Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 propone revisar la UPC, sanear deudas de EPS e IPS y evaluar condiciones de aseguramiento territorial

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El futuro de la financiación, la organización de los servicios y las capacidades del sistema de salud forma parte de la discusión abierta por las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030. Conozca las propuestas que estructuran la agenda sanitaria y los asuntos que deberán definirse durante su trámite.
Plan Nacional de Desarrollo 2026 2030 propone revisar la UPC, sanear deudas de EPS e IPS y evaluar condiciones de aseguramiento territorial

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, denominado Colombia, la Patria Milagro, ante el Congreso de la República y el Consejo Nacional de Planeación (CNP). Para el sector salud, la propuesta incluye revisar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ajustar los presupuestos máximos, establecer mecanismos de saneamiento financiero para EPS e IPS y evaluar condiciones diferenciadas de aseguramiento territorial. También contempla intervenciones en medicamentos, infraestructura hospitalaria, talento humano y transformación digital.

La presentación se realizó después de la aprobación de las bases por el gabinete ministerial en sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Las principales medidas sanitarias se concentran en el eje Milagro Social, que articula la recuperación financiera con el fortalecimiento de la prestación de servicios y la prevención de enfermedades. Otras iniciativas amplían su alcance hacia los sistemas de cuidado, la atención de poblaciones vulnerables, la salud de la Fuerza Pública y la reconstrucción de infraestructura afectada por desastres.

Las dificultades de acceso y financiación marcan el panorama del sistema de salud

La elevada cobertura de aseguramiento en Colombia contrasta con las dificultades que enfrentan los usuarios para recibir medicamentos y acceder oportunamente a los servicios. A esta situación se suman las presiones financieras de las EPS, las obligaciones pendientes con prestadores y proveedores y las desigualdades territoriales en la oferta asistencial. Estas condiciones constituyen el punto de partida de las medidas planteadas para recuperar la capacidad de respuesta del sistema.

Principales indicadores del sistema de salud colombiano

IndicadorResultado
Afiliación al sistema de salud98,32 % a agosto de 2026
Entrega completa de medicamentos por cuenta de las EPS53,1 % en 2025, frente al 65 % en 2024
Personas que acudieron a su EPS por problemas de salud sin hospitalización56,8 % en 2025, frente al 63,3 % en 2024
Acciones de tutela en saludIncremento del 18 % entre 2024 y 2025
Pasivos reportados por las EPS$40,3 billones a junio de 2026
Patrimonio negativo acumulado$18,7 billones, excluyendo a Nueva EPS
Población asegurada en las siete EPS intervenidas consideradas en el diagnóstico42,3 %

Las brechas también se reflejan en los resultados sanitarios. Durante 2025, la mortalidad infantil fue de 10,2 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en centros poblados y zonas rurales dispersas superaba en un 44,2 % la registrada en cabeceras municipales. Las enfermedades cardiovasculares continuaron como primera causa de defunción, con una tasa preliminar de 92,7 por cada 100.000 habitantes. Estas diferencias muestran la necesidad de intervenir tanto la financiación como la disponibilidad y capacidad de los servicios.

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La UPC y los presupuestos máximos entrarían en revisión para fortalecer la financiación

Frente a las presiones económicas, el Ministerio de Salud y Protección Social plantea revisar los mecanismos de asignación y reconocimiento de recursos. La propuesta incluye modificar la metodología de cálculo de la UPC y ajustar la medida temporal de presupuestos máximos, incluidos los beneficios a su cargo. También busca mejorar la eficiencia del gasto mediante nuevas modalidades de contratación, reconocimiento y pago de tecnologías sanitarias.

Las principales medidas financieras comprenden:

  • UPC: revisión de la metodología de cálculo y seguimiento a la destinación de los recursos.
  • Presupuestos máximos: evaluación y ajuste de la medida temporal y de los beneficios financiados.
  • Compras centralizadas: fortalecimiento de la negociación de medicamentos para enfermedades huérfanas y tecnologías de alto costo o con riesgos de suministro y pago.
  • Recobros: establecimiento de mecanismos para tecnologías de bajo valor terapéutico o servicios complementarios.
  • Nuevas tecnologías: desarrollo de instrumentos de reconocimiento y pago.
  • Prescripción responsable: promoción del uso racional de tecnologías con base en evidencia científica.
  • Contratación: impulso a pagos asociados al cumplimiento de resultados en salud, calidad y eficiencia.

A estos instrumentos se sumaría un mayor control del cumplimiento de las disposiciones sobre gastos administrativos de las EPS y la implementación de un Plan de Choque para restablecer el acceso oportuno a servicios y tecnologías. La intervención buscaría garantizar la continuidad de la atención y mejorar el flujo de recursos, aunque las bases todavía no establecen valores definitivos para los ajustes ni un cronograma específico de ejecución.

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El saneamiento financiero incluiría regímenes especiales para EPS e IPS

La revisión de los mecanismos de financiación estaría acompañada de medidas para atender las obligaciones acumuladas y los riesgos de insolvencia. Se propone fortalecer las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud en materia de supervisión financiera, actualizar las disposiciones contables sobre reconocimiento y deterioro de cartera y redefinir los criterios de solvencia de las reservas técnicas de las EPS.

Las entidades intervenidas o en riesgo de insolvencia podrían contar con regímenes especiales de saneamiento, acompañados de mecanismos de garantía y liquidez para atender obligaciones con prestadores y proveedores. También se buscaría mejorar la comparabilidad de la información financiera y facilitar modelos de contratación de riesgo compartido, con instrumentos orientados a preservar la continuidad del aseguramiento y la prestación.

Una de las iniciativas consiste en establecer un mecanismo excepcional para evaluar y reconocer obligaciones de la Nación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Su aplicación requeriría definir condiciones de pago y criterios de priorización y distribución de acreencias entre los actores. En paralelo, se fortalecerían los procesos de auditoría y recuperación de recursos administrados por la ADRES, sin determinar todavía montos definitivos ni beneficiarios específicos.

El aseguramiento territorial y las redes de prestación tendrían condiciones diferenciadas

La recuperación financiera constituye una parte de la respuesta, pero mejorar el acceso también exige fortalecer la organización de los servicios. Con ese propósito, la iniciativa Salud en las regiones plantea consolidar la Atención Primaria en Salud, ampliar la telemedicina y mejorar los mecanismos de referencia y contrarreferencia, especialmente en territorios donde la dispersión poblacional y la limitada oferta asistencial dificultan la continuidad de la atención.

En aseguramiento, se evaluarían condiciones diferenciadas de operación según la disponibilidad de redes, la oferta de prestadores, el perfil epidemiológico y la suficiencia financiera. La propuesta también incorpora modelos de atención centrados en familias y comunidades, así como acuerdos operativos e intercambio de información entre entidades territoriales, EPS y prestadores para articular la gestión individual del riesgo con las intervenciones colectivas.

Las redes se fortalecerían mediante alianzas entre instituciones públicas y privadas, incluidos esquemas de apoyo especializado como Hospital Padrino. El seguimiento contemplaría indicadores relacionados con citas especializadas, enfermedades crónicas, control prenatal y atención materno-perinatal, en articulación con el Plan Decenal de Salud Pública, las Rutas Integrales de Atención y el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

El talento humano y la infraestructura hospitalaria serían parte del fortalecimiento asistencial

La organización territorial estaría acompañada de medidas para mejorar la disponibilidad de profesionales y la capacidad instalada. Colombia cuenta con 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a 3,9 en promedio en los países de la OCDE, mientras que la disponibilidad de profesionales de enfermería es de 1,6 frente a 9,2 en ese mismo referente. Estas diferencias sustentan las propuestas de planificación, formación y permanencia del personal sanitario.

La implementación de la Política Pública de Talento Humano en Salud 2025–2035 incluiría el fortalecimiento de escenarios de práctica, la actualización de perfiles y competencias y la concertación de especialidades. También se promoverían condiciones de trabajo digno y seguro, prevención de violencias, atención de la salud mental e incentivos de permanencia territorial, junto con el fortalecimiento del ReTHUS y desarrollos sobre Servicio Social Obligatorio y formación continua.

En infraestructura, se priorizarían proyectos de construcción, ampliación, adecuación, modernización y recuperación de hospitales públicos, acompañados de renovación de equipos biomédicos y tecnológicos. También se buscaría recuperar obras con retrasos, suspensiones o dificultades financieras y contractuales, mediante mecanismos de seguimiento, transparencia y gestión de riesgos durante la ejecución de las inversiones.

El Sistema Nacional de Salud Digital incorporaría inteligencia artificial e interoperabilidad

El fortalecimiento de las redes de prestación también requeriría mejorar la circulación y utilización de la información. Para ello, el Ministerio de Salud, en articulación con el DNP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, plantea consolidar el Sistema Nacional de Salud Digital (SNSD), concebido como infraestructura pública digital del sector, con una autoridad encargada de orientar su gobernanza y los estándares de interoperabilidad.

El sistema se desarrollaría mediante siete componentes:

  • Interoperabilidad y conexión: integración e intercambio de información entre sistemas.
  • Dato único y analítica sectorial: consolidación de información para apoyar las decisiones.
  • Seguridad digital: protección de datos y fortalecimiento de la ciberseguridad.
  • Telesalud: utilización de tecnologías para reducir brechas territoriales.
  • Inteligencia artificial responsable: incorporación de herramientas digitales bajo criterios de gobernanza.
  • Servicios al ciudadano: modernización de plataformas y canales de atención.
  • Talento humano: fortalecimiento de las competencias digitales del personal sanitario.

Entre sus desarrollos se encuentran la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, la trazabilidad de la información y la disminución de reportes duplicados. También se contempla fortalecer la auditoría y el seguimiento del riesgo mediante datos sectoriales integrados, con mecanismos que faciliten el intercambio de información entre la atención clínica y los servicios de protección social y cuidado.

Medicamentos, vacunas y dispositivos médicos con estrategias de abastecimiento nacional

La disponibilidad de tecnologías sanitarias es otro componente de la capacidad de respuesta del sistema. La propuesta busca reducir la dependencia externa y las vulnerabilidades de abastecimiento mediante la identificación de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos e insumos estratégicos, considerando las necesidades de salud pública, los perfiles epidemiológicos y los riesgos asociados a las cadenas de suministro.

Para ello se promoverían alianzas entre entidades públicas, empresas y universidades destinadas a investigación, innovación, transferencia tecnológica y fortalecimiento de las capacidades nacionales de producción y almacenamiento. También se plantea reforzar la vigilancia sanitaria, la evaluación de tecnologías y el seguimiento del abastecimiento, aplicando criterios de calidad, seguridad, evidencia científica y valor terapéutico.

Estas iniciativas se articularían con la Política de Soberanía en la Producción para la Seguridad Sanitaria, establecida mediante la Resolución 1411 de 2022, y las políticas nacionales de ciencia, tecnología, innovación y reindustrialización. Los instrumentos de inversión, cooperación y adquisición quedarían sujetos a viabilidad técnica, jurídica y presupuestal, con el propósito de favorecer mejores condiciones de acceso y precio.

Atención sociosanitaria y servicios diferenciales para poblaciones prioritarias

Más allá de la atención hospitalaria, las bases incorporan intervenciones dirigidas a personas con necesidades de cuidado, rehabilitación y acompañamiento durante el curso de vida. Una de las propuestas es desarrollar el Sistema Nacional Sociosanitario, que integraría servicios de salud, protección social y cuidado mediante redes territoriales y un sistema de información interoperable denominado SINSSO.

Las principales líneas de atención diferencial incluyen:

  • Personas mayores: desarrollo de un modelo integral y comunitario para prevenir el deterioro físico y cognitivo, fortalecer la rehabilitación, los cuidados paliativos y la salud mental, y preservar la autonomía funcional.
  • Personas con discapacidad: rehabilitación basada en comunidad, orientación a cuidadores, acceso a ayudas técnicas y tecnologías de asistencia, y fortalecimiento de los apoyos para una vida independiente.
  • Mujeres: intervenciones de salud sexual y reproductiva, abordaje de la multimorbilidad, prevención y atención de violencias basadas en género y envejecimiento saludable.
  • Niños y adolescentes: atención en salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de la conducta suicida, junto con medidas de protección integral.
  • Pueblos y comunidades étnicas: modelos de salud propia e intercultural para pueblos indígenas, atención diferencial al pueblo Rrom y aplicación del enfoque étnico en salud pública para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La articulación de estas intervenciones se apoyaría en las redes territoriales y en mecanismos de atención diferenciada, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad o dependencia. Se busca que los servicios sanitarios se coordinen con las necesidades de cuidado y acompañamiento social, reconociendo las particularidades de cada población.

La formalización del cuidado y los sistemas de información ampliarían la protección social

La atención sociosanitaria estaría acompañada de medidas relacionadas con quienes proporcionan cuidados. El Ministerio del Trabajo plantea fortalecer la formación, certificación de competencias y formalización laboral de los servicios remunerados de cuidado, con prioridad en mujeres cuidadoras y personas vinculadas a actividades de alta informalidad. También se promoverían mecanismos de reconocimiento de experiencia, acceso a protección social e inspección de las condiciones laborales.

Para las personas con discapacidad y sus cuidadores, se contempla un programa nacional de apoyo orientado a reducir la vulnerabilidad, facilitar el acompañamiento psicosocial y fortalecer las redes familiares y comunitarias. La propuesta incluye formación para el cuidado y servicios de relevo y descanso, articulados con la oferta territorial y con el fondo establecido mediante la Ley 2456 de 2025, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

En protección de la niñez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, junto con el DNP y otras entidades, desarrollaría un Sistema Único de Información para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Este permitiría identificar el acceso a programas sociales y los riesgos de vulneración de derechos mediante registros nominales interoperables con el Registro Social de Hogares y herramientas de alerta temprana.

La iniciativa incorporaría inteligencia artificial para apoyar la prevención y el seguimiento territorial, así como mecanismos de trazabilidad de las intervenciones. De forma complementaria, se plantea fortalecer las rutas integrales de atención y la protección de niños y adolescentes frente a violencias, explotación, reclutamiento y otras vulneraciones, mediante una mayor articulación entre los sectores de salud, educación, justicia y protección social.

La prevención de la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria también hacen parte del PND

La agenda preventiva incorpora medidas para mejorar las condiciones nutricionales de la población. En 2025, el 21,1 % de los hogares colombianos experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 28,1 % registrado en 2022. Durante ese mismo año se notificaron 196 muertes por desnutrición en menores de cinco años, frente a 211 en 2024, con mayor concentración en Chocó, La Guajira y Cesar.

Para enfrentar estos riesgos se plantea fortalecer la valoración nutricional desde la gestación, promover la lactancia materna y mejorar la atención clínica y comunitaria de la desnutrición aguda. Estas acciones se complementarían con intervenciones relacionadas con agua potable y saneamiento básico, así como con medidas para facilitar el acceso de las familias a alimentos adecuados y nutritivos.

La estrategia alimentaria contempla cuatro frentes complementarios:

  • Abastecimiento territorial: fortalecimiento de la producción local, las compras públicas, los nodos logísticos agroalimentarios y los circuitos cortos de comercialización.
  • Alimentación escolar: continuidad del Programa de Alimentación Escolar durante periodos de transición y vacaciones.
  • Complementación nutricional: fortalecimiento de alimentos de alto valor nutricional y prevención de la anemia, el sobrepeso y la obesidad.
  • Hábitos saludables: alfabetización sanitaria, autocuidado y promoción de la actividad física mediante la iniciativa Colombia se mueve.

Las intervenciones se articularían entre los sectores de salud, educación, agricultura e inclusión social, con prioridad en territorios y poblaciones vulnerables. También se contempla fortalecer los sistemas de información y los mecanismos de seguimiento para mejorar la focalización de las acciones nutricionales y la coordinación institucional.

Salud familiar, prevención del consumo de sustancias y otras medidas intersectoriales

La protección de la salud desde la gestación y la primera infancia también aparece en la estrategia El milagro de crecer en familia. El ICBF, con participación del Ministerio de Salud y el SENA, plantea acompañar a familias con mujeres gestantes, promover la lactancia materna y prevenir el embarazo en menores de edad y las uniones tempranas. Las bases incluyen, además, una ruta normativa para el acompañamiento del embarazo y la eliminación de la maternidad subrogada, propuesta cuyo alcance dependerá de su desarrollo jurídico.

En materia de consumo de sustancias psicoactivas, la política integral de drogas incorpora un componente sanitario dirigido a prevenir el consumo y garantizar la atención, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños. También plantea fortalecer la regulación y el seguimiento de sustancias controladas, incluidos los usos médicos, científicos e industriales del cannabis, mediante instrumentos normativos y sistemas de información interoperables.

Estas intervenciones se desarrollan desde distintos sectores, pero tienen relación con la prevención, la atención sanitaria y la regulación de productos sujetos a control. Su inclusión amplía el alcance de la agenda de salud hacia problemas que requieren coordinación entre las autoridades sanitarias, de justicia y de protección social.

Salud de la Fuerza Pública y recuperación de servicios afectados por el terremoto

Fuera de las estrategias generales del sistema de salud, las bases incluyen una propuesta para transformar y fortalecer la sostenibilidad del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El Ministerio de Defensa plantea evaluar costos, suficiencia de aportes, pasivos auditados y proyecciones de demanda, junto con medidas de eficiencia contractual y separación del saneamiento de cartera respecto del gasto recurrente.

La estrategia busca articular las capacidades financieras, de gestión y prestación de servicios del régimen, de manera que la recuperación económica no comprometa la atención de sus usuarios. Su implementación requeriría ajustes operativos y normativos acordes con las necesidades del sistema especial.

En reconstrucción, el PND aborda la infraestructura sanitaria afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) incluida en las bases, se identificaron 506 sedes habilitadas afectadas, equivalentes al 13,1 % de las 3.876 sedes consideradas al 30 de septiembre. La recuperación incluiría infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y fortalecimiento del talento humano.

¿Cómo se resolverían las controversias y barreras de acceso a los servicios de salud?

Las intervenciones financieras, asistenciales y preventivas se complementarían con mecanismos para atender controversias que afectan a los usuarios. El Ministerio de Salud plantea desarrollar un esquema de resolución temprana mediante canales ordinarios de atención, gestión de PQRS, coordinación interinstitucional y conciliación territorial, con participación de las autoridades sanitarias y de justicia según sus competencias.

La iniciativa también prevé colaboración con el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para fortalecer la formación sobre el derecho fundamental a la salud. La conciliación sería voluntaria, sin constituir un requisito de procedibilidad ni limitar el ejercicio de la acción de tutela, y respetaría la autonomía judicial y las funciones de inspección, vigilancia y control.

¿Qué sigue para las propuestas de salud del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030?

Tras la presentación de las bases ante el Congreso de la República y el Consejo Nacional de Planeación, continuará la etapa de revisión técnica y participación ciudadana. Según el cronograma informado por el DNP, el CNP emitirá su concepto con recomendaciones en enero de 2027, antes de que el Gobierno radique el proyecto de ley para su discusión y trámite legislativo.

Durante este proceso deberán precisarse los instrumentos jurídicos, las fuentes de financiación y las responsabilidades institucionales para desarrollar las medidas sanitarias. Entre los asuntos pendientes figuran los ajustes a la UPC y los presupuestos máximos, el saneamiento de obligaciones, las condiciones de operación territorial del aseguramiento y los mecanismos de implementación de los sistemas digitales y sociosanitarios.

El alcance definitivo de la agenda de salud dependerá de las disposiciones incorporadas en la ley del Plan y de los desarrollos posteriores que determinen su aplicación para aseguradores, prestadores, profesionales, proveedores y usuarios del sistema de salud colombiano.

Descargue aquí el documento completo Bases Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030:

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