El sistema de salud colombiano enfrenta un nuevo desafío para 2025 con el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), definido por la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024. Este aumento, cuestionado por gremios y expertos, ha generado preocupación en torno a su impacto en la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad de los servicios de salud. Mientras la crisis económica del sector persiste, las voces del sector señalan una falta de rigor técnico en la metodología empleada para determinar este ajuste, lo que podría agravar aún más la situación fiscal del país.
El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero Virrareal, presentó un Derecho de Petición solicitando la Revocatoria Directa de la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, la cual establece el nuevo valor de la Unidad de Pago por Capitación.
La advertencia de la Corte Constitucional
La insuficiencia de la UPC no es un problema reciente. En el Auto de 2024, la Corte Constitucional advirtió sobre el desajuste financiero acumulado y ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) establecer una metodología técnica y sustentada para determinar el valor de la UPC. Sin embargo, las críticas apuntan a que esta directriz no se cumplió cabalmente Para la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, “MinSalud pudo haber previsto esta situación y tomado medidas previas para no llegar a final del año sin la información requerida”.
Además, el incumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo en lo referente a la publicación previa de proyectos de regulación específica ha suscitado inquietudes adicionales. La falta de un espacio para observaciones públicas obligatorias contraviene los principios de transparencia y participación, lo que lleva a cuestionar la legitimidad del proceso regulatorio que sustentó la resolución.
Impacto económico y déficit proyectado por la UPC
El aumento del 5,36% en la UPC ha sido calificado como insuficiente para cubrir el costo real de la atención en salud. De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), esta cifra generará un déficit estimado de 10,4 billones de pesos para 2025. Este panorama agrava la ya delicada situación financiera del sector salud, afectando directamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), hospitales públicos, Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas y su personal.
Un factor adicional que complica el escenario es el aumento del salario mínimo en un 9,5%, frente al cual el 10% de la UPC destinado a gastos administrativos resulta insuficiente para cubrir los costos laborales asociados. Esto, según expertos, compromete no solo la estabilidad de las instituciones, sino también la calidad del servicio que estas pueden ofrecer.
Revocatoria y solicitud de mayor transparencia
Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas presentó un Derecho de Petición en el que solicita la revocatoria directa de la Resolución 2717 de 2024. En el documento, el gremio argumenta que los elementos técnicos utilizados por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de la Operación del Aseguramiento en Salud para definir el incremento son “no confiables”. Esta evaluación también fue respaldada por el Viceministerio de Protección Social.
“El aumento del 5,36% calculado para la UPC en 2025 está por debajo del costo real de una atención en salud. De esta forma, es insostenible para el Talento Humano en Salud del país y para el sistema mismo ofrecer un servicio de calidad a todos los colombianos”, afirmó Quintero Virrareal.
En su comunicación al MinSalud, la Asociación exigió la entrega de los estudios previos que respaldaron este incremento para ser analizados por los actores del sistema. La revisión de estas bases técnicas es vista como un paso crucial para fundamentar un reajuste que atienda las necesidades reales del sector.
Llamado a la acción para evitar una crisis mayor
La crisis financiera del sector salud en Colombia requiere una atención inmediata y coordinada entre los actores clave. Según los expertos, el riesgo de desfinanciar aún más el sistema podría derivar en barreras de acceso y calidad para los usuarios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Es indispensable que el Ministerio de Salud ajuste la metodología para determinar la UPC basándose en estudios técnicos sólidos que reflejen la realidad del sector. Esto permitirá no solo evitar un déficit fiscal mayor, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
