El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato dentro de la acción popular promovida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y otros contra el Ministerio de Salud y Protección Social y otras entidades, al considerar que existen reparos sobre el cumplimiento de una medida cautelar ya decretada dentro del proceso. En el auto, el despacho señala que esos cuestionamientos requieren una indagación para permitir el derecho de defensa de las entidades y funcionarios vinculados.
Aunque al expediente ya fueron allegados informes por parte de varias entidades del sector, el tribunal advirtió que todavía es necesario verificar si la orden judicial fue cumplida de manera efectiva. La medida que se revisa había ordenado adelantar, en un plazo de 30 días, las gestiones necesarias para sanear la cartera debidamente acreditada a favor de las IPS y garantizar el flujo de recursos que permitiera el pago oportuno y completo de las obligaciones, con el fin de asegurar el acceso a los servicios de salud en Medellín.
La orden judicial entra en una nueva etapa
Con esta decisión, el proceso pasa a una fase en la que el tribunal busca establecer si la orden impartida en julio de 2025 fue atendida o no. El auto precisa que el incidente se abre para verificar el cumplimiento del numeral primero de esa providencia, que fijó obligaciones concretas sobre saneamiento de cartera y flujo de recursos hacia las IPS.
Antes de esta determinación, el despacho había requerido a las entidades accionadas para que informaran el correo institucional de los funcionarios responsables de cumplir la medida previa. Según el documento, esa solicitud fue respondida por varias de las entidades vinculadas al proceso. Sin embargo, el tribunal dejó constancia de que el Ministerio de Hacienda no atendió ese requerimiento en los términos pedidos, ya que indicó que la providencia debía enviarse al buzón de notificaciones judiciales de esa cartera.
El auto también recuerda que la Ley 472 de 1998 contempla sanciones para quien incumpla una orden judicial en acciones populares. En este caso, además de abrir el incidente, el tribunal corrió traslado a las partes por tres días para que se pronuncien sobre los hechos y aporten las pruebas que consideren pertinentes.
¿Qué incumplimientos fueron señalados en el auto?
El primero de los reparos recogidos en la providencia indica que habían transcurrido más de tres meses desde la orden judicial sin que se hubiera cumplido la medida decretada. En ese mismo punto, el documento señala que el Ministerio de Hacienda se excusó en la complejidad de la orden impartida y que esta no había podido ejecutarse pese a la realización de varias mesas técnicas.
El segundo reparo se refiere a la creación de una categoría “ficticia” de cartera denominada en “auditoria” para excluir el deber de pago. Esa expresión aparece de forma textual en el auto y fue incorporada por el tribunal como uno de los elementos que justifican la apertura de la indagación.
El tercer señalamiento tiene que ver con una discrepancia entre los valores reportados por las EPS y la cartera reportada por las IPS. Para el despacho, estos tres puntos están directamente relacionados con el posible incumplimiento de la medida cautelar y, por esa razón, ameritan una revisión formal dentro del incidente de desacato.
Los funcionarios vinculados quedaron identificados en la providencia
En la parte resolutiva, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó abrir el incidente de desacato contra los siguientes funcionarios y responsables:
- Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud
- Bernardo Armando Camacho Rodríguez, superintendente Nacional de Salud
- Jorge Iván Ospina Gómez, agente liquidador de Nueva EPS
- Félix León Martínez, director nacional de la ADRES
- William Humberto Salgado Gamboa, agente especial interventor de Alianza Medellín Antioquia EPS Savia Salud
- Edda Lorena Sintura Gómez, subgerente financiera de Savia Salud EPS
- Maikel Herrera Regino, director de Tesorería y Cartera de Savia Salud EPS
- Jorge Orlando Suárez Burgo, agente interventor de Coosalud EPS
- Gustavo Guillermo Santacruz, segundo vicepresidente de EPS Sanitas
Además de abrir el incidente, el tribunal ordenó la notificación personal de la providencia a las autoridades relacionadas. En el mismo auto reconoció personería a apoderados de la Superintendencia Nacional de Salud y de Coosalud, aceptó la renuncia del abogado Brayan Alexis Carvajal y reconoció como nuevo apoderado de EPS Sanitas S.A.S. al abogado Emilio Aguilar Gómez. También aceptó como coadyuvante a Asocapitales y dispuso continuar con el trámite del proceso una vez quede en firme la decisión.
Como siguiente paso, las entidades y funcionarios vinculados deberán pronunciarse dentro del trámite incidental y aportar los elementos que consideren pertinentes, mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia avanza en la verificación judicial sobre el alcance y cumplimiento de lo ordenado. Con ello, el proceso queda a la espera de las respuestas oficiales y de las decisiones que adopte el despacho en esta nueva etapa.
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