Si el candidato presidencial Sergio Fajardo llega a la Casa de Nariño en 2026, su primera prueba en salud estaría marcada por la necesidad de ordenar un sistema presionado por la financiación, la deuda hospitalaria, la intervención de EPS, las barreras en medicamentos y las brechas territoriales. Su propuesta para los primeros 100 días no plantea una reforma inmediata como punto de partida, sino una fase inicial de control, verificación y coordinación institucional para tomar decisiones sobre los frentes más sensibles del sistema.
La hoja de ruta propone instalar desde el primer día un Puesto de Mando Presidencial en salud, liderado por el presidente, con el propósito de garantizar el derecho a la salud y articular la estrategia con las entidades territoriales. En esa primera etapa, el plan también incluye reconocer la insuficiencia de la UPC, ordenar su recálculo inmediato, auditar de manera externa e independiente a las EPS intervenidas y al FOMAG, revisar las barreras de acceso a medicamentos y plantear una estrategia de reapertura de servicios esenciales de común acuerdo con hospitales.
¿Qué incluye la agenda de los primeros 100 días?
La propuesta concentra los primeros 100 días en medidas orientadas a ordenar información, priorizar decisiones y definir responsabilidades iniciales. El Puesto de Mando Presidencial funcionaría como el eje de coordinación política y técnica para alinear al Gobierno nacional, las entidades territoriales, las EPS, los hospitales y los organismos de control alrededor de decisiones urgentes.
El componente territorial también aparece desde el inicio. El plan plantea articular la estrategia con las entidades territoriales, con énfasis especial en Cauca, Chocó y Catatumbo. Esta priorización ubica la discusión más allá del flujo financiero y la lleva hacia los territorios donde la continuidad de la atención, la disponibilidad de servicios y la capacidad institucional suelen enfrentar mayores restricciones.
Las medidas iniciales de la propuesta son las siguientes.
- Instalar un Puesto de Mando Presidencial para garantizar el derecho a la salud.
- Articular la estrategia con entidades territoriales, con énfasis en Cauca, Chocó y Catatumbo.
- Reconocer la UPC como insuficiente y ordenar su recálculo inmediato.
- Identificar y caracterizar las principales barreras de acceso a medicamentos.
- Ordenar auditorías externas e independientes en EPS intervenidas, incluyendo al FOMAG.
- Plantear una estrategia de reapertura de servicios esenciales de común acuerdo con hospitales.
Esta agenda muestra que el arranque estaría enfocado en estabilizar variables críticas antes de avanzar hacia cambios normativos de mayor alcance. La propuesta no separa la discusión financiera de los problemas de acceso, sino que vincula la UPC, las auditorías, los medicamentos, los hospitales y los territorios como piezas de una misma etapa inicial.
¿Por qué la UPC y las auditorías serían el punto de partida?
La decisión de iniciar con el recálculo de la UPC responde a uno de los debates más sensibles del sistema. La Unidad de Pago por Capitación define el valor que reconoce la ADRES a las EPS por cada afiliado para cubrir los servicios del Plan de Beneficios en Salud. Para 2026, la UPC anual quedó en $1.658.912 para el régimen contributivo y $1.541.706 para el subsidiado, en un contexto donde los costos en salud, la presión de medicamentos, la siniestralidad y la demanda de servicios mantienen abierta la discusión sobre suficiencia financiera.
En 2025, la siniestralidad promedio de las EPS llegó a 109%, lo que significa que por cada $100 recibidos requirieron $109 para cubrir costos médicos. A esto se suma un patrimonio negativo consolidado de las EPS de $16,86 billones y una cartera hospitalaria de $24 billones reportada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas a junio de 2025 en 227 IPS vigiladas.
En ese escenario, el recálculo de la UPC no operaría solo como una revisión técnica, sino como una señal sobre la necesidad de ajustar la relación entre los recursos reconocidos y los costos reales del sistema. Sin una base financiera más clara, cualquier estrategia de continuidad de servicios, pago de deudas o reorganización del aseguramiento quedaría limitada por la misma presión que hoy afecta a EPS, IPS, gestores farmacéuticos y pacientes.
Las auditorías externas e independientes también serían centrales en esta primera etapa.
- Permitirían establecer qué obligaciones reales tienen las EPS intervenidas.
- Ayudarían a revisar cuentas, flujos y compromisos pendientes.
- Darían información sobre la situación del FOMAG.
- Servirían como base para decisiones posteriores sobre saneamiento, pagos y continuidad de servicios.
- Aportarían trazabilidad en un sistema marcado por intervenciones, deuda y desconfianza.
La relevancia de esta medida aumenta si se considera que Colombia tiene 52 millones de afiliados distribuidos en 15 EPS activas, de las cuales 13 están bajo alguna medida de intervención, vigilancia o seguimiento. Además, el 44,78% de los afiliados, equivalente a 23,5 millones de personas, se encuentra en EPS bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Medicamentos y servicios esenciales entran en la primera línea
El acceso a medicamentos ocupa otro lugar prioritario en la agenda de los 100 días. La propuesta plantea identificar y caracterizar las principales barreras asociadas al acceso, un punto crítico porque los problemas de dispensación afectan directamente la experiencia de los pacientes y la continuidad de los tratamientos. En 2026, los Presupuestos Máximos para tecnologías no cubiertas por la UPC ascienden a $4,48 billones, lo que confirma la importancia de este frente dentro del funcionamiento financiero y asistencial del sistema.
La estrategia de reapertura de servicios esenciales con hospitales completa el bloque inicial. Aunque la propuesta no detalla qué servicios serían priorizados, sí establece que la medida se plantearía de común acuerdo con la red hospitalaria. Esta precisión es relevante porque la reapertura o sostenimiento de servicios no depende únicamente de una decisión administrativa, sino de flujo de recursos, disponibilidad de talento humano, capacidad instalada, acuerdos de pago y coordinación con las EPS.
La conexión entre hospitales, medicamentos y territorios es uno de los elementos más importantes de la agenda inicial. La crisis financiera no solo compromete balances contables, también puede traducirse en servicios suspendidos, demoras en tratamientos, barreras de entrega y pérdida de capacidad resolutiva. Por eso, la propuesta ubica estos temas dentro de una misma fase de arranque, orientada a conocer el estado real del sistema y activar respuestas sobre los puntos de mayor presión.
Una fase inicial antes de la reforma estructural
Los primeros 100 días no están planteados como el cierre de la discusión, sino como el punto de partida de una ruta más amplia. La propuesta prevé que en 2027 se presente un articulado de reforma a la salud y actos administrativos para desarrollar un nuevo modelo con estabilidad, predictibilidad y reglas concertadas. Entre 2028 y 2030 se proyecta la implementación gradual de esa reforma, junto con el fortalecimiento de la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad sin desplazar recursos del aseguramiento.
El alcance de la agenda inicial debe leerse en esa secuencia. Primero vendría la coordinación presidencial, el recálculo de la UPC, las auditorías, la revisión de medicamentos, la articulación territorial y la reapertura de servicios esenciales. Después vendría la fase normativa y, posteriormente, la implementación del nuevo modelo.
La propuesta de Sergio Fajardo para los primeros 100 días se concentra en ordenar los frentes más urgentes del sistema antes de avanzar hacia una reforma de mayor alcance. En un contexto de EPS intervenidas, deuda hospitalaria, presión sobre medicamentos y debate por la suficiencia de la UPC, el desafío estaría en convertir esas primeras medidas en decisiones verificables para pacientes, hospitales, aseguradores, trabajadores de la salud y entidades territoriales.
