema de salud, redefina los roles de cada uno de los actores y acuerde  los  elementos  sustanciales de la arquitectura del sistema en estos aspectos:  
 
i.  Regulación  del  sistema;  ii.  Financiación  del sistema;  iii.  Gestión  del sistema; iv. Prestación, acceso y uso de los servicios de salud.  
 
Consideramos  que  un  plausible  punto  de  partida  para  iniciar  la  discusión  y  el proceso de concertación social que sugerimos, es la adopción de los siguientes tres principios como fundamentos conceptuales del sistema de salud: 
 
1.  La  salud  es  un  derecho  humano  fundamental  directamente  vinculado con  la  dignidad  de  las  personas  y  debe  presidir  la  organización  del sistema de salud y la disposición de los servicios. 
2.  El Estado es el responsable de la gobernabilidad del sistema de salud y debe   interponer   las   acciones   positivas   necesarias   para   que   la representación  del  interés  colectivo  que  él  significa  no  sea  derivado  a ninguno de los actores del sistema. 
3.  El  concepto  de  sistema  de  salud  trasciende  la  sola  disposición  de servicios asistenciales y comprende la adecuada formación y desarrollo de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de bienestar y de salud de los colectivos poblacionales.  
 
Augurando  que  su  gestión  sea  muy  exitosa,  esperamos  que  se  den  adecuadas respuestas a nuestros puntos de vista y a los de otras organizaciones y personas que  igualmente pueden aportar   significativamente   al   objetivo   de   diseñar instituciones  que  respondan  al  clamor  democrático  de  superar  las  iniquidades  y que  contribuyan  al  logro  de  las  metas  del  desarrollo  social  con  justicia  y empoderamiento de los sectores sociales aún postergados. 
 
 Carta a Minproteccion Social Uniantioquia y ACESI 2010

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