El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1415 de 2026, mediante el cual adoptó medidas temporales para sostener la prestación de servicios, movilizar recursos del sector salud y reducir barreras administrativas y financieras derivadas del sismo del 10 de agosto. La norma desarrolla el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 1261 de 2026 y posteriormente modificado por el Decreto 1348.
Las disposiciones no operan de forma general para todos los habitantes o instituciones de los departamentos incluidos en la emergencia. Su aplicación está condicionada a que exista una afectación directa acreditada en los municipios y distritos comprendidos en el ámbito territorial correspondiente. El reporte citado en el decreto registraba, con corte al 7 de septiembre, 16 departamentos y 498 municipios con afectación directa, aunque la norma precisa que la aplicación debe determinarse municipio por municipio.
El paquete regulatorio aborda cuatro frentes centrales; trámites sanitarios ante el Invima, recuperación y financiación de la red pública, liquidez para prestadores y mecanismos de protección para afiliados, empleadores y aportantes damnificados.
Decreto 1415 de 2026 concentra medidas temporales para recuperar la red de salud
La dimensión de la afectación hospitalaria constituye uno de los fundamentos de las medidas. El Ministerio de Salud estimó preliminarmente en aproximadamente $1,948 billones las necesidades para atender daños en infraestructura de la red hospitalaria de los territorios afectados. El documento señala además que 50 instituciones habían sido priorizadas y 17 clasificadas como críticas dentro del seguimiento realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud.
Para responder a ese escenario, las entidades territoriales podrán utilizar durante 12 meses saldos efectivamente disponibles de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado y excedentes o saldos no comprometidos de rentas cedidas para reparación, rehabilitación, reconstrucción, reposición, dotación, equipamiento y adquisición de equipos biomédicos de la red pública directamente afectada. Los recursos deberán conservar trazabilidad y no podrán utilizarse para gastos administrativos generales o proyectos de expansión ajenos al restablecimiento de la capacidad perdida.
El decreto también habilita, durante seis meses, transferencias directas a Empresas Sociales del Estado y administradores de infraestructura pública en salud. Los recursos podrán cubrir obligaciones laborales, remuneraciones, seguridad social y otros compromisos contractuales asociados al talento humano cuando la afectación comprometa la continuidad de los servicios.
Trámites, financiación y liquidez para sostener la atención
Otra modificación se concentra en los trámites sanitarios. Durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia, el Invima podrá suspender, a solicitud del interesado y mediante acto motivado, términos de actuaciones administrativas cuando un establecimiento, planta o bodega ubicado en un territorio afectado demuestre que el sismo le impide atender un requerimiento.
Cada suspensión podrá extenderse hasta cuatro meses. Quedan excluidas las actuaciones cuya suspensión pueda comprometer la seguridad sanitaria, la calidad o trazabilidad de los productos, así como procedimientos sancionatorios, renovaciones de certificaciones de buenas prácticas y actuaciones relacionadas con alertas sanitarias.
Las principales medidas financieras pueden resumirse así:
| Medida | Alcance principal |
|---|---|
| Saldos de cuentas maestras y rentas cedidas | Uso por 12 meses para recuperar infraestructura y dotación de la red pública. |
| Transferencias directas | Hasta seis meses para ESE y administradores de infraestructura pública afectados. |
| Reasignación de recursos | El Ministerio podrá revisar recursos asignados y no girados antes del 19 de agosto de 2026, durante seis meses. |
| Compra de cartera | ADRES podrá utilizar temporalmente recursos para obligaciones con prestadores afectados o que atendieron población damnificada. |
| Créditos con tasa compensada | Podrán beneficiar a IPS habilitadas en municipios con afectación de infraestructura sanitaria. |
La ADRES también queda habilitada para administrar y ejecutar recursos destinados específicamente a la emergencia. La norma exige contabilidad separada y prohíbe compensaciones automáticas con estos recursos, un elemento orientado a conservar su destinación y trazabilidad.
¿Qué cambia para prestadores, EPS y aportantes afectados?
Para los prestadores cuya infraestructura resultó afectada, el decreto suspende durante 12 meses el término de prescripción aplicable a determinadas reclamaciones ante la ADRES. Una vez termine la suspensión, el plazo continuará por el tiempo restante; la disposición no revive reclamaciones cuyo término hubiese vencido antes del 10 de agosto.
En materia de aportes, la norma elimina temporalmente la causación de intereses moratorios por pagos extemporáneos de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de empleadores e independientes identificados como afectados. La medida empieza con el período de cotización de agosto de 2026 y se mantiene durante 12 meses. El capital continúa siendo exigible y permanecen los deberes de afiliación, reporte de novedades e información.
Para EPS y prestadores, la implementación también requerirá identificar correctamente a la población beneficiaria y coordinar ajustes operativos, especialmente en facturación, recaudo y validación de derechos.
¿Cómo se protegerá el acceso de los damnificados a los servicios de salud?
El artículo 9 establece que durante 12 meses los afiliados damnificados, identificados en el Registro Único de Damnificados y validados en la Base de Datos Única de Afiliados, no deberán pagar cuotas moderadoras ni copagos por los servicios y tecnologías en salud que requieran.
El beneficio se mantiene independientemente del lugar del país donde se preste la atención. Además, las entidades responsables de pago no podrán condicionar autorizaciones, servicios o entrega de tecnologías al pago de esos valores, trasladar el cobro a prestadores o proveedores, ni recuperarlo posteriormente por atenciones realizadas durante la vigencia de la medida.
El Decreto 1415 de 2026 configura así un régimen excepcional y temporal que combina recuperación de infraestructura, protección del talento humano, liquidez para prestadores, ajustes regulatorios y eliminación de barreras económicas para la población damnificada. Su alcance dependerá, en cada caso, de la acreditación de la afectación directa derivada del sismo y de las condiciones específicas establecidas para cada mecanismo.
Consulte y descargue el Decreto 1415 de 2026 aquí:
