Al inicio de la semana se instalaron las mesas de diálogo de la Comisión Accidental; encuentros comenzaron con el abordaje de la situación financiera y aspectos logísticos del sistema. Uno de los actores participantes fue ACEMI, gremio de las EPS del régimen contributivo, formulando varias preguntas críticas sobre la sostenibilidad y viabilidad de la reforma a la salud que se plantea.
De acuerdo con Mario Cruz, vicepresidente técnico y de estudios, los siguientes son los desafíos que la iniciativa gubernamental no responde o sobre los que el articulado no proporciona claridad, en especial frente a los procesos futuros. En total, se trata de 8 desafíos operativos y logísticos que compartimos con los lectores de CONSULTORSALUD:
Crisis financiera actual: en los últimos años, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han enfrentado dificultades financieras evidentes, reflejando un claro déficit en sus registros contables. Cruz afirmó que esta situación se debe a múltiples factores, entre los que se incluyen la pandemia de COVID-19, la expansión del plan de beneficios en 2022 y problemas en la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Así, señaló que la siniestralidad demuestra que las EPS están gastando más de lo que ingresan, lo que pone de manifiesto las restricciones presupuestarias del sistema.
Falta de recursos para la reforma: el vicepresidente técnico de ACEMI advirtió que la reforma sugerida adolece de un financiamiento integral y que el Ministerio de Salud ha proyectado un déficit para el año 2024. Hizo hincapié en la falta de recursos para llevar a cabo en su totalidad la reforma, lo cual abarca la implementación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y otros componentes del sistema de salud.
“No está la plata para los CAPS, no está la plata para los equipos extramurales, pidieron cinco billones y no les dieron ni un solo peso. No tenemos la plata de los presupuestos máximos, es decir, aquella que financia todo el gasto no-PBS”, señaló Cruz.
Tiempo insuficiente para la transición entre sistemas: ACEMI resalta que el período de dos años resulta inadecuado para llevar a cabo la transición planteada en la reforma, particularmente en lo concerniente a la creación de 2,500 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la puesta en marcha de un sistema único de información de salud.
“Un solo año para construir un sistema público y único de información. Es irrealizable. Países como Inglaterra, que han intentado construir un sistema único, se han tomado más de 10 años, han invertido decenas de miles de millones de libras para hacerlo. A la vuelta de un año parece absolutamente improbable”.
Proceso liquidatorio de las EPS: Mario Cruz, delegado de ACEMI en la Comisión Accidental, resaltó que el proceso de cierre de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no es tan sencillo como podría parecer, debido a las obligaciones contractuales con proveedores de servicios y empleados involucrados. Sostuvo que esto requerirá una inversión adicional de tiempo y recursos.
“Luego, habrá que mirar si con el sistema de incentivos que existe tengamos la entrada de capital privado, además, que esté interesado a apostarle a la figura de las gestoras”, concluyó.
Otros de los elementos expuestos por ACEMI
En las observaciones a la reforma a la salud, ACEMI presentó otros factores que se deberían replantear en el articulado:
El representante de ACEMI hizo hincapié en el acelerado proceso de envejecimiento de la población en Colombia, lo cual incrementa la carga de enfermedades y la demanda de atención médica, especialmente en personas mayores de 40 años. Según Cruz, esto repercute directamente en los costos del sistema de salud: “A partir de los 40 años, y aún más después de los 50, el uso de servicios de salud se incrementa notablemente, lo que se traduce en una mayor carga de enfermedades en la población”.
Adicionalmente, y en representación de las EPS del contributivo, Cruz manifestó su preocupación frente a la eliminación de los planes complementarios. Esto afectaría a cerca de 1,5 millones de ciudadanos de clase media que han tenido acceso a servicios de alta calidad a través de estos planes.
Y por último, la reforma a la salud tendría un impacto negativo en la empleabilidad. Actualmente más de 100,000 personas están empleadas en puestos formales en las Entidades Promotoras de Salud (EPS); por lo tanto, la desaparición de estas entidades podría tener repercusiones adversas en el empleo y la seguridad laboral de este grupo de trabajadores.
