La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, presentó al país los resultados iniciales de la revisión que ordenó al asumir la cartera el pasado 7 de agosto. El balance incluye deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas, una diferencia cercana a $2,9 billones entre recursos comprometidos y aquellos efectivamente obligados y pagados, además de 108 proyectos que permanecían sin registro presupuestal.
La revisión se concentró en los compromisos y asignaciones recibidos de la administración anterior. Según informó MinSalud, el escenario también estaba antecedido por los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República para la vigencia 2025, que emitió opinión contable negativa, encontró deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta fiscal de la entidad.
A las situaciones presupuestales identificadas se sumó posteriormente un hecho distinto. Durante la revisión, el Ministerio conoció un audio relacionado con posibles actos de corrupción asociados a este tipo de asignaciones. Vesga puso la grabación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y presentó una denuncia para que las autoridades establezcan lo ocurrido y determinen la autenticidad y el valor probatorio del material entregado.
$4,3 billones estaban comprometidos y $1,3 billones obligados y pagados
Uno de los datos centrales revelados por la ministra corresponde al principal rubro de las asignaciones examinadas. En agosto de 2026 tenía una apropiación de $4,4 billones, de los cuales $4,3 billones figuraban comprometidos, pero únicamente $1,3 billones aparecían como obligados y pagados. La diferencia entre ambas cifras se acercaba a los $2,9 billones.
El Ministerio amplió el examen a 28 resoluciones que involucraban 176 proyectos por más de $490.000 millones. De ese universo, 108 proyectos, valorados en aproximadamente $365.604 millones, todavía no contaban con registro presupuestal. Cerca del 83 % de este último valor correspondía a obras de infraestructura.
Estas cifras forman parte del conjunto de compromisos que la nueva administración decidió revisar al comenzar su gestión. La información será contrastada con las resoluciones, los proyectos, sus beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales relacionados con las asignaciones examinadas.
MinSalud suspendió temporalmente nuevas actuaciones contractuales
Frente a la situación encontrada, Vesga adoptó una primera decisión administrativa el 10 de agosto de 2026, tres días después de asumir el Ministerio. Mediante una circular interna suspendió temporalmente distintas actuaciones contractuales mientras se adelantaba la revisión de los compromisos recibidos.
La medida comprendió:
- Nuevos procesos de contratación.
- Nuevos contratos y convenios.
- Contratos de prestación de servicios.
- Prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos existentes.
Las excepciones indispensables quedaron condicionadas a una justificación y autorización previa del despacho de la ministra. Vesga explicó que la decisión se adoptó para conocer primero qué compromisos había recibido la nueva administración, cuáles tenían soporte y cuáles requerían una revisión antes de continuar comprometiendo recursos de la salud.
La revisión derivó en una denuncia por posibles hechos de corrupción
Mientras avanzaba ese proceso administrativo, el Ministerio conoció posibles hechos de corrupción asociados a las asignaciones que estaban siendo examinadas. Vesga explicó que recibió una grabación en la que se habla de la gestión de recursos y pagos de la cartera y se utiliza su nombre para referirse a un supuesto porcentaje que sería destinado a ella y a integrantes de su equipo.
Según las declaraciones entregadas por la ministra, uno de los participantes en la conversación habla de reconocer un porcentaje para la “doctora Vesga” y otro para el equipo, hasta completar un 8 %. La grabación también hace referencia a una reunión con el director de infraestructura y equipos técnicos, aspectos que quedaron incorporados a la información remitida a las autoridades.
Vesga rechazó cualquier participación en este tipo de solicitudes. El Ministerio aseguró que no ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que alguna persona solicite dinero, porcentajes, comisiones o beneficios en su nombre y advirtió que quien haya utilizado el nombre de la ministra para pedir recursos o negociar dineros públicos deberá responder ante la justicia.
¿Qué llevó Ana María Vesga ante la Fiscalía?
El 5 de septiembre, la ministra presentó personalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables, por la posible comisión de delitos contra la administración pública. Junto con la denuncia entregó el audio para que las autoridades competentes determinen su autenticidad y establezcan su valor probatorio.
Vesga señaló que no corresponde al Ministerio anticipar responsabilidades y que será la Fiscalía la encargada de determinar qué ocurrió alrededor de la conversación. Al mismo tiempo, anunció que la información conocida será contrastada con los procesos administrativos que ya estaban siendo examinados.
Ese cruce comprenderá:
- Resoluciones y proyectos relacionados con las asignaciones.
- Beneficiarios involucrados.
- Soportes técnicos y jurídicos.
- Registros presupuestales asociados a los recursos.
La revisión administrativa seguirá su curso independientemente del proceso penal. De esta manera, MinSalud continuará verificando los compromisos y documentos bajo su competencia, mientras la Fiscalía adelanta las actuaciones que correspondan frente a los posibles delitos denunciados.
¿Qué seguirá revisando el Ministerio de Salud?
La instrucción anunciada por Vesga es revisar cada uno de los recursos comprometidos y poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades que puedan identificarse. El proceso seguirá concentrado en las asignaciones recibidas, su respaldo técnico y jurídico, los registros presupuestales y la trazabilidad de los proyectos incluidos en las resoluciones examinadas.
La ministra enfatizó que los recursos de la salud están destinados a hospitales, medicamentos y a la atención de millones de colombianos, y sostuvo que no pueden utilizarse como fuente de beneficios para funcionarios, contratistas, intermediarios o actores políticos.
Con la revisión administrativa en curso y la denuncia ya presentada ante la Fiscalía, MinSalud mantiene dos actuaciones diferenciadas. La cartera continuará verificando los compromisos y asignaciones recibidos de la administración anterior, mientras las autoridades judiciales deberán establecer si los hechos puestos en su conocimiento configuran delitos contra la administración pública y determinar las responsabilidades a las que haya lugar.
