El salario mínimo vital para 2026 quedó fijado de forma transitoria en $1.750.905 mensuales, con un incremento de 23% frente a 2025, mientras el Consejo de Estado define de fondo la legalidad del acto anterior. En paralelo, el presidente Gustavo Petro vinculó el debate salarial con el bloqueo legislativo de las reformas a la salud y pensión, y reactivó la discusión sobre el alcance constitucional de una “remuneración mínima, vital y móvil”.
Descargue el decreto 0159 al final del artículo .
Un decreto provisional para sostener el salario vital mientras avanza el proceso judicial
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0159 de 2026, por el cual se fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026, como respuesta a una orden judicial derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en un proceso de nulidad. De acuerdo con el propio decreto, el tribunal ordenó expedir y publicar un nuevo acto que fijara el porcentaje transitorio de aumento y su valor, y dispuso que la suspensión provisional del decreto previo operaría solo desde la publicación del nuevo acto.
El Decreto 0159 se presenta como un instrumento de continuidad y seguridad jurídica, con vigencia estrictamente transitoria “hasta tanto se dicte sentencia” en el proceso en curso, evitando un vacío normativo sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) durante 2026.
La cifra oficial: $1.750.905 y un aumento del 23% frente a 2025
El Decreto 0159 fija el SMMLV 2026 en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23% respecto de 2025 y un aumento nominal de $327.405.
En la intervención pública, el presidente Petro afirmó que el decreto provisional “sostendrá el aumento” anunciado previamente y lo relacionó con un “salario mínimo vital y móvil”.
Qué entiende el decreto por “salario vital y móvil” y por qué lo lleva al centro del debate
El decreto ancla su argumentación en el artículo 53 de la Constitución, que consagra como principio mínimo el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, y desarrolla que lo “vital” se asocia a la suficiencia del ingreso para contribuir a condiciones de vida dignas del trabajador y su núcleo familiar.
También plantea que la fijación del salario mínimo no se limita a criterios económicos: debe armonizarse con la función social de la empresa, la equidad y la justicia social en el marco del Estado Social de Derecho.
En esa lógica, el Gobierno sostiene que el decreto incorpora los parámetros previstos en la Ley 278 de 1996 y los criterios constitucionales desarrollados por la jurisprudencia, y que, además, debe permitir reconstruir de forma verificable los elementos que condujeron al porcentaje finalmente adoptado.
Los factores técnicos que el Gobierno expone para justificar el incremento
Dentro de la motivación, el decreto presenta una estructura que distingue el “piso” de preservación del poder adquisitivo y un componente real adicional. En su explicación metodológica, resume parámetros y fuentes utilizadas:
- Inflación esperada 2025 (Banco de la República, expectativas): 5,30%.
- Productividad total de factores (DANE, 3T 2025): 0,91%.
- Contribución de salarios al ingreso nacional (DANE): 2,81%.
- Contribución “mixta” ponderada (DANE): 1,65%.
- Crecimiento estimado PIB 2025: 2,90%.
El decreto agrega, además, un componente de cierre parcial de brecha asociado al “salario vital”, cuantificado en 9,4%, dentro de una ponderación en la que los parámetros de la Ley 278 aportan 13,6% (59%) y el cierre parcial de brecha 9,4% (41%), para un total de 23,0%.
Con base en esa integración, el acto administrativo reafirma que el salario mínimo fijado en diciembre ya venía aplicándose desde el 1 de enero de 2026, y que ello configuró situaciones jurídicas consolidadas que se consideraron al momento de fijar el porcentaje transitorio.
Petro vincula el salario vital con el bloqueo de las reformas a la salud y pensión
El presidente Petro conectó el anuncio del decreto del salario vital con la falta de avance de dos reformas importantes de su Gobierno: la reforma a la salud y la reforma pensional. En su intervención, afirmó que la reforma a la salud permanece detenida en el Congreso y planteó que, para avanzar, se requeriría una ley que modifique el rol de las EPS en el sistema. También expresó preocupación por el tiempo transcurrido sin decisión de fondo sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional y sostuvo que la demora tendría efectos sobre el acceso oportuno al derecho a la pensión.
Descarga el decreto 0159 aquí:
