El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la medida cautelar que había suspendido temporalmente la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Coosalud, luego de resolver un recurso de reposición presentado por la Superintendencia Nacional de Salud. Con esta decisión, la autoridad judicial dejó sin efectos la suspensión provisional y ordenó que la administración integral de la EPS sea restituida de inmediato a la Supersalud.
La decisión representa un nuevo giro dentro del proceso de control sobre Coosalud, una de las EPS con mayor volumen de afiliación en el país. La entidad cuenta con más de 3,3 millones de usuarios, concentrados principalmente en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena. Esta distribución territorial convierte la continuidad de la atención en un asunto de alto impacto para varias regiones del país.
El fallo dispuso que los representantes legales de la EPS “procedan de manera inmediata a restituir la administración integral de la EPS a la Superintendencia Nacional de Salud”, lo que confirma que la intervención forzosa para administrar continúa vigente. En términos prácticos, la decisión judicial restablece la capacidad de la Supersalud para conducir el proceso administrativo de la entidad, adoptar decisiones de control y definir las acciones necesarias para proteger la prestación de servicios.
La medida también fortalece el alcance institucional de la intervención, en la medida en que el Tribunal no solo ordenó la restitución de la administración, sino que exigió a la Supersalud adoptar acciones técnicas, administrativas y financieras eficaces, oportunas e integrales. Estas medidas deberán orientarse a superar las falencias estructurales identificadas por la Procuraduría General de la Nación y garantizar los fines de la intervención.
Una decisión centrada en la continuidad de la atención
El principal efecto de la decisión judicial recae sobre los usuarios. Tras el fallo, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que designará en las próximas horas un nuevo agente especial interventor, encargado de garantizar el cumplimiento de la medida de control, la continuidad en la prestación de los servicios y la protección del derecho a la salud de los afiliados de Coosalud.
Este punto es clave porque la intervención no solo tiene una dimensión administrativa. En el sector salud, cualquier modificación sobre el gobierno de una EPS implica riesgos operativos que deben ser gestionados con rapidez, especialmente cuando se trata de entidades con millones de afiliados y redes de atención distribuidas en varios territorios. La designación de un agente especial interventor será determinante para ordenar la transición, asegurar la interlocución con prestadores y mantener la operación de autorizaciones, pagos, referencias y demás procesos críticos.
La Supersalud deberá concentrar su gestión en las regiones con mayor número de afiliados. El Valle del Cauca registra 496.616 usuarios de Coosalud; Antioquia, 467.360; Norte de Santander, 379.211; Bolívar, 364.808; Atlántico, 339.478; Santander, 334.984; y Magdalena, 296.949. Estos departamentos agrupan una parte sustancial de la población afiliada y, por tanto, serán territorios prioritarios para el seguimiento de la continuidad asistencial.
La intervención deberá medirse por su capacidad para sostener la atención de los usuarios y corregir los problemas estructurales identificados. La orden judicial incorpora una exigencia explícita de eficacia y oportunidad, dos criterios que serán esenciales para evaluar si las medidas adoptadas logran traducirse en resultados verificables para pacientes, prestadores y autoridades de control.
Procuraduría y Contraloría tendrán acompañamiento especial
El Tribunal Administrativo de Bolívar también ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República realizar un acompañamiento especial, permanente e integral al proceso de intervención de Coosalud. Esta disposición introduce un nivel adicional de vigilancia institucional sobre la gestión de la EPS intervenida y sobre las medidas que adopte la Superintendencia Nacional de Salud.
La participación de estos organismos será relevante en dos planos. Primero, en el seguimiento preventivo y disciplinario relacionado con la garantía del derecho a la salud y la correcta actuación de los responsables del proceso. Segundo, en la vigilancia fiscal sobre las decisiones administrativas y financieras que se implementen durante la intervención.
La orden de acompañamiento permanente también responde a la magnitud del caso. Coosalud tiene presencia significativa en varios departamentos y una base afiliada superior a los tres millones de personas. Cualquier falla en la transición administrativa, en la contratación de servicios, en la gestión de redes o en la oportunidad de atención podría tener efectos directos sobre usuarios con enfermedades crónicas, pacientes en tratamientos continuos, gestantes, adultos mayores y personas con necesidades de atención prioritaria.
