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Tres nuevos casos de corrupción en el sistema de salud

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La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República tomaron medidas frente a tres casos de corrupción en el sistema de salud por el retiro de medicamentos por parte de funcionario de la Nueva EPS en Barranquilla,  el desfalco de más de $22 mil millones al Hospital Universitario del Valle y la creación de un cartel de enfermos mentales en Sucre.

En una rueda de prensa, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el Contralor Edgardo Maya dieron a conocer las investigaciones que evidencian el desfalco a la salud en varias regiones del país y los implicados que deberán responder por ante las autoridades por corrupción.

Irregularidades en contrato del servicio farmacéutico en el HUV

En la mañana de ayer el CTI hizo efectiva la orden de captura de 8 funcionarios  implicados en el detrimento patrimonial por más de $20 mil millones al sector salud en el Valle, a través de supuestas irregularidades en la contratación para el suministro de medicamentos y sobrecostos en los mismos.

Entre los capturado se encuentra el ex director del Hospital el Dr. Jaime Rubiano, el gerente de la unión temporal Vallepharma, miembros del comité evaluador del HUV, de jurídica y el interventor.

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Luego de varios meses de trabajo investigativo, una fiscalía de Administración Pública de Cali,  estableció que en el año 2014, el HUV suscribió un contrato con Vallepharma, con el objeto de suministro y dispensación de medicamentos que incluía dispositivos médicos y quirúrgicos, material de osteosíntesis y dotación de equipos tecnológicos.

Se pudo determinar que como el Hospital no contaba con la certificación del Invima para el suministro de medicamentos, este debía contratar con una entidad que sí tuviera dicho aval. Sin embargo, la Fiscalía encontró que Vallepharma no tenía dicha certificación, violando así los principios de contratación como planeación y transparencia.

El CTI encontró un sobrecosto de los medicamentos, que se estima tiene un incremento del 38%. “Por ejemplo se pudo confirmar que se pagó a Vallepharma más de $22 mil millones por la compra de los medicamentos, cuando la investigación estableció que costaban $ 14 mil millones, lo que representa un sobrecosto de más de $ 7 mil millones” manifestó el Subdirector del CTI seccional Cali, Bernardo Garrido.

Entre las irregularidades halladas por el CTI, están, entre otras, el caso de 10.670 unidades de clorhidrato Dexmedeyomidia que en el mercado tenían un costo de $304.895.250 y fueron vendidos a Vallepharma en $866.937.500.

Asimismo, habría sucedido con 72.880 unidades de Meropenem que el mercado tendrían un costo de $830.558.760 y al parecer fueron vendidas al contratista en $1.375.761.

Las personas capturadas tendrán que responder por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Cartel de enfermos mentales en Sucre

Otro caso de corrupción en la salud lo dio a conocer la Contraloría General, quien hallo un cartel de enfermos mentales, con varios pacientes y psiquiatras de papel que, según cálculos del ente de control, representa un detrimento patrimonial de $3.173 millones.

La Contraloría denunció que la Gobernación de Sucre realizó en el año 2015 pagos de hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales por $3.173 millones de pesos, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con soportes falsos, utilizando recursos del Sistema General de Participaciones -SGP destinados a la Población Pobre no Asegurada (PPNA). El caso involucra a 5 IPS de la región.

El hallazgo de mayor cuantía asciende a $2.155 millones y corresponde a la facturación que se cobró a nombre de un médico especialista en Psiquiatría de Bogotá, para lo cual se habrían utilizado documentos y firmas presuntamente falsas.

La Gobernación de Sucre canceló a una IPS facturas por dicho valor ($2.155 millones) con resoluciones de pago de septiembre y noviembre de 2014, febrero y junio de 2015, por concepto de prestación del servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, concretamente con patología de drogodependencia.

Esos pagos irregulares fueron ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, por solicitud de un médico especialista en Psiquiatría General, egresado de la Universidad Javeriana, quien al ser entrevistado por el equipo auditor precisó que si bien firmó un contrato en 2013 con dicha IPS, por 6 meses, para ir dos veces al mes a valorar pacientes, nunca llevó a cabo esta actividad.

Una situación similar sucede con el pago que hizo la Gobernación de Sucre, a otra clínica, de facturas por un poco más de $32 millones, también por concepto de prestación de servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, supuestamente por solicitud de otro médico especialista en psiquiatría general, esta vez de Montería.

Aparte de este hallazgo que se logró materializar, la CGR tiene visualizadas facturas de esta misma EPS por $300 millones, con la misma situación: presunta falsificación de documentos y firmas de los profesionales de la salud y de funcionarios de la Administración Departamental, hecho que se da con otras IPS.

La Contraloría evalúa 218 facturas más, de diferentes IPS, por $1.561 millones. El Gobernador de Sucre está enterado de las irregularidades detectadas por la CGR y se encuentra a la espera de que se oficialice este informe, con el cual el organismo de control evaluó el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP (vigencia 2015) por parte del departamento de Sucre, encontrando hallazgos fiscales que totalizan $5.547 millones.

Retiro de medicamentos en Barranquilla

Un tercer caso de corrupción lo dio a conocer el Fiscal Néstor Humberto Martínez, que deja la captura de 9 funcionarios de la Nueva EPS en Barranquilla, quienes  al parecer se apropiación de más de $1200 millones.

Los funcionarios confesaron que recibían una prima por retirar los medicamentos que después eran distribuidos y comercializados a terceros en Barranquilla o a clientes en otras regiones.

El grupo de investigación de delitos contra el sistema de salud y seguridad social recopiló 269 autorizaciones fraudulentas a nombre de 38 pacientes, con fechas de enero del año pasado a diciembre de este año, que permitió la entrega de 6.123 dosis de medicamentos avaluados por $1.261 millones.

“De acuerdo con la indagación realizada, se determinó que la organización se basaba en la obtención de datos de usuarios de la EPS para luego presentar o radicar las historias clínicas y fórmulas o prescripciones médicas falsas”, puntualizó la Fiscalía. 

 

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Ordenan medida de vigilancia especial para el Hospital César Uribe Piedrahita de Antioquia

Durante un año el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia en Antioquia permanecerá bajo la medida de vigilancia especial de la Supersalud.

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Ordenan medida de vigilancia especial para el Hospital César Uribe Piedrahita de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud -SNS- ordenó la medida de Vigilancia Especial a la ESE hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia en Antioquia por un año como producto de un ejercicio de seguimiento realizado por el órgano de vigilancia. En abril de este año se realizó la visita inspectora al centro asistencial y se determinó poner en marcha esta medida debido a que la SNS evidenció fallas de tipo asistencial, administrativas y financieras que ponían en riesgo a los usuarios que se atienden en el centro médico de mediana complejidad.

Entre las directrices se ordena remover de su cargo al revisor fiscal y se designa a la firma contralora Nexia Montes & Asociados S.A.S, representada legalmente por Fabián Andrés Romero para que haga seguimiento a la medida. Adicionalmente, el organismo ordenó al gerente de la ESE que presente en los siguientes 30 días el plan de acción que permita mejorar las falencias que se identificaron:

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Hallazgos en el hospital César Uribe Piedrahita

Sólo en el área asistencial la SNS evidenció que el hospital César Uribe Piedrahita:

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  • No garantiza las condiciones y requisitos de atención en el servicio de urgencias: se evidenciaron estancias de pacientes que superan las 24 horas.
  • En el servicio de referencia y contrarreferencia presenta demoras que superan más de ocho días a la espera de ser ubicados.
  • Cirugías represadas por las diferentes especialidades sin garantizar un seguimiento efectivo y oportuno.
  • En la unidad de cuidado intensivo adulto se observaron eventos adversos presentados, los cuales no cuentan con los análisis y planes de mejora respectivos.
  • No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la infraestructura de manera que garantice la seguridad en la atención.
  • No garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la inscripción y habilitación de servicios.
  • No garantiza el mantenimiento de la totalidad de los equipos biomédicos.
  • No realiza la gestión interna del manejo de los residuos hospitalarios y similares.
  • Reempaque de medicamentos (tabletería) sin cumplir con los mínimos requisitos de etiquetado.
  • No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el proceso de esterilización.
  • No se encuentran actualizados los protocolos para la atención de pacientes con diagnóstico sospechoso y/o positivos para COVID-19.

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De otro lado, el órgano de control afirma que el hospital tiene vinculadas más de 281 personas del Talento Humano en Salud contratadas indiscriminadamente, sin un estudio previo de cargas que muestre la necesidad del servicio, mejoramiento, introducción de procesos, redistribución de funciones o cargas de trabajo.

Además se evidencia una posible tercerización laboral y la suscripción de contratos sindicales sin los requisitos legales exigidos con Sindisalus, Famysalud, Sintrasalud, Sintrasant y Sinesalud. También habría realizado pagos a contratistas sin seguimiento técnico de cumplimiento. Existen pagos sin reporte de verificación de informes en el desarrollo de la ejecución contractual, y no aplica los principios de eficacia, celeridad y planeación en la contratación.

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Según la SNS la información financiera del Hospital César Uribe Piedrahita no es confiable y presenta deficiencia en el registro contable de sus operaciones mostrando faltas graves en los procesos de facturación y cartera que no se habían evidenciado en los reportes que habían enviado. Tampoco se realiza un proceso eficiente de conciliación depuración y saneamiento de las cuentas por cobrar a los aseguradores.

Finalmente, Germán Augusto Guerrero, Superintendente Delegado para las medidas especiales explicó que durante la medida de vigilancia especial se hará un seguimiento estricto al plan de mejora y se deberá garantizar la prestación de los servicios en términos de accesibilidad, seguridad, continuidad y seguridad a través de estrategias que le permitan a los usuarios contar con calidad en la atención

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Investigación Clínica

UIS: grandes avances en investigación de EPOC y covid-19

La Universidad Industrial de Santander – UIS ha dado a conocer el éxito internacional de un estudio sobre EPOC y el desarrollo de una prueba detectora de covid-19

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UIS avances investigacion epoc covid-19

Un análisis realizado por dos integrantes de la Universidad Industrial de Santander – UIS fue publicado en la revista científica Indian Journal of Tuberculosis (IJTB). El trabajo fue liderado por el neumólogo Javier Enrique Fajardo, quien también se desempeña como director del servicio de neumología del Hospital Universitario de Santander, HUS y profesor del departamento de Medicina Interna de la UIS y el médico Yeimer Ortiz, residente de segundo año de Medicina Interna.

La investigación se titula “Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en América Latina y el Caribe: mapeo de la investigación mediante análisis bibliométrico” y se centra fundamentalmente en tres aspectos:

  • Brasil, México, Argentina y Chile fueron los principales contribuyentes de América Latina a la literatura mundial sobre EPOC.
  •  La producción científica relacionada con la EPOC en la región es muy baja (entre el 3,19-3,36% de las publicaciones mundiales).
  • Actualmente no existen estudios bibliométricos sobre la producción científica de la EPOC enfocados en América Latina y el Caribe.

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La publicación de la revista internacional también dará mayor visibilidad a este tema. Es importante mencionar que la revista científica IJTB publica investigaciones sobre aspectos clínicos, epidemiológicos, de salud pública y sociales de manera trimestral. Y si bien no se conoce mucha información sobre los hallazgos del estudio mencionado, en él también participaron los médicos Rubén Vergara Retamoza, José A. Vergel Torrado, y Valeria Esquiaqui Rangel, algunos de ellos vinculados con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre.

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UIS obtiene nuevo avance en la detección del covid-19

Además del éxito obtenido por los especialistas de la UIS, la institución ha comenzado el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en muestras de saliva. Las pruebas comenzaron luego de llevar a cabo los procedimientos de verificación de desempeño para este test de covid-19 de origen colombiano.

De acuerdo con información oficial, se realizó la estandarización, evaluación de la sensibilidad analítica y validación de un ensayo RT-qPCR para la detección de los genes E y N del virus SARS CoV-2 tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Antes de aplicar el método diagnóstico, se recomendó a los participantes no fumar, ingerir alimentos, bebidas, o lavarse los dientes 1 hora antes de la toma de muestra, sin ningún tipo de restricción horaria. En el estudio hicieron parte 413 individuos.

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Los resultados obtenidos mostraron una sensibilidad del 91,18% (IC95% 81,78 – 96,69) y una especificidad del 100% (IC 95% 98,94 – 100,00) cuando se emplean uno o ambos genes. También se evidenció que las muestras de saliva humana no inhiben la reacción de RT-qPCR; es decir, el coronavirus es detectable en ellas. Si se compara este hallazgo con la prueba PCR tomada con el hisopado nasofaríngeo, los investigadores destacan que el test salival obtuvo un mejor rendimiento, ya que el hisopado tiene una sensibilidad del 79%.

“La recolección de saliva, al ser un método no invasivo con posibilidad de autorecolección asistida, evita en gran medida las limitaciones de bioseguridad asociadas a las muestras tomadas con hisopo. Adicionalmente, este método constituye una estrategia costo efectiva para el cribado de grandes poblaciones. Finalmente, para la recolección no se requieren equipos especiales o instrumentos de alto costo (hisopos, tubos de succión, etc)”, asegura el equipo investigador. Por otra parte, se considera un método viable teniendo en cuenta que el departamento de Santander se encuentra en plena reapertura económica y se han reiniciado las clases presenciales.

La realización de este estudio contó con la participación de los profesores de la Escuela de Medicina, Dr. Luis Miguel Sosa, Dra. Laura Andrea Rodríguez, Dra. Lina María Vera; Escuela de Micriobiología, profesora Martha Lucía Díaz, Magíster Mayra Jaimes, y Magíster Anyela Lozano; Escuela de Enfermería, profesora jubilada Myriam Oróstegui. De igual forma, contó con el apoyo de los investigadores Leonelo Bautista, Universidad de Wisconsin y Ruth Aralí Martínez, Universidad de Santander, UDES.

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Corte Constitucional: “EPS deben entregar los medicamentos en el municipio que resida el paciente”

La Corte Constitucional recordó a las EPS que es su deber tener una red de atención integral para entregar los servicios y tecnologías que requiera el paciente en medio de la pandemia.

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Corte Constitucional EPS deben entregar los medicamentos en el municipio que resida el paciente

La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-195-21 reiteró que las EPS deben contar con la disponibilidad de infraestructura y tecnologías necesarias para la atención integral en salud cuando el usuario lo requiera. Esto quiere decir que es un deber de los aseguradores garantizar una red de prestación de servicios completa en el lugar que resida el afiliado.

Este pronunciamiento de la corte se debe a un reciente fallo de tutela en el que un paciente solicitó a su EPS entregar los medicamentos que necesita para tratar su hipertensión y diabetes en su residencia en el municipio de Sandoná Nariño, ya que su condición de salud y la pandemia le impiden desplazarse a la ciudad de Pasto para reclamarlos allí.

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Al respecto, la EPS explicó que reconoce la condición de vulnerabilidad al contagio de este paciente, por lo que está de acuerdo con que el usuario no se exponga al virus, sin embargo, argumentó que puede delegar el reclamo de los fármacos a otra personas que no tenga restricción.

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Pese a la respuesta de la aseguradora, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas no reconoció estos argumentos y no encontró razones válidas para que algunos medicamentos se entreguen en Sandoná y otros en Pasto y aseveró que es una negligencia que no debe soportar el afiliado.

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¿Qué ordenó la corte constitucional?

Exigir a los pacientes adelantar trámites administrativos o esfuerzos materiales que resulten incompatibles con las normas relacionadas con la emergencia sanitaria, como el traslado de un municipio hacia otro para reclamar medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, constituye una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud, pues de aquellos depende la vida e integridad de los usuarios que deben obedecer las medidas preventivas de distanciamiento individual responsable, en aras de salvaguardar su salud y bienestar”, sentencia la Corte.

Con base en esta premisa, la corte constitucional determinó que la entrega de los medicamentos para un solo afiliado en dos municipios diferentes atenta contra el derecho a la salud de los pacientes y constituye además una barrera al acceso a los servicios médicos, lo que resulta injustificable. La falla es aún más grave si se tiene en cuenta que autoridades sanitarias mundiales como la OMS y la OPS han ordenado acatar las medidas para mitigar el riesgo de contagio del Covid-19, especialmente en aquellas personas con enfermedades crónicas.

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El fallo da 48 horas a la EPS para que entregue los medicamentos que necesita el paciente ( insulina asparta, jardiance empagliflozina, tiras reactivas para glucometría y lancetas estériles glucoquick,) en el municipio de Sandoná y además deberá asegurarse que el paciente reciba los medicamentos de manera periódica en su residencia según lo indique el médico tratante, mientras se mantenga vigente la declaración de emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por Covid-19.

Finalmente, la Asociación Médica Sindical Colombiana -ASMEDAS explicó que este fallo es muy importante debido a que “identifica un problema consistente en que, a raíz de las alertas rojas hospitalarias decretadas por la pandemia del Covid-19, muchos programas, incluidos los de enfermedades crónicas y ambulatorias, fueron suspendidos y las EPS no realizaron planes de emergencia para garantizar la atención en casa o teletrabajo a esos pacientes”.

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