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88.000 casos de Chikunguña en Colombia

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Ante la inminente propagación del virus del Chikunguña en el país, el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria y el Presidente Juan Manuel Santos en un encuentro con 21 Alcaldes en Girardot (Cundinamarca) anunciaron el plan de contingencia para atender a los 88.000 casos que se han reportado hasta el momento.

El primer mandatario dispuso de 11 mil millones de pesos para la atención de las personas infectadas y la capacitación de 11.000 trabajadores médicos para el tratamiento de la enfermedad. Para las zonas más aparatadas se ordenó al personal médico de la Fuerza Pública desplazarse para atender a los infectados.

Durante el encuentro el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria hizo la entrega de mil toldillos a los municipios de Tocaima y Girardot y, anunció la adquisición de otros mil, además de larvicidas e insumos para afrontar el brote del virus.

Gaviria hablo del Plan nacional de respuesta y el desarrollo a nivel nacional de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) y recomendó a los colombianos acudir al Sistema de Salud cuando se esté  infectado y no automedicarse.

Asimismo insto a las Entidades Territoriales para que ejecuten los recursos transferidos por el Gobierno Nacional para el desarrollo del Plan dentro del programa de enfermedades transmitidas por vectores que desde el 2013 supera los 76 mil millones de pesos.

Los departamentos con más casos reportados son: Bolívar, Norte de Santander, Sucre y Córdoba, 135 municipios en todo el país tiene la transmisión activa del virus.

 El Viceminitro de Salud, Fernando Ruiz afirmó que ya son 44 países de las Américas que tiene Chikunguña y que Colombia será uno de los países con más propagación del virus.

Además alertó a los colombianos sobre presuntas denuncias de algunos políticos de la Costa que están prometiendo vacunas contra el virus del Chikunguña. 

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Supersalud reanuda mesas de flujo presenciales

Debido a la emergencia por COVID-19, las negociaciones de la Supersalud se trasladaron a espacios virtuales para continuar con estos mecanismos

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Supersalud mesas flujo presenciales

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) retomó las mesas de recursos presenciales, actividad que había sido pausada debido a la emergencia sanitaria. Para evitar la propagación o contagio del coronavirus, la entidad llevó a cabo estas negociaciones de forma virtual, sin que ello repercutiera negativamente en los procesos de saneamiento financiero que se realizan con los departamentos.

A pesar de los buenos resultados de las reuniones virtuales, la Supersalud llevó a cabo la primera mesa de flujo de recursos en Risaralda, la primera adelantada de forma presencial desde que inició la pandemia. Con ello, la entidad anunció que estos espacios de negociación nuevamente se realizarán según lo previsto, cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad y número límitado de personas en los encuentros acatando las medidas impuestas por el gobierno nacional.

En la mesa de flujo de Risaralda participaron cuatro IPS: el Hospital San Pedro y San Pablo, el Hospital Universitario San Jorge, el Hospital Mental Universitario de Risaralda y el Hospital Santa Mónica.En el grupo de prestadores citados se encuentran Coomeva, Asmet Salud, Nueva EPS y Medimás. También estuvo presente la Secretaría Distrital de Salud.

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supersalud logró acuerdos por 15.000 millones desde la virtualidad

Desde que se implementaron las negociaciones virtuales en la Supersalud, en Risaralda se alcanzaron acuerdos por 18.000 millones de pesos. En mesas de flujo presenciales realizadas en abril y noviembre de 2019, se lograron acuerdos por un valor total de 24.300 millones de pesos. Todavía no se conoce información sobre próximas mesas de flujo de recursos en el país.

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Proyecto de ley 010: Más de 100 organizaciones piden archivarlo

Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales radicaron ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado.

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Proyecto de ley 010 Más de 100 organizaciones piden archivarlo

Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales radicaron ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado. La carta señala que el proyecto de ley es contrario al ejercicio del derecho fundamental a la salud.

“Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud, que se fundamenta en la intermediación financiera de las EPS y en la afiliación individual a un pretendido e inexistente sistema de aseguramiento, que obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria en salud”, señala la misiva.

Adicionalmente, se argumenta que este proyecto de ley es una burla para el personal de salud, que debido a la pandemia está atravesando un momento de crisis, ya que no establece nada nuevo ni beneficioso para el talento humano en salud además, dejando de lado los problemas de precarización laboral que viven estos profesionales.

Así mismo, los gremios y organizaciones destacan que el proyecto de ley 010 insiste en modelos privatizadores de salud que no han dado resultado en el país. “la red de hospitales públicos es la columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo, junto con la estrategia de atención primaria articulada en redes de prestación de servicio con niveles de atención de mayor complejidad” resalta la carta.

Otro llamado que hace el grupo de organizaciones es asumir el problema de las zonas dispersas ya que el modelo actual es un “fracaso”, dejando de lado a los cerca de 22 millones de colombianos que tienen problemas para acceder a instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Pretender que la red de atención hospitalaria se mantenga por venta de servicios es realmente delirante y lo único que ha conllevado es a la desaparición de la red pública hospitalaria, dejando la población sin alternativas de atención en salud, lo cual ha sido evidenciado en esta pandemia”

Por otro lado, la carta sostiene que pese a la implementación del Acuerdo de Punto Final, a la fecha las EPS y entidades territoriales adeudan 9.6 billones de pesos a los hospitales públicos, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI- lo que en su opinión debilita aún más la red de prestadores públicos.

¿Archivar el proyecto de ley 010 de 2020?

Por las razones anteriormente planteadas, entre otros argumentos los voceros gremiales sustentan que el proyecto de ley 010 de 202 no resuelve la crisis del sistema de salud, que según establecen es de carácter humanitario ético, financiero, de derechos humanos, de salud pública y de transparencia institucional.

Entre las organizaciones que piden el archivo de este proyecto de ley, se encuentra la facultad de medicina de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia , Fecode, ACESI, la Federación Médica Colombiana, el colectivo Dignidad Médica Colombia, ANEC, el Colegio Nacional de Bacteriología, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Gremio Odontológico Colombiano, ASMEDAS, ACEM, ACOME, el Colegio Médico de Colombia, ANIR, entre otros.

La carta analiza detenidamente cada uno de los artículos del proyecto de ley que suponen un obstáculo en el ejercicio del derecho a la salud, y finaliza argumentado: “honorables Congresistas, es su deber constitucional servir al pueblo colombiano, que es su elector y detenta la soberanía que ustedes representan; también es su deber ajustar su accionar parlamentario a la Constitución Política, que es la carta rectora de las leyes que ustedes generan en esta corporación. Por esta razón, solicitamos muy respetuosamente se retire o archive este proyecto de ley, que es contrario a las aspiraciones de cambio, que develó la crisis sanitaria que enfrentamos, y es contraria al derecho fundamental a la vida y a la salud de los colombianos y colombianas

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Vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales contra la covid-19

Recursos del FOME para la salud sí pueden financiar investigaciones para la vacuna contra la covid-19.

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Vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales contra la covid-19

El Consejo de Estado, a través de la sala de consulta y servicio civil, dio vía libre para invertir dineros públicos en vacunas en experimentación contra la Covid-19, la decisión se dio luego que el Ministerio de Salud hiciera un llamado de urgencia a esta sala con el fin de solicitar el uso de los recursos públicos asignados a la salud.

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La solicitud hecha por el Ministerio tenía objeto la limitación establecida en el artículo 15 de la ley 1751 del 2015 (ley estatutaria) que restringe la posibilidad de que el Estado colombiano financie con los recursos públicos destinados a la salud investigaciones de moléculas en fase de experimentación. Asimismo, la normativa también impedía el anticipo solicitado por los laboratorios farmacéuticos para garantizar una distribución oportuna de la mencionada vacuna.

Vía a libre para invertir en vacunas experimentales

Ante esta solicitud por parte del Ministerio de Salud, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que las investigaciones con miras a la vacuna de la COVID-19, así como el anticipo solicitado por las farmacéuticas para garantizar las eventuales dosis, sí pueden ser financiados con los recursos para la salud que provengan del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que fue creado para agilizar los procesos de financiación generados por las diversas calamidades propias de la pandemia.

Asimismo, el Consejo de Estado manifestó “es inaplicable la prohibición prevista en la ley que regula el derecho fundamental a la salud y que impide que recursos previstos para brindar esta garantía puedan ser utilizados en la financiación de servicios y tecnologías que se encuentren en fase de investigación”.

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Además, agregaron, “los recursos ordinarios para la salud sí pueden ser empleados en las investigaciones y para pagar el anticipo exigido por las farmacéuticas, siempre y cuando los recursos del Fome terminen siendo insuficientes para tales fines. Ello se explica porque la gravedad de la pandemia así lo exige, lo cual se acoge a los presupuestos de inaplicabilidad de la restricción de uso de recursos de la salud para iniciativas que están en fase de investigación, que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-313 del 2014)”.

Finalmente, el alto tribunal concluyo diciendo que, si el Gobierno decide realizar una inversión como la aquí descrita, debe recurrir inicialmente al Fome.

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