Tras 17 meses de estar al frente de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), Ulahí Beltrán López presentó su balance de gestión asegurando que cumplió con su meta de transformación cercana, aliada y solidaria con los ciudadanos al haber garantizado soluciones efectivas en casos de riesgo de vida. Este logro se llevó a cabo con la presencia en los territorios más vulnerables del país donde se restableció el control sobre los actores del sistema con la imposición de 535 multas por 201.382 millones de pesos y la aplicación de medidas cautelares de cumplimiento inmediato.
Según Beltrán, “desde agosto de 2022 les hemos cumplido a los usuarios que han sido, son y serán los dueños del sistema de salud; lo hicimos sobre los dos ejes que marcaron nuestra actuación misional: trabajar en la garantía del derecho a la salud de todos los habitantes de Colombia y proteger los recursos públicos para el goce efectivo de ese derecho”.
Cabe mencionar que, a lo largo de su gestión como superintendente de la entidad, Ulahí defendió el proyecto de ley que busca una reforma estructural del modelo de salud colombiano, por medo de su participación en audiencias públicas, foros territoriales, citaciones congresionales y eventos sectoriales. En estos espacios, dio a conocer las fragilidades y deficiencias del aseguramiento en salud.
Balance de reclamaciones por parte de los afiliados al sistema de salud
En el balance de su gestión, Beltrán también reveló que la situación crítica del sistema de salud aún se sigue agudizando y, desde agosto de 2022 hasta enero de 2024, se han radicado ante la Supersalud un total de 2.057.439 reclamos de todo tipo de inconformidades y casos de inatención por parte de las EPS a las que están afiliados los usuarios.
De acuerdo con cifras de la Supersalud, el año pasado hubo un total de 1.417.221 de reclamos frente a las 1.247.137 de 2022. Esto significa que las muestras de insatisfacción de los afiliados al sistema de aseguramiento en salud se incrementaron en un 13.6%.
Para dar una oportuna respuesta a estas reclamaciones, Beltrán aseguró que la entidad, por su parte, adoptó en julio de 2023 una nueva metodología para clasificar los reclamos de acuerdo con tres niveles de riesgo: simple, priorizado y riesgo vital. Específicamente, los territorios donde se registran la mayor cantidad de reclamos son Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander.
Frente al último riesgo, el cual compromete la integridad de los pacientes y donde se requiere la actuación inmediata de la entidad, se registró un porcentaje de cierre efectivo de los casos del 99%. Del mismo modo, bajo esta metodología, en los últimos meses se han radicado 827.691 y la mayoría de estos tiene como motivos la negación en la asignación de citas, consultas, negación de otros servicios de salud y la falta oportuna en la entrega de medicamentos e insumos.
Otro de los esfuerzos por parte de la Supersalud ha sido el acercamiento con los territorios, viéndose reflejado en la realización de 14 diálogos multitudinarios con las comunidades de municipios vulnerables durante el segundo semestre del 2023. Durante estos ejercicios de participación ciudadana, participaron 2.800 ciudadanos a quienes se les dio solución a atenciones, tratamientos y entrega de medicamentos vitales que estaban siendo negados desde hace varios años por parte de las EPS y otros aseguradores.
Medidas cautelares, sanciones y sentencia
Respecto al restablecimiento de la función de control sobre los actores que vulneran en derecho a la salud de los afiliados, Beltrán destacó que entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 se impusieron 684 sanciones a EPS/IPS, entidades territoriales, recaudadores, administradores de recursos, entre otros.
De esta cifra de sanciones, que para la Supersalud fue todo un récord, 149 fueron amonestaciones, 535 a multas impuestas por un total de $ 201.382 millones en procesos de primera instancia contra los diferentes actores del sistema de salud, principalmente EPS de todos los regímenes.
“Revivimos muchos procesos de investigación que estaban engavetados y actuamos para sancionar la mala prestación de servicios, la falta de reporte de información y el inadecuado flujo de recursos; invertimos la ecuación que existía antes de mi llegada y ahora las multas representan el 78% mientras que las amonestaciones solamente el 22%”, dijo Beltrán.
Por otra parte, se reactivaron medidas cautelares a entidades como la EPS Sanitas, SURA, Salud Total (2), Nueva EPS, Compensar, Capital Salud, Coosalud, Mutual Ser y Asmet Salud. Estas medidas obligaron a las EPS para atender a los usuarios en riesgo de vida de forma inmediata. Y a través de la función jurisdiccional, se han proferido 3.049 sentencias y providencias para proteger la vida y salud de los usuarios, con el fin de garantizar la prestación de los servicios y velar por el adecuado flujo de los recursos públicos.
Balance sobre el fortalecimiento de hospitales públicos
Beltrán exaltó el esfuerzo de la entidad para la protección y reactivación del flujo de los recursos públicos que circulan por el sistema de salud y dio a conocer que hasta la fecha se han recuperado y saneado cartera por cerca de 1.8 billones de pesos para 756 clínicas y hospitales de todo el país por medio de jornadas de conciliación.
Del mismo modo, destacó el seguimiento a las medidas de intervención adoptadas frente a la liquidación de hospitales públicos que son patrimonio social de las comunidades. Actualmente, se encuentra 9 hospitales bajo intervención forzosa para administrar y uno en vigilancia especial. Sobre los cuales avanzan en desarrollar planes de acción que permitan fortalecer la prestación de servicios y mejorar componente financiero, técnicos, científicos y jurídicos.
Entre los proyectos que quedan en marcha está el programa de expansión de la entidad en los territorios, el cual empezó en marzo de 2023 con la puesta en funcionamiento de una Oficina Regional en La Guajira. Este plan deberá continuar en el primer trimestre de 2024 con una sede en San Andrés y seguirá al largo del año con regiones en Pasto, Cúcuta, Ibagué, Arauca y Leticia; al igual que Oficinas de Atención en Mitú, Inírida y Mocoa.
Por primera vez, la Superintendencia Nacional de Salud hizo presencia en 105 municipios de Colombia, los cuales nunca había sido visitados por la institucionalidad de este ente de control.
“Le cumplimos a la ciudadanía restaurando la credibilidad y la confianza de los usuarios en su Superintendencia, logramos que este ente de control se perciba como un auténtico defensor del derecho a la salud de los habitantes de este país y protector de los recursos públicos que permiten el goce efectivo de ese derecho” aseguró Beltrán.
