La violencia contra las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes, según un nuevo informe presentado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este documento pone en evidencia las brechas persistentes en la recopilación de datos y la implementación de programas efectivos que aborden esta problemática, agravada por factores culturales, sociales y económicos que afectan a estas comunidades.
El informe, titulado Violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, afrodescendientes y de otros grupos étnicos en la Región de las Américas, revela que aunque la violencia de género es un problema generalizado en América Latina y el Caribe, las mujeres y niñas de orígenes étnicos específicos son particularmente vulnerables. Esta violencia no solo incluye agresiones físicas y sexuales, sino también discriminación sistémica que perpetúa su exclusión social y económica.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física o sexual. Sin embargo, la situación es más crítica para las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de apoyo y justicia.
Principales hallazgos del informe
En 2022, la OPS lanzó un estudio regional para examinar la información existente, identificar carencias y proponer soluciones. Los hallazgos del informe destacan:
- Falta de datos desagregados: Aunque algunos países han mejorado la recopilación de información sobre violencia de género, los datos sobre mujeres y niñas de grupos étnicos específicos son insuficientes.
- Necesidad de enfoques interculturales: Las políticas existentes no siempre consideran las particularidades culturales y sociales de estas comunidades.
- Determinantes sociales ignorados: Los factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación y los servicios de salud precarios aumentan la vulnerabilidad de estas mujeres.
Recomendaciones para una respuesta integral
El informe subraya la importancia de implementar medidas que aborden la violencia desde un enfoque integral e intercultural. Entre las principales recomendaciones se incluyen:
- Generar evidencia desagregada: Recolectar datos específicos sobre violencia contra mujeres indígenas y afrodescendientes para entender su magnitud y características.
- Promover investigaciones participativas: Fomentar estudios que involucren a las comunidades afectadas y consideren sus perspectivas.
- Diseñar servicios inclusivos: Garantizar que las políticas y servicios de salud sean culturalmente apropiados y accesibles.
- Fomentar el diálogo comunitario: Impulsar la participación social y la colaboración intersectorial para abordar los determinantes sociales que perpetúan la violencia.
Según Gerry Eijkemans, Directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la OPS, “el informe destaca la importancia de promover soluciones comunitarias, participativas y culturalmente apropiadas”. Este enfoque permitiría cerrar las brechas existentes y garantizar que las políticas lleguen a quienes más las necesitan.
El impacto de la violencia en la salud y la sociedad
La violencia de género tiene efectos devastadores en la salud física y mental de las sobrevivientes. Además, limita su participación activa en la sociedad, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, estos impactos se ven agravados por la discriminación interseccional que enfrentan.
Anselm Hennis, Director de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, enfatizó la necesidad de enfoques colaborativos: “Los países deben trabajar juntos para implementar políticas de prevención de la violencia con enfoques interculturales para asegurar que lleguen a las poblaciones donde más se necesitan”.
El informe de la OPS no solo evidencia una crisis urgente, sino que también ofrece una hoja de ruta para los países de la región. Mejorar la recopilación de datos, diseñar políticas inclusivas y fomentar la participación de las comunidades afectadas son pasos esenciales para erradicar la violencia contra las mujeres indígenas y afrodescendientes.
La violencia de género no es solo un problema de derechos humanos, sino una barrera para el desarrollo equitativo de las sociedades. Abordar esta crisis con determinación y sensibilidad cultural es una responsabilidad compartida por todos los sectores, desde los gobiernos hasta las organizaciones internacionales y la sociedad civil.
Con estos esfuerzos, se espera no solo reducir la violencia, sino también empoderar a las mujeres y niñas de todas las comunidades para construir un futuro más seguro y equitativo en las Américas.
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