La inclusión de personas con discapacidad en salud continúa siendo desigual en América Latina y el Caribe, pese al desarrollo de marcos normativos y al reconocimiento progresivo de sus derechos. Un informe regional elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Red Interamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) advierte que persisten barreras en el acceso a servicios, sistemas de información, atención territorial y respuesta ante emergencias.
El documento, titulado Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias en América Latina y el Caribe, analizó experiencias y desafíos en diez países. Su principal conclusión es que los avances regulatorios todavía no se traducen de manera uniforme en servicios accesibles, continuos y adaptados a las necesidades de esta población.
La hoja de ruta propuesta plantea incorporar la discapacidad de forma transversal en las políticas sanitarias, los sistemas de información, la organización de los servicios y los planes de preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias.
Inclusión de personas con discapacidad en salud enfrenta desigualdades persistentes
Alrededor del 16 % de la población mundial vive con alguna discapacidad, de acuerdo con el Informe mundial sobre equidad en salud para las personas con discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, esta población registra mayores niveles de pobreza y exclusión, además de dificultades para acceder a servicios esenciales.
Las diferencias no se limitan a la disponibilidad general de atención. Los datos presentados indican que las personas con discapacidad pueden tener hasta un 45 % menos de acceso a servicios relacionados con enfermedades cardiovasculares o diabetes y un 33 % menos de acceso a pruebas de detección, entre ellas las asociadas al virus del papiloma humano (VPH).
En determinados grupos, las desigualdades también se reflejan en los resultados de salud. El informe señala que las personas con discapacidad intelectual pueden presentar una esperanza de vida hasta 20 años menor. Estas cifras muestran que las brechas no dependen exclusivamente de la condición clínica, sino también de barreras institucionales, territoriales, comunicativas y sociales.
Durante el evento regional en el que fueron discutidos los resultados, Gustavo Pérez Reina, asesor regional en discapacidad y rehabilitación de la OPS, sostuvo que el reto consiste en convertir los avances normativos en cambios verificables para las personas.
“La inclusión no depende solo de contar con servicios, sino de cómo esos servicios se organizan, se comunican y se adaptan para responder a las necesidades de las personas”, señaló.
Cuatro desafíos estructurales para los sistemas sanitarios
El informe identificó cuatro obstáculos principales que limitan la inclusión efectiva. El primero corresponde a la fragmentación de los sistemas de información y su reducida interoperabilidad. Esta situación dificulta conocer con precisión las necesidades de la población, planificar servicios y hacer seguimiento a las desigualdades.
El segundo desafío se relaciona con la organización de la atención. Según el análisis regional, los servicios continúan estructurándose principalmente desde la oferta institucional y no desde la diversidad de necesidades de los usuarios. Este modelo puede generar barreras físicas, comunicativas, administrativas y operativas para las personas con discapacidad.
En tercer lugar, el documento advierte que la capacitación del personal de salud sigue siendo insuficiente y no siempre tiene carácter permanente. La formación ocasional limita la capacidad institucional para sostener ajustes razonables, ofrecer información accesible y evitar prácticas que afecten la autonomía de los pacientes.
El cuarto problema se encuentra en los planes de emergencia. Aunque algunos documentos incorporan referencias generales a la discapacidad, no siempre establecen medidas operativas que garanticen accesibilidad, apoyos adecuados y continuidad de la atención durante una crisis.
Las brechas territoriales limitan el acceso continuo
La desigualdad también presenta un componente geográfico. Los servicios con mayores niveles de accesibilidad tienden a concentrarse en centros urbanos, mientras que las personas residentes en zonas rurales o apartadas enfrentan una oferta más limitada.
Esta concentración puede aumentar los desplazamientos, los costos indirectos y el riesgo de interrupción de tratamientos. También reduce el acceso oportuno a rehabilitación, tecnologías de apoyo, controles especializados y otros servicios requeridos durante el ciclo de vida.
Daniela González, representante de la CEPAL durante el encuentro, indicó que varios países cuentan con marcos normativos relevantes, pero estos no siempre se reflejan en la experiencia cotidiana de quienes buscan atención.
“El desafío es pasar de la norma a la implementación efectiva, asegurando servicios realmente accesibles y continuos a lo largo del ciclo de vida”, afirmó.
La observación plantea una exigencia concreta para los sistemas sanitarios: la inclusión no puede medirse únicamente por la existencia de leyes o políticas. También requiere revisar cómo se distribuyen los servicios, qué barreras enfrentan los usuarios y si los mecanismos de atención funcionan en condiciones reales.
Emergencias y desastres profundizan los riesgos sanitarios
Las barreras se hacen más visibles durante emergencias y desastres. En estos escenarios, las interrupciones en la movilidad, el transporte, la comunicación y la prestación de servicios pueden afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad.
Los riesgos incluyen la suspensión de medicamentos, rehabilitación, controles clínicos y tecnologías de apoyo. También pueden presentarse dificultades para acceder a información comprensible, sistemas de evacuación, refugios y apoyos personales.
Juan Ángel de Gouveia, presidente de RIADIS, destacó que el informe incorporó la voz de las personas con discapacidad y formuló soluciones para avanzar hacia una inclusión efectiva.
“No se trata solo de reconocer derechos, sino de garantizar que se cumplan en la práctica”, manifestó.
La participación directa de las organizaciones resulta esencial porque permite identificar barreras que no siempre son visibles desde la planeación institucional. También contribuye a diseñar protocolos más ajustados a las necesidades de las personas y sus familias.
Hoja de ruta para servicios más accesibles y resilientes
Entre las recomendaciones principales se encuentra integrar la discapacidad de manera transversal en las políticas y planes de salud, en lugar de abordarla como un componente aislado. El informe también plantea mejorar los sistemas de información mediante datos desagregados y accesibles que permitan identificar desigualdades y orientar las decisiones.
Otra prioridad es garantizar ajustes razonables en los servicios, incluida la accesibilidad física, comunicativa y administrativa. A ello se suma la necesidad de establecer mecanismos permanentes de participación para las organizaciones de personas con discapacidad.
En gestión de emergencias, el documento propone asegurar la continuidad de medicamentos, rehabilitación y tecnologías de apoyo durante las etapas de preparación, respuesta y recuperación. Estas medidas deben quedar incorporadas en los protocolos operativos y no limitarse a declaraciones generales.
Para la OPS y la CEPAL, avanzar en esta agenda constituye tanto una obligación asociada a los derechos humanos como una condición para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. El envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas y la mayor frecuencia de emergencias hacen necesario que la accesibilidad forme parte de la planificación sanitaria y de la operación cotidiana de los servicios.
