La vacunación COVID-19 en Colombia quedó ajustada para 2026 con la Resolución 0118 de 2026, que modifica los anexos técnicos y el consentimiento informado definidos en la Resolución 986 de 2023. El acto incorpora la actualización antigénica recomendada para enfrentar la evolución del SARS-CoV-2, precisa esquemas por edad y condición clínica, y refuerza obligaciones operativas sobre cadena de frío, uso eficiente de viales, registro nominal y reporte de pérdidas.
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Qué cambia en la vacunación COVID-19 para 2026?
El primer cambio sustantivo es de enfoque: la norma alinea la continuidad del Plan Nacional de Vacunación con una vacunación – PNV “de uso estacional y/o de refuerzo”, operada bajo la lógica técnica del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, y sustentada en adquisiciones que buscan mantener disponibilidad en puntos de vacunación definidos por las entidades territoriales. En la práctica, el ajuste se traduce en reglas más finas para decidir quién, cuándo y con qué biológico se vacuna, con énfasis en grupos de riesgo y en intervalos mínimos.
El segundo cambio es de gestión: el acto refuerza la idea de que el “cómo” importa tanto como el “qué”. La resolución amarra obligaciones de seguimiento mensual, documentación de pérdidas y trazabilidad (incluido el registro en PAIWEB), lo que impacta de manera directa la planeación de jornadas, la administración de inventarios y la responsabilidad institucional frente a dosis no usadas.
Biológicos disponibles y esquema con énfasis en gestantes
La disponibilidad se concentra en vacunas ARNm: Comirnaty LP.8.1 (Pfizer/BioNTech) y Spikevax LP.8.1 (Moderna). La norma exige revisar insertos e indicaciones del productor como condición de uso y enmarca que el esquema “estará dado de acuerdo con los biológicos disponibles” en el país. Este punto es crítico para IPS y entidades territoriales porque obliga a ajustar flujos de atención según la oferta real y la indicación por edad o condición.
Para gestantes (incluidas mayores de 12 años), el texto fija una precisión operativa clave: Comirnaty LP.8.1 se indica para 12 años y más, “incluyendo gestantes” y, en Colombia, se aplica después de la semana 12 de gestación; además, debe administrarse al menos 6 meses después de la dosis COVID-19 más reciente. En términos de servicio, esto obliga a reforzar el triage obstétrico en el punto de vacunación (edad gestacional e historial vacunal) y a blindar el criterio temporal para evitar aplicaciones fuera de ventana.
Dosis adicional: grupos priorizados, intervalos y coadministración
La resolución establece el intervalo como regla de seguridad y efectividad programática: en mayores de 60 años, personas con comorbilidades y talento humano en salud, la dosis adicional se administra cuando hayan pasado al menos 6 meses desde la última dosis contra COVID-19. Esta definición estandariza la toma de decisiones en campo, reduce discrecionalidad y facilita la comunicación al usuario sobre “por qué hoy sí” o “por qué aún no”.
El resolución también abre la puerta a una operación más integrada del PAI: permite coadministrar biológicos COVID-19 con los del PAI “de manera simultánea o con cualquier intervalo”, y especifica que en mayores de 60 años la dosis adicional puede administrarse simultáneamente con influenza. Esto, para servicios ambulatorios y campañas extramurales, implica una oportunidad de aumentar coberturas con una sola visita, a costa de exigir mayor rigor en registro, consejería y manejo de inventarios.
Cadena de frío y vida útil, decisiones que cambian la operación diaria
En Pfizer Comirnaty LP.8.1, la norma define un itinerario logístico con controles estrictos: llega ultracongelada al almacén general y, tras descongelación, los viales sin abrir pueden conservarse entre 2°C y 8°C hasta 10 semanas, con monitoreo y registro de temperaturas máximo/mínimo/actual dos veces al día. Esta combinación (ventana amplia en refrigeración + control intensivo) obliga a las IPS a programar con precisión para evitar vencimientos y, al mismo tiempo, a sostener disciplina documental de cadena de frío.
La vida útil “de punto” también se vuelve más explícita: Pfizer puede permanecer entre 8°C y 30°C hasta 12 horas antes de la primera punción, y después de la primera punción, conservando entre 2°C y 8°C, debe descartarse al cabo de 12 horas. En Moderna Spikevax LP.8.1, el esquema operacional cambia: llega congelada, se entrega para una vida útil posterior de 60 días calendario, el vial descongelado sin abrir puede mantenerse en refrigeración hasta 60 días, y tras la primera punción debe descartarse a las 24 horas. Estas diferencias no son “detalle técnico”: definen cómo se arma la agenda, cómo se dimensiona la demanda mínima por jornada y cómo se reduce el riesgo de pérdidas por tiempos.
Dosis no usadas, PAIWEB y reintegros: más trazabilidad, menos ambigüedad
Uno de los mensajes operativos más fuertes es que el no uso debe quedar documentado. La resolución exige diligenciar un acta que incluya, como mínimo, tipo de vacuna o insumo, número de unidades/dosis afectadas, lote, fecha de vencimiento, laboratorio productor y posible causa del no uso. Esto eleva el estándar de auditoría interna y facilita distinguir fallas programáticas de fallas de calidad, con efectos directos en responsabilidades y correctivos.
En el componente financiero-administrativo, la norma delimita cuándo procede reintegro: las dosis no usadas atribuibles a fallas de calidad y las relacionadas con política de frascos abiertos o reducción de oportunidades de vacunación no deben generar proceso de reintegro; las demás causales se analizan mediante investigación administrativa para determinar responsabilidad. Además, cuando el no uso se relacione con falla de calidad o fabricación, se ordena conservar a 2°C–8°C, documentar con registro fotográfico y notificar de manera inmediata al correo institucional definido para pérdidas.
Seguimiento mensual y consentimiento informado
La resolución amarra la ejecución a un ciclo de gestión: se debe monitorear mensualmente el cumplimiento de la vacunación contra COVID-19 y realizar seguimiento permanente para identificar necesidades de intervención y apoyar la toma de decisiones. Para direcciones territoriales y coordinaciones PAI, esto supone pasar de “registro” a “gestión con señales”, usando la información como herramienta de corrección temprana (coberturas, pérdidas, demanda real por punto).
En paralelo, el consentimiento informado se reafirma como parte “fundamental” del proceso: el vacunador debe suministrar información suficiente, considerando el inserto del biológico; si la persona no acepta, se firma disentimiento y se registra en PAIWEB el motivo de no vacunación. En terreno, esto exige estandarizar la consejería y proteger la calidad del dato: no basta con vacunar; hay que dejar trazado (de manera verificable) lo que se indicó, lo que se decidió y lo que se registró.
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