La solicitud de aumento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) presentada por agremiaciones como ACEMI y la ANDI reabrió el debate sobre la financiación del sistema de salud en Colombia. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social sostiene que los recursos no son insuficientes y que la crisis obedece, principalmente, al manejo inadecuado e irresponsable de los recursos públicos por parte de las EPS.
El cálculo de la UPC y la posición oficial del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se realiza con base en la información de costos y servicios reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según la autoridad sanitaria, este proceso se desarrolla de manera rigurosa y contempla todos los factores necesarios para garantizar recursos suficientes para el aseguramiento en salud de los colombianos.
En su calidad de ente rector, el Ministerio señaló que no reconoce ni valida las solicitudes de aumento porcentual de la UPC planteadas por agremiaciones como ACEMI y la ANDI, las cuales se sustentan en argumentos como la siniestralidad, rezagos financieros y supuesta eliminación de datos. Para la cartera de Salud, estos planteamientos desconocen los análisis oficiales y no reflejan la realidad del flujo y uso de los recursos del sistema.
La propuesta de aumento de la UPC y los argumentos de ACEMI y la ANDI
Quienes representan los intereses empresariales de las EPS, particularmente ACEMI y la ANDI, han insistido en que los recursos destinados a la salud son insuficientes y han propuesto un incremento de la UPC entre el 15 % y el 17 %. Bajo esta premisa, sostienen que el sistema enfrenta una crisis de financiamiento y que las EPS operan en números rojos debido a una UPC que no cubre los costos reales de la atención.
En comunicados de prensa, la ANDI ha afirmado que el aumento de la UPC es indispensable para estabilizar el sistema. No obstante, desde el Gobierno Nacional se cuestiona la consistencia de estos argumentos, al considerar que omiten elementos estructurales relacionados con la administración de los recursos y con antecedentes de incumplimientos por parte de los mismos actores que hoy reclaman mayores giros públicos.
Incumplimientos históricos y su impacto fiscal
Uno de los puntos más críticos señalados por el Gobierno es que los empresarios que hoy exigen un aumento de la UPC dejaron de pagar el aporte patronal a la salud de los trabajadores desde 2014. Este incumplimiento generó un vacío financiero significativo que tuvo que ser cubierto por el Estado.
Como consecuencia, el erario público debió destinar más de 32 billones de pesos adicionales, recursos que actualmente son asumidos por los ciudadanos a través de impuestos. Para el Ministerio de Salud, resulta inaceptable que quienes no cumplieron con sus obligaciones legales ahora reclamen más recursos públicos sin asumir responsabilidades por los impactos generados.
Hallazgos oficiales sobre el uso indebido de recursos de las EPS
Contrario a la narrativa de desfinanciamiento planteada por ACEMI y la ANDI, el Gobierno Nacional ha identificado fallas estructurales derivadas del uso indebido de los recursos por parte de las EPS. Durante más de dos décadas, diferentes administraciones se han visto obligadas a intervenir o liquidar EPS por falta de solvencia económica, lo que evidencia problemas persistentes de gestión y control.
En cumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional, estudios recientes adelantados por el Gobierno revelaron hechos de especial gravedad. Entre ellos, se identificaron pagos por prestación de servicios a personas fallecidas por más de 2,3 billones de pesos, así como sobrecostos extremos en medicamentos, con tratamientos de bajo costo facturados hasta cientos de veces por encima de su valor real.
Estas prácticas, ya puestas en conocimiento de los organismos de control, configuran posibles responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias, y refuerzan la tesis oficial de que la crisis del sistema no se explica por falta de recursos, sino por su desvío y despilfarro.
Ejecución de la UPC y desmontaje de la narrativa de siniestralidad
Los análisis oficiales del Ministerio de Salud indican que, de cada 100 pesos asignados por UPC, las EPS ejecutan entre 85 y 97 pesos. Estas cifras desmienten la afirmación de una siniestralidad desbordada y muestran que el gasto no supera los recursos transferidos.
Desde la perspectiva gubernamental, insistir en una supuesta insuficiencia estructural de la UPC resulta engañoso y busca instalar una percepción de crisis financiera inexistente, con el objetivo de justificar mayores giros de recursos públicos sin corregir las prácticas que han deteriorado la confianza en el sistema.
Antecedentes judiciales y seguimientos institucionales
El debate actual no es aislado. Existen sentencias judiciales y antecedentes ampliamente documentados, como las condenas a exdirectivos de SaludCoop, por prácticas como el cobro de sobrecostos, el ocultamiento de facturas y el pago por servicios a personas fallecidas. Estos casos motivaron seguimientos especiales de la Corte Constitucional y confirman que las irregularidades no son hechos esporádicos.
En este contexto, el Gobierno considera que proponer un aumento desproporcionado de la UPC, basado en análisis parciales y en el uso selectivo de información oficial, puede inducir a error a la institucionalidad del Estado y debe ser objeto de escrutinio por parte de las autoridades competentes.
Inversión pública en salud y el foco del debate estructural
Desde 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social argumentaron que se ha ejecutado la mayor inversión en salud de los últimos 20 años. Más de 8 billones de pesos han sido destinados a infraestructura, dotación, equipos básicos, transporte asistencial y programas de promoción y atención primaria, con énfasis en regiones históricamente desatendidas.
Este esfuerzo se explica por un incremento real superior a 25 billones de pesos por encima de la inflación y por el aumento de 1,4 puntos del PIB del Presupuesto General de la Nación destinado a salud. Para el Gobierno, la insistencia de ACEMI y la ANDI en aumentar la UPC no responde a la garantía del derecho fundamental a la salud, sino a la preservación de un modelo que ha permitido el uso indebido de recursos públicos.
