Si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia el próximo 7 de agosto, acompañado por José Manuel Restrepo en la Vicepresidencia, la salud sería uno de los frentes de mayor presión política, fiscal y operativa en el inicio de gobierno. Su propuesta parte de una idea central: el sistema no requiere una ruptura total del modelo, sino una intervención inmediata para recuperar liquidez, controlar el uso de los recursos, mejorar el acceso y corregir fallas acumuladas en EPS, ADRES, red hospitalaria y entrega de medicamentos.
De acuerdo con el candidato, Colombia atraviesa una “crisis humanitaria en salud” y propone un plan de choque de $10 billones, revisión de la UPC, restablecimiento del flujo de recursos, fortalecimiento de la atención primaria, recuperación del acceso a medicamentos, eficiencia administrativa de las EPS, control de precios y revisión de contratos de infraestructura con posible riesgo de corrupción o ineficiencia.
Primeros 100 días: estabilizar antes de reformar
La primera tarea de un eventual gobierno de De la Espriella sería estabilizar el sistema antes de avanzar hacia cualquier ajuste estructural. Esto implicaría activar de forma inmediata el plan de choque financiero anunciado, con una ruta clara para identificar deudas críticas, priorizar pagos a hospitales y clínicas, y restablecer el flujo de recursos hacia los prestadores.
En los primeros 100 días, el Gobierno tendría que definir el origen presupuestal de los $10 billones, los criterios de distribución, los beneficiarios priorizados y los mecanismos de seguimiento. Sin esa arquitectura, el plan podría quedarse como una inyección temporal de liquidez sin impacto sostenido sobre la cartera hospitalaria, la oportunidad en la atención o la entrega de medicamentos.
Revisión urgente de la UPC y control trimestral a las EPS
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la revisión de los ajustes realizados a la Unidad de Pago por Capitación. El programa plantea examinar si recursos de la UPC fueron desviados hacia otros propósitos, por lo que los primeros 100 días deberían concentrarse en una auditoría técnica, financiera y actuarial de su ejecución.
La medida tendría dos tareas inmediatas. Primero, revisar la suficiencia de la UPC frente al costo real de la atención. Segundo, instalar un sistema de revisión trimestral a la ejecución de estos recursos por parte de las EPS. Esto permitiría identificar riesgos tempranos de desviación, subejecución, concentración de gastos administrativos o deterioro en la prestación efectiva de servicios.
Medicamentos y tratamientos: una prioridad operativa
La recuperación del acceso oportuno a medicamentos y tratamientos tendría que ser otro frente prioritario. Para ello, el nuevo gobierno debería levantar un diagnóstico nacional de faltantes, retrasos en dispensación, barreras administrativas y territorios con mayor afectación.
En los primeros 100 días, la tarea no sería únicamente anunciar medidas, sino ordenar una intervención coordinada entre Ministerio de Salud, ADRES, EPS, gestores farmacéuticos, operadores logísticos e Invima cuando corresponda. El objetivo sería restablecer continuidad terapéutica, especialmente para pacientes crónicos, personas con enfermedades de alto costo y poblaciones vulnerables.
Atención primaria y protección de poblaciones vulnerables
La propuesta también plantea fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención. En una etapa inicial de gobierno, esto exigiría priorizar territorios con mayor brecha de acceso y definir metas concretas de cobertura, gestión del riesgo y seguimiento de pacientes.
Los primeros 100 días deberían dejar instalada una hoja de ruta para pasar de una atención centrada en la enfermedad a un modelo más preventivo. Esto incluiría equipos básicos de salud, rutas para crónicos, identificación temprana de riesgos, articulación con hospitales públicos y seguimiento poblacional mediante herramientas digitales.
Tecnología para controlar tiempos de atención
Otro eje relevante es la incorporación de tecnología a la gestión del sistema. La propuesta plantea definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS y hacer seguimiento a su cumplimiento.
El Gobierno tendría que fijar estándares nacionales de oportunidad, establecer indicadores públicos y diseñar un tablero de seguimiento. La digitalización tendría sentido si permite medir en tiempo real dónde están las demoras, qué EPS incumplen, qué especialidades concentran mayores barreras y qué territorios requieren intervención.
Red hospitalaria y talento humano en salud
El fortalecimiento de la red hospitalaria sería una condición indispensable para que cualquier plan de choque tenga impacto real. La eventual administración tendría que identificar hospitales con mayor riesgo financiero, infraestructura crítica inconclusa, déficit de servicios esenciales y problemas de liquidez.
A la par, la propuesta incluye dignificar al personal de salud. Esto debería traducirse en una mesa técnica con gremios, hospitales, clínicas, trabajadores y entidades territoriales para revisar condiciones laborales, pagos atrasados, tercerización, sobrecarga asistencial y necesidades de talento humano en regiones apartadas.
Presupuestos máximos y control de precios
La propuesta plantea retomar la política de presupuestos máximos y fortalecer el control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos. Esta sería una tarea regulatoria de alta complejidad, porque debe equilibrar sostenibilidad financiera con acceso efectivo.
En el arranque de gobierno, el Ministerio de Salud tendría que revisar qué tecnologías están generando mayor presión fiscal, cuáles presentan riesgo de desfinanciamiento y cómo evitar que los mecanismos de control terminen trasladando barreras al paciente.
EPS más eficientes y topes administrativos
De la Espriella no plantea eliminar las EPS, pero sí hacerlas más eficientes mediante topes máximos a costos de administración. Esta medida requeriría una revisión detallada del gasto administrativo, los indicadores de desempeño y la relación entre recursos recibidos y resultados en salud.
El Gobierno debería definir qué se entiende por gasto administrativo aceptable, cómo se medirá la eficiencia y qué consecuencias tendrán las EPS que no cumplan. El reto será evitar que la reducción de costos administrativos afecte la operación asistencial, la auditoría médica o la gestión del riesgo.
ADRES, arbitraje de recursos y control anticorrupción
El programa propone hacer arbitraje de recursos mal administrados por la ADRES y revisar contratos asignados o no ejecutados en infraestructura de salud. Este punto conecta la agenda sanitaria con una política anticorrupción más amplia.
La tarea sería conformar un equipo técnico-jurídico para revisar contratos críticos, proyectos inconclusos, pagos represados, posibles sobrecostos y fallas en ejecución. Cuando existan riesgos de corrupción o ineficiencia, la propuesta plantea activar el Bloque Anticorrupción.
La meta inicial: recuperar gobernabilidad sanitaria
La proyección para los primeros 100 días no debería medirse únicamente por anuncios, sino por capacidad de ejecución. Un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella tendría que demostrar resultados tempranos en cinco frentes:
- Liquidez para hospitales y clínicas.
- Control real sobre la ejecución de la UPC.
- Mejora en acceso a medicamentos y tratamientos.
- Definición de tiempos máximos de atención.
- Auditoría de contratos e infraestructura en salud.
En síntesis, la propuesta apunta a una reforma de corrección, control y estabilización. Su éxito dependerá de que el plan de choque no sea solo financiero, sino operativo; que la revisión de la UPC no se limite al diagnóstico; y que la eficiencia administrativa de EPS, ADRES y red hospitalaria se traduzca en mejores resultados para los pacientes.
