La Superintendencia Nacional de Salud removió a Germán Darío Gallo Rojas como interventor de EPS Famisanar y designó en su reemplazo a Mauricio Molina Álvarez. La decisión se adopta en la fase final de la prórroga vigente de la intervención forzosa administrativa, luego de que la entidad de control señalara deterioro financiero progresivo, acumulación de pérdidas, anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control, incumplimiento de condiciones de solvencia y aumento de tutelas relacionadas con servicios financiados con la UPC.
La decisión quedó formalizada en la Resolución 2026320030007520-6 del 6 de julio de 2026, expedida por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero. El acto administrativo no corresponde a una liquidación ni a una sanción personal contra el interventor saliente. La resolución se enmarca en las facultades de la Supersalud para remover y designar agentes interventores en entidades sometidas a medidas especiales. En este caso, la autoridad decidió hacer uso de un mecanismo excepcional de designación tras revisar la situación de la EPS y la gestión de la intervención.
De acuerdo con la resolución, el Comité de Medidas Especiales sesionó el 30 de junio de 2026 para analizar el caso de Famisanar. En esa sesión, la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud presentó la situación de la EPS y señaló que la entidad continúa evidenciando un deterioro progresivo de su situación financiera.
Ese deterioro fue asociado con acumulación de pérdidas, incremento de anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control, incumplimiento de condiciones financieras y de solvencia, así como aumento de tutelas relacionadas con la prestación de servicios financiados con la UPC y asuntos administrativos.
Una intervención vigente hasta septiembre de 2026
Famisanar se encuentra bajo intervención forzosa administrativa para administrar desde el 15 de septiembre de 2023. Inicialmente, la medida fue ordenada por un año, hasta el 15 de septiembre de 2024. Posteriormente, la Supersalud prorrogó la intervención hasta el 15 de septiembre de 2025 y, luego, el Ministerio de Salud y Protección Social autorizó una nueva prórroga hasta el 15 de septiembre de 2026.
Este antecedente es relevante porque el nuevo nombramiento ocurre en la etapa final de la prórroga vigente, cuando deberán consolidarse los insumos técnicos sobre el futuro de la medida. La resolución ordena al nuevo interventor presentar informes periódicos y un informe previo al vencimiento de la intervención, en el que se establezca si la EPS puede desarrollar adecuadamente su objeto social, si se requieren otras operaciones para mejorar sus condiciones o si debe ser objeto de liquidación.
Por tanto, la resolución no anticipa una decisión definitiva sobre el futuro jurídico de Famisanar. Lo que sí deja establecido es que la Supersalud considera necesario un nuevo liderazgo en la intervención, dada la persistencia de riesgos financieros, administrativos y asistenciales que, según el acto administrativo, pueden afectar el normal funcionamiento de la entidad y la garantía del aseguramiento en salud.
Finanzas, anticipos y tutelas: los factores críticos señalados
Desde una lectura sectorial, la resolución ubica el problema más allá del relevo administrativo. La Supersalud relaciona la decisión con variables centrales del aseguramiento: sostenibilidad financiera, control de recursos, condiciones de solvencia y respuesta efectiva a los afiliados.
Uno de los puntos más sensibles es el incremento de anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control. En una EPS intervenida, este aspecto resulta relevante porque la trazabilidad de los recursos es determinante para evaluar la suficiencia de la operación, la relación con la red prestadora y la capacidad de garantizar servicios sin generar nuevas presiones financieras.
La mención al aumento de tutelas también introduce una alerta asistencial. La resolución señala que estas acciones están relacionadas con la prestación de servicios financiados con la UPC, además de asuntos administrativos. En términos prácticos, este indicador puede reflejar tensiones en el acceso, oportunidad o respuesta institucional frente a solicitudes de los afiliados, aunque el documento no desagrega el número de tutelas ni su distribución por tipo de servicio.
El contraste con la rendición de cuentas de Famisanar
La decisión de la Supersalud se conoce pocos días después de que CONSULTORSALUD analizara la rendición de cuentas de Famisanar correspondiente a la vigencia 2025. En ese balance, la EPS reportó 4.578.382 servicios de salud prestados, un crecimiento del 11,8% frente a 2024, y una reducción del 82,27% en reclamaciones abiertas tras la implementación de un plan de choque operativo.
Ese informe también mostró una operación amplia en varios frentes asistenciales. Según la información reportada por la entidad, durante 2025 se registraron más de 771 mil consultas de medicina general y especializada, más de 771 mil medicamentos entregados, cerca de 682 mil eventos hospitalarios y más de 446 mil atenciones en cohortes especializadas. Además, la red informada estaba compuesta por 1.560 contratos vigentes con prestadores públicos y privados, con presencia en 143 municipios y 16 departamentos.
Sin embargo, el mismo balance advertía que la sostenibilidad seguía siendo el principal desafío. Famisanar cerró 2025 con una pérdida neta de $684.430 millones, aunque la entidad reportó una mejora del 9,9% frente a 2024, equivalente a $75.533 millones menos de pérdida. También informó un crecimiento de 2,6% en ingresos ordinarios y una reducción de 21% en gastos de administración.
El nuevo acto administrativo de la Supersalud no niega esos avances operativos reportados por la EPS, pero sí introduce una lectura más crítica sobre la situación actual de la intervención. En ese sentido, el contraste es relevante: mientras la rendición de cuentas mostraba señales de recuperación en volumen de servicios, reclamaciones y eficiencia administrativa, la resolución del 6 de julio sostiene que persisten problemas financieros, de solvencia, control de anticipos y judicialización de servicios.
Qué deberá presentar el nuevo interventor
Mauricio Molina Álvarez deberá aceptar el cargo y posesionarse dentro del plazo previsto en la normativa aplicable. Una vez asuma formalmente, tendrá a su cargo la administración de los bienes de la EPS, la garantía del aseguramiento y la prestación del servicio de salud, así como la gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La resolución le ordena presentar e implementar un plan de trabajo dentro del mes siguiente a su posesión. Este documento deberá incluir presupuesto de actividades, cronograma, indicadores de gestión y resultado, así como un diagnóstico de las situaciones encontradas en la entidad en los componentes administrativo, financiero, jurídico, técnico-científico y laboral. También deberá incorporar un informe sobre la gestión de quien ejercía la representación antes de su posesión.
Además, el nuevo interventor deberá presentar informes periódicos dentro de los primeros veinte días calendario de cada mes. Estos reportes deberán contener análisis financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo de la vigilada. Antes del vencimiento de la medida, deberá entregar un informe final de resultados que permita evaluar el curso de la intervención.
Lo que está en juego para afiliados y red prestadora
Para los afiliados, el principal punto de seguimiento será la continuidad y oportunidad de los servicios. La referencia al aumento de tutelas por servicios financiados con UPC obliga a mirar con especial atención las barreras de acceso, los tiempos de respuesta y la efectividad de los canales administrativos.
Para la red prestadora, el foco estará en la estabilidad contractual, los pagos, los anticipos y los mecanismos de control sobre los recursos. La intervención de una EPS no solo se mide por la continuidad formal del aseguramiento, sino por su capacidad real para sostener la red, responder a los usuarios y ordenar las obligaciones financieras.
La resolución tampoco permite concluir que Famisanar esté ad portas de una liquidación. Lo que sí establece es una nueva fase de la intervención, con exigencias concretas para el nuevo agente interventor y con una evaluación pendiente sobre la viabilidad de la entidad. A menos de tres meses del vencimiento de la prórroga vigente, la Supersalud tendrá que revisar si la EPS logra corregir las condiciones que motivaron la medida, si requiere nuevas operaciones de salvamento o si debe adoptarse una decisión distinta sobre su futuro.
Por ahora, el cambio de interventor marca un punto crítico en la administración de Famisanar. La entidad llega a esta etapa con avances operativos reportados en su rendición de cuentas, pero también con observaciones oficiales que mantienen bajo presión su sostenibilidad financiera, su capacidad de respuesta asistencial y la confianza de afiliados y prestadores.
Consulte la Resolución 2026320030007520-6 del 6 de julio de 2026
