La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República tomaron medidas frente a tres casos de corrupción en el sistema de salud por el retiro de medicamentos por parte de funcionario de la Nueva EPS en Barranquilla, el desfalco de más de $22 mil millones al Hospital Universitario del Valle y la creación de un cartel de enfermos mentales en Sucre.
En una rueda de prensa, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el Contralor Edgardo Maya dieron a conocer las investigaciones que evidencian el desfalco a la salud en varias regiones del país y los implicados que deberán responder por ante las autoridades por corrupción.
Irregularidades en contrato del servicio farmacéutico en el HUV
En la mañana de ayer el CTI hizo efectiva la orden de captura de 8 funcionarios implicados en el detrimento patrimonial por más de $20 mil millones al sector salud en el Valle, a través de supuestas irregularidades en la contratación para el suministro de medicamentos y sobrecostos en los mismos.
Entre los capturado se encuentra el ex director del Hospital el Dr. Jaime Rubiano, el gerente de la unión temporal Vallepharma, miembros del comité evaluador del HUV, de jurídica y el interventor.
Luego de varios meses de trabajo investigativo, una fiscalía de Administración Pública de Cali, estableció que en el año 2014, el HUV suscribió un contrato con Vallepharma, con el objeto de suministro y dispensación de medicamentos que incluía dispositivos médicos y quirúrgicos, material de osteosíntesis y dotación de equipos tecnológicos.
Se pudo determinar que como el Hospital no contaba con la certificación del Invima para el suministro de medicamentos, este debía contratar con una entidad que sí tuviera dicho aval. Sin embargo, la Fiscalía encontró que Vallepharma no tenía dicha certificación, violando así los principios de contratación como planeación y transparencia.
El CTI encontró un sobrecosto de los medicamentos, que se estima tiene un incremento del 38%. “Por ejemplo se pudo confirmar que se pagó a Vallepharma más de $22 mil millones por la compra de los medicamentos, cuando la investigación estableció que costaban $ 14 mil millones, lo que representa un sobrecosto de más de $ 7 mil millones” manifestó el Subdirector del CTI seccional Cali, Bernardo Garrido.
Entre las irregularidades halladas por el CTI, están, entre otras, el caso de 10.670 unidades de clorhidrato Dexmedeyomidia que en el mercado tenían un costo de $304.895.250 y fueron vendidos a Vallepharma en $866.937.500.
Asimismo, habría sucedido con 72.880 unidades de Meropenem que el mercado tendrían un costo de $830.558.760 y al parecer fueron vendidas al contratista en $1.375.761.
Las personas capturadas tendrán que responder por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Cartel de enfermos mentales en Sucre
Otro caso de corrupción en la salud lo dio a conocer la Contraloría General, quien hallo un cartel de enfermos mentales, con varios pacientes y psiquiatras de papel que, según cálculos del ente de control, representa un detrimento patrimonial de $3.173 millones.
La Contraloría denunció que la Gobernación de Sucre realizó en el año 2015 pagos de hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales por $3.173 millones de pesos, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con soportes falsos, utilizando recursos del Sistema General de Participaciones -SGP destinados a la Población Pobre no Asegurada (PPNA). El caso involucra a 5 IPS de la región.
El hallazgo de mayor cuantía asciende a $2.155 millones y corresponde a la facturación que se cobró a nombre de un médico especialista en Psiquiatría de Bogotá, para lo cual se habrían utilizado documentos y firmas presuntamente falsas.
La Gobernación de Sucre canceló a una IPS facturas por dicho valor ($2.155 millones) con resoluciones de pago de septiembre y noviembre de 2014, febrero y junio de 2015, por concepto de prestación del servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, concretamente con patología de drogodependencia.
Esos pagos irregulares fueron ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, por solicitud de un médico especialista en Psiquiatría General, egresado de la Universidad Javeriana, quien al ser entrevistado por el equipo auditor precisó que si bien firmó un contrato en 2013 con dicha IPS, por 6 meses, para ir dos veces al mes a valorar pacientes, nunca llevó a cabo esta actividad.
Una situación similar sucede con el pago que hizo la Gobernación de Sucre, a otra clínica, de facturas por un poco más de $32 millones, también por concepto de prestación de servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, supuestamente por solicitud de otro médico especialista en psiquiatría general, esta vez de Montería.
Aparte de este hallazgo que se logró materializar, la CGR tiene visualizadas facturas de esta misma EPS por $300 millones, con la misma situación: presunta falsificación de documentos y firmas de los profesionales de la salud y de funcionarios de la Administración Departamental, hecho que se da con otras IPS.
La Contraloría evalúa 218 facturas más, de diferentes IPS, por $1.561 millones. El Gobernador de Sucre está enterado de las irregularidades detectadas por la CGR y se encuentra a la espera de que se oficialice este informe, con el cual el organismo de control evaluó el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP (vigencia 2015) por parte del departamento de Sucre, encontrando hallazgos fiscales que totalizan $5.547 millones.
Retiro de medicamentos en Barranquilla
Un tercer caso de corrupción lo dio a conocer el Fiscal Néstor Humberto Martínez, que deja la captura de 9 funcionarios de la Nueva EPS en Barranquilla, quienes al parecer se apropiación de más de $1200 millones.
Los funcionarios confesaron que recibían una prima por retirar los medicamentos que después eran distribuidos y comercializados a terceros en Barranquilla o a clientes en otras regiones.
El grupo de investigación de delitos contra el sistema de salud y seguridad social recopiló 269 autorizaciones fraudulentas a nombre de 38 pacientes, con fechas de enero del año pasado a diciembre de este año, que permitió la entrega de 6.123 dosis de medicamentos avaluados por $1.261 millones.
“De acuerdo con la indagación realizada, se determinó que la organización se basaba en la obtención de datos de usuarios de la EPS para luego presentar o radicar las historias clínicas y fórmulas o prescripciones médicas falsas”, puntualizó la Fiscalía.
