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Supersalud en riesgo por multa millonaria

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La Superintendencia Nacional de Salud, fue multada por $85.000 millones de pesos, a raíz de un fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Octava Laboral-Civil- Familia de Barranquilla, frente a una demanda interpuesta por 37 IPS que prestaban sus servicios a 5 EPS que  la Supersalud, en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias, ordenó su liquidación forzosa.

Las EPS liquidadas fueron: Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir, al encontrarse irregularidades en el cumplimento de la prestación del servicio de salud.

Aunque la entidad no tiene nada que ver con las acreencias, en criterio de los demandantes debe cubrirlas por tener a su cargo la vigilancia de esas EPS y haber ordenado su liquidación, proceso durante el cual no se les reconocieron esas deudas.

La millonaria multa que deberá pagar la Institución de vigilancia y control después del fallo de última instancia, tomó por sorpresa al superintendente Fabio Aristizábal, debido al efecto que se genera a la hora de tomar acciones contundentes para exigir una mejor calidad en la atención en salud.

El superintendente indicó “Tenemos una problemática que considero dramática para el país, porque se ha vuelto más riesgoso actuar que no actuar. Si la Superintendencia entra a sancionar el comportamiento de una EPS, ahora resulta que nos demandan a nosotros y fallan en contra de la Superintendencia”.

Además, ratificó: “ante esta decisión la entidad mantiene una medida especial sobre 22 EPS que pueden reunir a 20 millones de colombianos y en el momento en que empecemos a tomar decisiones el drama que están viviendo las IPS se devolverá a la Superintendencia Nacional de Salud”.

ACCIONES PENALES

Cuando el juez 13 civil del circuito de Barranquilla falló la primera instancia en su contra, se pidió la intervención de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de la Procuraduría y de la Fiscalía. De hecho, se instauró una denuncia penal contra el juez del caso, Libardo León López, por presunto prevaricato por acción, al haber asumido un caso que no es de su jurisdicción, como él mismo lo señaló en septiembre de 2015. 

El Tribunal de Barranquilla negó que el juez tuviera impedimento y libró el mandamiento de pago en contra de la Súper. La decisión fue acatada por el juez del caso, quien advirtió que fallaba en derecho, apegándose a la ley.

La Superintendencia en conjunto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con fecha 13 de julio de 2018, instauró denuncia penal contra el Juez 13 Civil del Circuito de Barranquilla y el Magistrado Abdón Sierra Gutiérrez, del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Octava Civil-Laboral-Familia de Barranquilla, por el presunto delito de Prevaricato por Acción.

La super alega que el caso debía ser resuelto en la jurisdicción contenciosa administrativa, no en la ordinaria y menos en un juzgado de familia.

acciones penales

Fundación Campbell, gestora de la demanda

la demanda  a la super arrancó en 490 millones de pesos, monto adeudado a la Fundación Campbell de Barranquilla, que, según el Diario El Tiempo, ha sido denunciada por presuntas trampas millonarias al SOAT. Esta fundación, gestora de la demanda, desistió de sus pretensiones y admitió que una firma de abogados (Juriservir) le ofreció recaudar la deuda sin que les abonaran honorarios. Luego se acumularon 35 reclamaciones más, disparando las pretensiones a 85.000 millones de pesos.

Entre los demandantes están:

  • Clínica Candelaria (reclama 11.800 millones de pesos)
  • Centro Cardiológico Valledupar Ltda. (2.900 millones)
  • Global Life Ambulancia (2.700 millones)

A pesar de ello, los magistrados Carmiña González y Abdón Sierra confirmaron la sentencia de primera instancia, que condena a la Súper a pagar la millonaria suma, restando los montos de las IPS que desistieron del cobro.

Es importante resaltar, además que, uno de los tres magistrados (Alfredo de Jesús Castilla), salvó su voto, especificando de acuerdo con la decisión que: no ve una obligación clara, expresa y exigible de la Superintendencia para con los demandantes. dice que la entidad no puede ser obligada a cumplir obligaciones que no fueron suscritas por ella.

Por su parte, Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), afirmó que este fallo estaría relacionado con unas decisiones que él tomó, cuando era Superintendente Nacional de Salud para asegurar la atención médica de los colombianos que reclamaban acciones contundentes por la mala calidad en el servicio de salud.

“Yo tomé esas decisiones con la información que tenía en ese momento con mi saber y entender, pensando además en los pacientes. Si eso me va a costar a mí 85.000 millones de pesos, imagínese lo que eso significa para los funcionarios buenos que quieran prestar un buen servicio”, señaló.

La Supersalud junto a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, estudia las vías jurídicas para reversar el fallo y, de paso, frenar el efecto dominó que se generaría si llega a quedar en firme.

“Tendríamos que liquidar la entidad si esto toma ese curso”: Fabio Aristizábal, superintendente de Salud.

 

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EL ABC del Acuerdo de Punto Final

CONSULTORSALUD le da claridad sobre los componentes y aplicación del Acuerdo de Punto Final que puso en marcha esta semana el Gobierno.

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Con el pago de deudas de la liquidada Caprecom, este martes el presidente Iván Duque dio inicio oficial al Acuerdo de Punto Final, el cual fue incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

CONSULTORSALUD le da claridad sobre los componentes y aplicación de esta estrategia.

¿Qué es el Acuerdo de Punto Final?

El Acuerdo de Punto Final es un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez, sin que esto represente una restricción al derecho a la salud de los colombianos.

Además, implica la ejecución de medidas para evitar que estas deudas se vuelvan a generar con el paso del tiempo.

De esta manera se espera impactar la salud de los colombianos, ya que prestadores y aseguradores no podrán tener excusa para negar servicios aduciendo deudas.

También le puede interesar: Ya arrancó el pago de deudas del ‘Acuerdo de Punto Final’.

¿CÓMO SE DETERMINAn LAS DEUDAS QUE SE VAN A PAGAR?

Se trabajará en la identificación y valoración de las posibles deudas del Gobierno y los departamentos, con las EPS y las IPS.

También se promoverá el pago de deudas acumuladas entre estos actores con proveedores y demás involucrados en la prestación de servicios.

La cifra consolidada y acordada aún no se conoce oficialmente, pero para tener una idea del panorama del sector financiero del sector salud, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en su estudio de cartera hospitalaria con corte a Diciembre 31 de 2018, en una muestra de 207 instituciones reportó que la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud por parte de EPS y entidades territoriales llegó a los $10.1 billones.

De ese monto, el 59,1% corresponde a deuda morosa.

¿participarán todas las eps?

Dentro del mecanismo se tiene contemplado que todas las EPS deben firmar un contrato de transacción, en este se dejarán por escrito las reglas con las cuales el Gobierno Nacional o las Entidades Territoriales realizarán la auditoría, reconocimiento y pago de las cuentas de lo No UPC.

En dicho pacto, renuncian a interponer acciones por vía administrativa o judicial, logrando un verdadero punto final.

¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO PARA CUMPLIR EL ACUERDO?

El Gobierno busca disponer de una nueva fuente de recursos que no compita con los corrientes que se necesitan para funcionamiento del sistema de salud.

En el Plan Nacional de Desarrollo se habilitó al Ministerio de Hacienda para realizar operaciones de crédito que financien el saneamiento.

¿Cómo se garantiza que la situación no se repetirá?

Es necesario tener en cuenta que el Acuerdo de Punto Final comprende dos componentes: el de saneamiento, que permite resolver diferencias en las cuentas de los servicios y tecnologías que no se financian con la prima de salud, y las estrategias que llevarán a que no se vuelvan a acumular estas deudas.

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En este segundo componente se implementarán estrategias para el reconocimiento y pago de estas tecnologías No UPC, como lo son los Valores Máximos de Recobro y los presupuestos máximos o techos.

Además el Gobierno anunció que continuará con las compras centralizadas.

Se incluirán deudas del Contributivo y Subsidiado

En el régimen contributivo, ADRES adelantará un proceso de auditoría y pago, de una posible deuda de $5,2 billones asociada a servicios no financiados con la UPC.

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En el régimen subsidiado, el saneamiento implicará pagos por aproximadamente $1,5 billones, donde la Nación cofinanciará el esfuerzo territorial para así lograr el saneamiento definitivo asociado a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC.

Cambios en COMO SE RECONOCEN LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADAS CON CARGO A LA UPC

Desde el 2020 estos pagos serán centralizados y pagados por la Nación no por los territorios como hasta ahora en el régimen subsidiado.

Esto permite unificar la operación para el reconocimiento y pago de estas tecnologías o servicios tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, garantizando el acceso equitativo en todo el territorio nacional, lo que se significa un importante avance en equidad.

Se definirá un presupuesto máximo para financiar con base en el gasto histórico en salud de los colombianos y su eventual crecimiento.

También se fijaron los Valores Máximos de Recobro, lo que implica no reconocer dispersiones en los valores que hoy se pagan por una misma tecnología.

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Ya arrancó el pago de deudas del ‘Acuerdo de Punto Final’

En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

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En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

También le puede interesar: Gobierno pagará $514 mil millones de la deuda de Caprecom – Proyecto de decreto.

Tal y como anticipó CONSULTORSALUD el Acuerdo de Punto Final empezó a rodar con el pago de las deudas que contrajo la liquidada EPS Caprecom con entidades en todo el país, proceso que se había anunciado un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

La suma que ya empezó a ser pagada es de $514 mil millones, principalmente por prestación de servicios a Caprecom de tecnologías en salud no cubiertas con la Unida de Pago por Capitación (UPC).

Asimismo, se empezarán a pagar $172 mil millones de deudas reconocidas por el mecanismo de glosa transversal a través de la Adres.

Según informó el Gobierno nacional, a lo largo de todas sus fases, con el ‘Acuerdo de Punto Final’ inyectará al sistema de salud $7 billones.

¿A quiénes se les pagará?

Los recursos que este martes comenzaron a girarse para darle liquidez al sistema llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país.

Los distritos y departamentos que más recibirán pagos son Bogotá ($29.582 millones), Antioquia ($23.104 millones), Valle del Cauca ($22.318 millones), Barranquilla ($13.993 millones) y Atlántico ($12.529 millones).

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Por su parte, los hospitales públicos a los que más les girarán recursos son el Hospital Departamental de Villavicencio ($9.301 millones), el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ ($6.673 millones), el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, ($6.476 millones); el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá, ($6.411 millones), y el Hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, ($5.065 millones).

Finalmente, las IPS a las que más les llegarán dineros son la IPS Universidad de Antioquia ($7.096 millones), Dumian Medical, de Buenaventura, ($4.614 millones); Su Vida, de Cali, ($4.075 millones); clínica Laura Daniela, de Valledupar, ($4.061 millones), y la clínica Medilaser, de Neiva, ($3.269 millones).

Otras medidas

Este Acuerdo de Punto Final viene acompañado de medidas estructurales que hacen más eficiente el gasto en salud y evitan una nueva acumulación de deudas, como la actualización del Plan de Beneficios de Salud (PBS), el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la continuidad de las exclusiones, la implementación de Valores Máximos de Recobro.

Además centraliza en la Nación el pago de servicios que están por fuera de la UPC y que antes eran responsabilidad de departamentos y distritos.

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Entrega errónea de medicamentos, entre las quejas más reportadas en hospitales

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

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Entrega errónea de medicamentos, entre las quejas más reportadas en hospitales

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

La investigadora llegó a esta conclusión tras adelantar un estudio de 1.042 reportes en un hospital de alta complejidad de Bogotá.

Este estudio identificó que 18,8% de reportes o quejas (196), están relacionados con medicamentos, de los cuales 42,8% ocurrió por omisión de prescripciones o dosis.

A esto le sigue un 20,9 % que están relacionados por reacciones adversas al medicamento.

En las novedades reportadas también se evidenció que las quejas por medicamentos están asociadas con el fallo terapéutico o por error del profesional de salud.

Cortázar afirmó que además de encontrar fallas en los medicamentos, también identificó una mayor frecuencia de reportes de incidentes asociados con el cuidado, y finalmente con los dispositivos médicos.

Otros hallazgos

El grupo de medicamentos más frecuentemente involucrado en los reportes fueron los del grupo del sistema nervioso con un 30,4%.

A ellos le siguieron el grupo del sistema musculoesquelético y del sistema cardiovascular cada uno con 10,7 %.

Según este criterio, se incluyeron 41 reacciones adversas y 15 fallos terapéuticos por sospecha de calidad del medicamento, que corresponden a un 5,4 % del total de reportes y a un 28,6 % de los reportes relacionados con medicamentos.

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“Se observó que las flebitis son las reportadas con más frecuencia, con un 23,7 %, seguidas de las reacciones de hipersensibilidad con un 18,4 % y el bloqueo neuromuscular excesivo con un 13,1%”, dijo la mágister.

Asimismo precisó que el 71,4 % de los reportes estaban representados en cuasiincidentes e incidentes sin daño.

Según la magíster, 78,1% pertenece a la clase A, en las que se encuentra la flebitis, el bloqueo neuromuscular y la sobreanticoagulación, entre otras.

Entre tanto, el 21,9 % pertenece a la clase B, en la que se presentan reacciones de hipersensibilidad.

Fallas en la comunicación

Además del análisis de los reportes, la investigadora entrevistó a seis profesionales de la salud, entre auxiliares de farmacia y enfermeras, quienes reconocieron que la diferencia entre el programa de farmacovigilancia y el de seguridad del paciente no es clara.

“Aunque no está en esa área, se sabe que ellos están respaldando todo el tiempo el seguimiento de antibióticos y demás; además hay un químico a cargo, que es el encargado de la tecnovigilancia y la farmacovigilancia”, indica uno de los entrevistados.

Otro de los inconvenientes mencionados es que la comunicación entre los equipos de farmacovigilancia y seguridad del paciente con médicos o especialistas es distante.

A lo anterior se suma la falta de recurso humano para las tareas que se exigen, ya que “algunos afirman que la rotación del personal influye en el aumento y la disminución de los indicadores de infecciones y reportes”, aseguró Cortázar.

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“Una de las integrantes del programa de seguridad al paciente afirma que se hace depuración de bases de datos de las novedades varias veces, lo que sugiere que la cantidad de trabajo es alta, a veces se realiza el mismo análisis varias veces doblando la carga laboral de los profesionales”, comenta.

Para la investigadora es clave que se realice una retroalimentación a los funcionarios de las actividades derivadas de los análisis de los reportes.

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