La Contraloría General de la República determinó diez hallazgos fiscales en el FOMAG por $176.795 millones, relacionados principalmente con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales, prestaciones pensionales, sanciones e intereses moratorios. La auditoría financiera también derivó en doce hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con presunta incidencia penal.
La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte realizó la auditoría financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio correspondiente a la vigencia 2025. Como resultado, el organismo de control decidió no fenecer la cuenta del Fondo, administrado y representado por Fiduprevisora.
La decisión estuvo asociada a una subestimación del pasivo cercana a $598.364 millones, originada, de acuerdo con la Contraloría, en la reclasificación contable inadecuada de obligaciones por sanción de mora. El ente de control indicó que estas obligaciones eran claras, expresas y exigibles, por lo que debían reflejarse adecuadamente en los estados financieros del Fondo.
Hallazgos fiscales en el FOMAG: pagos médico-asistenciales concentraron la mayor cuantía
El hallazgo fiscal de mayor valor correspondió al pago de servicios médico-asistenciales represados e intereses por $133.255 millones. Los desembolsos se realizaron a la Unión Temporal Medisalud, encargada de la Región 4 (Boyacá, Casanare y Meta), y a la Unión Temporal Redvital, correspondiente a la Región 8 (Antioquia y Chocó).
Según el resultado auditor, estas erogaciones no debían ser asumidas con recursos del FOMAG, debido a que la responsabilidad recaía en los operadores salientes y en los operadores entrantes, conforme a las cláusulas establecidas en los contratos médico-asistenciales.
La Contraloría consideró que la utilización de recursos del Fondo para cubrir esas obligaciones ocasionó un detrimento fiscal. El monto representa aproximadamente tres cuartas partes del valor total de los diez hallazgos con incidencia fiscal identificados durante la auditoría.
El resultado plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para determinar qué obligaciones debían ser asumidas por el Fondo y cuáles correspondían contractualmente a los prestadores u operadores regionales. También evidencia la importancia de fortalecer la revisión previa de cuentas, intereses y servicios acumulados durante los procesos de transición contractual.
Pagos de primas a docentes pensionados generaron un detrimento de $27.982 millones
Otro de los hallazgos relevantes se originó en una denuncia presentada por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora. Para examinar la situación, la Contraloría seleccionó una muestra de 1.105 pagos efectuados a docentes pensionados por concepto de prima de mitad de año.
El organismo de control encontró erogaciones realizadas sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. También identificó pagos efectuados en contravía de decisiones judiciales ejecutoriadas que previamente habían negado el reconocimiento de ese derecho.
Estas operaciones generaron, según la auditoría, un detrimento al patrimonio público por $27.982 millones. El hallazgo pone el foco en los procedimientos de validación jurídica que anteceden el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, especialmente cuando existen sentencias previas sobre la situación de cada beneficiario.
La revisión de antecedentes judiciales, actos administrativos y requisitos individuales constituye un componente central para evitar que se reconozcan prestaciones sin fundamento legal o que ya fueron negadas mediante decisiones judiciales en firme.
Recursos de destinación específica se utilizaron para pagar sanciones
La auditoría también detectó la destinación indebida de $5.479 millones del Fondo para pagar sanciones moratorias contempladas en la Ley 50 de 1990.
La Contraloría concluyó que estos desembolsos ocasionaron detrimento fiscal, debido a que los recursos del FOMAG tienen destinación específica, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, no podían utilizarse para cubrir obligaciones originadas en sanciones por mora.
A este hallazgo se sumaron pagos derivados de la atención tardía de solicitudes de cesantías parciales y definitivas, así como de fallos relacionados con sanciones por mora y pensiones.
Por el incumplimiento de los plazos establecidos, el Fondo desembolsó sanciones moratorias por $2.531 millones. Adicionalmente, pagó intereses moratorios por $6.738 millones debido a la falta de cumplimiento oportuno de los términos contemplados en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Estas cifras muestran que las demoras administrativas no solo afectan los tiempos de respuesta a docentes y pensionados, sino que también producen obligaciones adicionales con cargo a los recursos públicos.
¿Qué pagos irregulares se identificaron en mesadas y prestaciones pensionales?
Entre las situaciones detectadas también figuran pagos de mesadas pensionales realizados después del fallecimiento de docentes o beneficiarios. El valor identificado por este concepto ascendió a $419,2 millones.
La auditoría encontró además mayores valores pagados a docentes por pensiones de invalidez y sanciones por mora, por aproximadamente $369,2 millones.
Aunque estos montos son inferiores frente a los hallazgos relacionados con servicios médico-asistenciales o primas pensionales, reflejan debilidades en la actualización de novedades, depuración de bases de datos, liquidación de prestaciones y verificación de la continuidad del derecho al pago.
La detección oportuna de fallecimientos, modificaciones en el estado de los beneficiarios y errores en la liquidación requiere interoperabilidad entre sistemas de información, controles periódicos y cruces de datos con las entidades responsables del registro civil y del reconocimiento pensional.
¿Por qué la Contraloría advierte que estas falencias son recurrentes?
La Contraloría señaló que varias de las situaciones identificadas ya habían sido advertidas en ejercicios de control fiscal de vigencias anteriores. Por ello, reiteró el llamado a Fiduprevisora, en su condición de vocera y administradora del FOMAG, y a las entidades territoriales para que adopten mecanismos correctivos.
El organismo de control mencionó una posible corresponsabilidad entre estas entidades frente a las fallas reiteradas en la administración de los recursos. No obstante, las eventuales responsabilidades disciplinarias o penales deberán ser evaluadas por las autoridades competentes dentro de los procedimientos correspondientes.
El resultado de la auditoría evidencia que los principales riesgos no se concentran únicamente en la disponibilidad de recursos, sino también en la validación contractual, el reconocimiento de prestaciones, el cumplimiento de términos administrativos y la calidad de la información utilizada para autorizar los pagos.
La Contraloría pidió implementar medidas que eviten la repetición de estas situaciones y mejoren la eficiencia y eficacia en la administración del Fondo. La corrección de las debilidades identificadas será determinante para proteger los recursos destinados a la atención en salud y al pago de prestaciones sociales de los docentes.
