El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido jugar su última carta política para evitar el hundimiento de la reforma a la salud en el Senado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la emisión de un mensaje de urgencia e insistencia, figura constitucional que obliga a la Comisión Séptima del Senado a priorizar el proyecto sobre cualquier otro asunto hasta que sea aprobado o archivado.
“Aquí está el mensaje de urgencia e insistencia para que solo se discuta la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima. Presidente Miguel Pinto, es la Constitución la que dice que el mensaje de urgencia e insistencia está por encima de las decisiones de la Comisión. Dejen de ser cobardes. Pónganle la cara al país”, escribió Benedetti en su cuenta de X.
La medida busca contrarrestar la decisión de la mayoría de la Comisión Séptima, que el martes pasado suspendió el debate de la reforma hasta tanto el Gobierno presente una fuente de financiamiento verificable para su implementación. Con esta jugada, el Ejecutivo intenta forzar una discusión que, en términos políticos, se encuentra al borde del colapso.
¿Por qué el mensaje de urgencia marca un punto de inflexión en la reforma a la salud?
El mensaje de urgencia e insistencia, contemplado en el artículo 163 de la Constitución Política y reglamentado en la Ley 5ª de 1992, es un mecanismo que permite al Ejecutivo solicitar que un proyecto de ley sea tramitado con prioridad por el Congreso, cuando el Gobierno considera que su aprobación es de especial importancia nacional o requiere atención inmediata. Como tal, este instrumento tiene tres efectos principales:
- Prioriza la discusión del proyecto en la comisión correspondiente, que debe abordar el tema antes que cualquier otro.
- Autoriza la realización de sesiones conjuntas entre las comisiones homólogas de Senado y Cámara, con el fin de unificar el debate y acelerar el trámite.
- Presiona políticamente al Legislativo, ya que expone públicamente la falta de avance y obliga a los senadores a tomar postura frente a la iniciativa.
Sin embargo, el mensaje de urgencia no garantiza la aprobación del proyecto y tampoco sustituye los debates ordinarios ni impone decisiones sobre el contenido del texto. En contextos de oposición mayoritaria, como el actual, puede convertirse en una herramienta de presión política más que en un instrumento efectivo de trámite legislativo.
En este caso, esta figura fue invocada tras la decisión de la Comisión Séptima de detener el debate hasta conocer la suerte de la Ley de Financiamiento, que el Ministerio de Hacienda aún no ha radicado. El presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto, sostuvo que “no se podrá votar hasta conocer la suerte de la Ley de Financiamiento”, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó la suspensión como una maniobra de bloqueo: “Esta es una comisión totalmente inoperante. Desde noviembre tiene en sus manos la reforma a la salud que salió de la plenaria de la Cámara. Buscan cualquier pretexto para obstaculizar”.
De este modo, el mensaje de urgencia se convierte en un último intento político por parte del Gobierno para mantener con vida su principal apuesta social. Si el Congreso no reanuda la discusión en las próximas semanas, la reforma podría ser archivada por vencimiento de términos, cerrando un ciclo de desgaste político y técnico.
¿Qué impacto tendría en la red hospitalaria y en la estabilidad del sistema?
El estancamiento legislativo ha generado un escenario de incertidumbre que afecta tanto la gestión financiera como la planificación de los actores del sistema. Según la Contraloría General de la República, al cierre del primer semestre de 2025, las EPS acumulan $32,9 billones de pesos en deuda con hospitales, clínicas y otros prestadores.
Asimismo, el informe de AFIDRO de octubre de 2025 registra que el sistema ha sumado más de $24 billones de pesos en obligaciones totales, incluyendo la cartera farmacéutica de $4,2 billones, lo que evidencia un fuerte deterioro financiero.
La Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha estimado que para el primer año de operación de la reforma, se requerirían $109,9 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. Además, el aval fiscal presentado en agosto de 2025 proyecta que el gasto en salud pasará del 5,9 % del PIB en 2026 al 7,6 % del PIB en 2036, lo que implica un fuerte aumento de la presión de gasto público.
Esta brecha entre ambición política y sostenibilidad financiera ya tiene efectos concretos como interrupciones en la cadena de pagos, dificultades en la contratación de servicios y pérdida de confianza de los prestadores, especialmente de los hospitales públicos que dependen de los giros de la ADRES. Mientras tanto, la red hospitalaria continúa operando bajo presión, pues los centros de atención de segundo y tercer nivel reportan incrementos en la demanda sin acompañamiento presupuestal, y las secretarías de salud departamentales advierten sobre la necesidad de definir pronto las reglas del nuevo modelo para evitar colapsos operativos en 2026.
La suspensión del modelo preventivo y predictivo agrava la incertidumbre
En paralelo al bloqueo legislativo, el Decreto 0858 de 2025, que suspendió temporalmente la implementación del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, ha añadido un nuevo nivel de incertidumbre al sector. Dicho modelo era una de las principales apuestas del Gobierno Petro para reorganizar la atención primaria y fortalecer la gestión territorial en salud pública.
La suspensión del decreto, argumentada por razones presupuestales y administrativas, deja en pausa la conformación de los Equipos Territoriales de Salud (ETS) y las rutas integrales de cuidado, pilares de la nueva estrategia de atención comunitaria. Para los hospitales y entidades territoriales, la medida implica retroceder en la planificación operativa iniciada en varias regiones piloto.
Desde el punto de vista técnico, el decreto había establecido un marco de transición hacia un enfoque más preventivo y predictivo, orientado a reducir la carga de enfermedad y optimizar la gestión de recursos a mediano plazo. Su suspensión envía señales contradictorias: mientras el Gobierno insiste en priorizar la reforma estructural, detiene simultáneamente la aplicación de un componente esencial de su modelo sanitario.
Analistas de políticas públicas advierten que esta contradicción debilita la coherencia del proyecto gubernamental. El sistema se encuentra en una doble parálisis, sin reforma aprobada y sin modelo preventivo en marcha, lo que posterga la modernización del enfoque de atención y genera incertidumbre operativa en los entes territoriales y prestadores de servicios.
Escenarios y perspectivas: entre la urgencia política y la viabilidad técnica
De cara al cierre del año legislativo, el panorama es incierto. Si la Comisión Séptima mantiene la suspensión del debate, el proyecto se hundirá por vencimiento de términos, pero si en cambio, el mensaje de urgencia logra reactivar la discusión, el Gobierno enfrentará un escenario de alta polarización y un déficit técnico que puede obstaculizar su aprobación en plenaria.
En cualquiera de los casos, el mensaje de urgencia representa un punto de inflexión para el sistema de salud colombiano. Por un lado, mantiene viva la discusión sobre la necesidad de una transformación estructural; por otro, evidencia los límites políticos y fiscales del actual modelo de gobernanza.
El futuro de la reforma a la salud dependerá, en última instancia, de la capacidad del Gobierno para construir acuerdos técnicos y financieros, más allá de los pulsos partidistas. Sin esa base, el país corre el riesgo de prolongar una crisis sanitaria que combina parálisis institucional, incertidumbre fiscal y desgaste político.
Un nuevo escenario: ¿podría el Gobierno acudir a una consulta popular?
Ante el prolongado estancamiento legislativo, el ministro del Interior Armando Benedetti ha planteado la posibilidad de impulsar una consulta popular para que los ciudadanos decidan directamente sobre la reforma a la salud. Esta figura está prevista en los artículos 103 y 104 de la Constitución y regulada por la Ley 1757 de 2015, que establece que una consulta popular de carácter nacional puede ser convocada por el Presidente de la República con autorización del Senado y concepto previo de la Corte Constitucional. En términos prácticos, el mecanismo exigiría:
- Un decreto presidencial que formule la pregunta al electorado.
- Aprobación del Senado, por mayoría absoluta.
- Revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.
- Y una participación mínima del 33 % del censo electoral para que el resultado sea vinculante.
Entre tanto, una consulta popular sobre la reforma a la salud sería un camino complejo y de alto costo institucional. Su trámite podría tardar varios meses y requeriría recursos adicionales de la Registraduría Nacional. Además, su resultado solo tendría efecto normativo si se aprueba la pregunta y se cumplen los requisitos de participación, lo que hace incierta su eficacia inmediata.
