La falsedad en incapacidades médicas volvió a situarse en el centro del debate sobre la protección de los recursos y la integridad documental del sistema de salud. Salud Total EPS-S dio a conocer un caso en el que una afiliada fue declarada responsable de modificar y utilizar indebidamente una incapacidad presentada ante su empleador.
De acuerdo con el comunicado emitido por la EPS, el documento auténtico concedía un día de incapacidad. Sin embargo, la versión utilizada por la afiliada registraba tres días. La diferencia fue establecida durante la investigación adelantada por las autoridades y sustentó el proceso penal correspondiente.
El caso concluyó con una sentencia condenatoria emitida en 2025 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales. De acuerdo con la información, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación por falsedad en documento privado, conducta prevista en el artículo 289 del Código Penal colombiano.
Falsedad en incapacidades médicas: un documento pasó de uno a tres días
La investigación se originó en una denuncia presentada por Salud Total EPS-S. Durante el proceso, la entidad entregó información y documentación a las autoridades, mientras su equipo jurídico brindó acompañamiento técnico para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La secuencia descrita por la EPS permite diferenciar las etapas del caso: primero se identificó una posible alteración; posteriormente se presentó la denuncia; la Fiscalía recopiló y evaluó las pruebas, formuló la acusación y, finalmente, el juzgado profirió la sentencia condenatoria.
Esta precisión resulta relevante porque una denuncia no equivale por sí misma a una declaración de responsabilidad. En el caso de Manizales, la condena se produjo después de un trámite judicial en el que, según el comunicado, se acreditaron la modificación y el uso del documento. La entidad no informó en el documento la pena impuesta, las circunstancias laborales de la afiliada ni eventuales efectos económicos derivados de los dos días adicionales registrados.
Más de 4.000 denuncias, pero no todas corresponden al mismo tipo de conducta
Salud Total señaló que ha presentado más de 4.000 denuncias relacionadas con presuntos delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa cifra incluye alteraciones de incapacidades médicas, falsificación documental y otras conductas que, de acuerdo con la EPS, pueden afectar la sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos del sistema.
El caso conocido en Manizales ofrece un resultado judicial concreto y sirve para ilustrar cómo una modificación aparentemente limitada (ampliar una incapacidad de uno a tres días) puede trascender el ámbito administrativo o laboral y convertirse en objeto de investigación penal.
La autenticidad documental involucra a EPS, usuarios y empleadores
Más allá del proceso judicial, el comunicado plantea un desafío operativo para los actores que reciben, validan y gestionan incapacidades médicas. La autenticidad no depende únicamente de que un documento tenga apariencia formal, sino de que su contenido coincida con el registro expedido por la entidad competente.
Salud Total solicitó a sus afiliados y empleadores utilizar documentos emitidos mediante canales oficiales, verificar las incapacidades cuando existan dudas sobre su origen o contenido y abstenerse de modificar o presentar soportes diferentes de los expedidos originalmente.
También pidió reportar oportunamente las irregularidades y denunciar las conductas que puedan comprometer recursos del sistema. Estas recomendaciones trasladan parte de la prevención a los procesos de recepción y verificación documental desarrollados por empleadores, áreas de talento humano y demás responsables de gestionar ausencias laborales.
Para las instituciones del sector salud, el caso pone de relieve la importancia de conservar registros trazables, garantizar la correspondencia entre la información clínica y los documentos emitidos, y disponer de mecanismos que permitan confirmar su autenticidad.
Salud Total anuncia el fortalecimiento de sus controles
La EPS afirmó que mantendrá y fortalecerá sus mecanismos de auditoría, control interno e investigación. Asimismo, indicó que continuará presentando denuncias ante autoridades judiciales, organismos de control y otros actores sectoriales cuando identifique posibles conductas contra la integridad del sistema de salud.
La posición institucional se extiende a incapacidades, certificaciones, órdenes, autorizaciones y otros documentos relacionados con la prestación de servicios. Desde esta perspectiva, la alteración documental no se limita a la relación entre un trabajador y su empleador: también puede afectar la confianza entre usuarios, prestadores, aseguradores y demás participantes del sistema.
