El Ministerio de Salud y Protección Social informa que la Resolución 0900 de 2026 no cambia la destinación de los recursos públicos transferidos al sector salud ni introduce nuevas restricciones para su ejecución. La medida, el pasado 7 de mayo de 2026, actualiza los mecanismos técnicos y documentales de seguimiento, verificación y cierre de la ejecución de recursos asignados a entidades territoriales, Empresas Sociales del Estado y otros beneficiarios del sector.
La cartera sanitaria precisó que el alcance de la norma está orientado a fortalecer la transparencia, la trazabilidad documental y financiera, la integridad de la información y la consistencia de los reportes cargados en la plataforma PISIS, sin alterar los fines para los cuales fueron asignadas las transferencias.
Resolución 0900 de 2026 actualiza el seguimiento a recursos públicos en salud
La Resolución 0900 de 2026 modifica disposiciones contenidas en las resoluciones 2361 de 2016 y 737 de 2024, dentro de las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social para dirigir, coordinar, vigilar y hacer seguimiento a la adecuada destinación y ejecución de los recursos públicos del sector salud. Su énfasis no está en redefinir el gasto, sino en actualizar los instrumentos de control aplicables a las transferencias realizadas por el Ministerio.
En términos operativos, la norma busca optimizar los procesos de seguimiento, control, rendición de cuentas y cierre efectivo de los recursos asignados. Para las entidades beneficiarias, esto implica reforzar la calidad de la información reportada, asegurar que los documentos cargados correspondan a soportes verificables y mantener disponible la evidencia técnica, financiera, contractual, presupuestal y contable asociada a cada transferencia.
Uno de los puntos centrales es la plataforma PISIS, que se consolida como el canal para el reporte de información relacionada con la ejecución de recursos transferidos. La resolución apunta a mejorar la oportunidad, integridad y consistencia de esos reportes, con el fin de reducir vacíos documentales, facilitar procesos de validación y fortalecer el cierre formal de la ejecución.
Qué documentos deberán soportar la ejecución de los recursos
La actualización normativa establece nuevos énfasis sobre los soportes documentales que deben reportar las entidades territoriales y demás beneficiarios. Entre los documentos señalados se encuentran los actos administrativos de incorporación presupuestal, contratos, actas de ejecución, informes técnicos y financieros, soportes de reintegro de recursos no ejecutados, relación de rendimientos financieros y certificaciones suscritas por representantes legales, contadores y revisores fiscales.
Este componente es relevante para hospitales públicos, entidades territoriales y demás actores que reciben transferencias, porque eleva la exigencia sobre la trazabilidad del ciclo completo de los recursos. No basta con demostrar que hubo ejecución; será necesario contar con soportes que permitan verificar cómo se incorporaron los recursos al presupuesto, qué contratación se realizó, qué actividades se ejecutaron, qué saldos no fueron utilizados y cómo se gestionaron los rendimientos financieros.
La medida también incorpora dos anexos de certificación. El primero está relacionado con la autenticidad de los documentos cargados en PISIS. El segundo se enfoca en el cumplimiento técnico, financiero, contractual, presupuestal y contable en la ejecución de los recursos asignados. Estas certificaciones buscan respaldar que la información reportada corresponde a los documentos que reposan en cada entidad y que la ejecución se realizó conforme a la normatividad vigente.
Desde la perspectiva institucional, este ajuste tiene un impacto directo en la gestión administrativa y financiera de los beneficiarios. La calidad del reporte, la custodia documental y la coherencia entre la ejecución física y financiera pasan a ser elementos centrales para el cierre de las transferencias. En consecuencia, las áreas financieras, jurídicas, contractuales, contables y técnicas deberán trabajar con mayor articulación para garantizar que los soportes sean completos, oportunos y verificables.
Lineamientos técnicos según la naturaleza de cada transferencia
La Resolución 0900 de 2026 también precisa que los lineamientos técnicos para la ejecución de las transferencias deberán ajustarse a la naturaleza de cada asignación y a la destinación específica de los recursos. Esto significa que no todas las transferencias se evaluarán bajo un mismo parámetro documental o técnico, sino conforme al objeto para el cual fueron aprobadas.
Para proyectos de infraestructura, dotación, transporte asistencial, tecnologías de la información y telemedicina, los lineamientos corresponderán a los contenidos de los proyectos previamente viabilizados. Este punto es clave, porque vincula el seguimiento de los recursos con la formulación técnica que justificó la asignación. En la práctica, la ejecución deberá guardar correspondencia con lo aprobado, tanto en términos financieros como en los resultados esperados.
La norma también refuerza las obligaciones de conservación, custodia y disponibilidad de los documentos relacionados con la ejecución de recursos públicos. Esta obligación se enmarca en las disposiciones vigentes del Archivo General de la Nación y en el régimen de responsabilidad fiscal, lo que amplía la relevancia del soporte documental más allá del reporte administrativo ante el Ministerio.
Para las entidades beneficiarias, el mensaje es claro. La ejecución de recursos públicos en salud deberá estar acompañada de evidencia suficiente, organizada y disponible para los procesos de seguimiento del Ministerio y de los organismos de control. La resolución exige que la información suministrada sea oportuna, completa y veraz, especialmente cuando sea requerida para verificar el cumplimiento de los fines de la transferencia.
La norma aplica a nuevas transferencias y a procesos sin cierre final
En cuanto a su aplicación, el Ministerio precisó que la Resolución 0900 de 2026 regirá para las asignaciones de recursos realizadas mediante transferencias a partir de su expedición. También aplicará a actuaciones de seguimiento sobre recursos que aún no cuenten con acta o informe final de cierre.
La norma no aplicará a transferencias cuyos procesos de revisión o validación ya hayan finalizado. Esta delimitación es relevante porque evita interpretaciones retroactivas sobre procesos cerrados y concentra el alcance de la medida en nuevas asignaciones o en recursos que todavía están pendientes de cierre formal.
Con esta actualización, el Ministerio busca fortalecer la transparencia y el control sobre el uso de los recursos públicos de la salud, avanzar en los procesos de seguimiento y cierre de ejecución, y garantizar que las transferencias cumplan efectivamente los fines para los cuales fueron asignadas. Para el sector, el principal cambio no está en la destinación del dinero, sino en el estándar de trazabilidad documental y financiera exigido para demostrar su correcta ejecución.
Consulta y descarga la Resolución 0900 de 2026 aquí:
