Las drogas oncológicas de alto costo se han convertido en uno de los debates más sensibles para los sistemas de salud contemporáneos. Su impacto va más allá del precio, porque involucra decisiones sobre innovación terapéutica, valor clínico, equidad, sostenibilidad financiera y legitimidad en la asignación de recursos públicos. Una revisión publicada en la Revista Médica Clínica Las Condes analiza este dilema desde la experiencia internacional y el caso chileno.
El artículo, elaborado por Moisés Russo Namias, del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, plantea que el aumento del gasto en medicamentos oncológicos presiona presupuestos públicos, aseguradores privados y hogares. La discusión, por tanto, no puede limitarse a cuánto cuesta una terapia, sino a qué beneficio ofrece, a quién debe priorizarse y bajo qué reglas debe financiarse.
¿Por qué las drogas oncológicas de alto costo presionan los sistemas de salud?
El punto de partida es la magnitud creciente del cáncer. En 2022 se estimaron 20 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes en el mundo. Además, la carga global de casos podría aumentar casi 77 % hacia 2050, especialmente en países en transición económica. Esta tendencia convierte al cáncer en un problema clínico, económico y político de primera línea.
El impacto financiero también es considerable, pues la revisión cita estimaciones según las cuales el costo macroeconómico global de 29 tipos de cáncer alcanzaría 25,2 trillones de dólares internacionales a precios constantes de 2017 entre 2020 y 2050, equivalente a un “impuesto” anual aproximado de 0,55 % del PIB mundial. Esta carga incluye medicamentos, manejo de toxicidades, pérdidas de productividad y reducción del capital humano.
La innovación ha cambiado el pronóstico de algunos tumores, especialmente con inmunoterapias y terapias dirigidas. Sin embargo, el documento advierte que el beneficio clínico es heterogéneo y, en muchos casos, modesto en términos de supervivencia global o calidad de vida. Allí surge la tensión central entre acceso a innovación y sostenibilidad.
En países de ingresos medios, como Chile y otros sistemas comparables de América Latina, esta presión se expresa en inequidades de acceso entre sectores público y privado, mayor riesgo de gasto de bolsillo catastrófico y demandas políticas para financiar terapias de alto costo, incluso cuando existen otras necesidades sanitarias no cubiertas.
El valor clínico debe pesar más que la sola aprobación regulatoria
Uno de los aportes centrales de la revisión es diferenciar aprobación, prescripción y cobertura. Que un medicamento haya sido autorizado por una agencia regulatoria no significa automáticamente que deba ser financiado por un sistema de salud, especialmente cuando el beneficio incremental es bajo, incierto o no proporcional al costo.
El documento también aborda el sobreuso de medicamentos en oncología. Este ocurre cuando se utilizan fármacos con baja probabilidad de beneficio para el paciente y con potencial de generar daños clínicos, psicológicos o financieros. En términos sistémicos, el sobreuso desvía recursos que podrían destinarse a intervenciones de mayor impacto poblacional, como prevención, detección precoz, cirugía curativa o cuidados paliativos.
Para ordenar esta discusión, la revisión destaca la utilidad de herramientas como la Escala de Magnitud de Beneficio Clínico de la Sociedad Europea de Oncología Médica, conocida como ESMO-MCBS. Esta escala permite graduar la relevancia clínica de nuevos tratamientos oncológicos considerando supervivencia, calidad de vida y toxicidad.
Un dato citado por el artículo ilustra la necesidad de priorizar con mayor precisión. Un análisis de drogas oncológicas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos entre 1995 y 2020 encontró que 13 % se clasificaron como de beneficio mayor, 23 % como beneficio relevante, 23 % como beneficio menor y 41 % como beneficio no cuantificable o negativo. La sola disponibilidad del medicamento, por tanto, no equivale a valor terapéutico suficiente para justificar cobertura universal.
