Las demoras en las autorizaciones, los documentos que deben presentarse repetidamente y las dificultades para recibir medicamentos y procedimientos constituyen barreras para los usuarios del sistema de salud colombiano. En respuesta a esta problemática, el pasado 27 de octubre de 2026 fue radicado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 461 de 2026 Cámara (PL 461/26 C), que propone eliminar trámites en el acceso a la salud y adoptar la estrategia Salud Sin Espera.
La propuesta busca que aseguradores, prestadores y demás responsables asuman directamente las gestiones necesarias para hacer efectiva la atención. Entre sus medidas se encuentran tiempos máximos de respuesta, obligaciones para resolver faltantes de medicamentos y herramientas digitales que permitirían conocer el estado de las solicitudes.
Salud Sin Espera busca eliminar trámites que dificultan el acceso a los servicios
Una vez emitida una orden médica, las entidades responsables tendrían que gestionar de oficio las actuaciones necesarias para su cumplimiento, desde las autorizaciones que correspondan hasta la programación del servicio. Para ello, se plantea aprovechar la información disponible en los sistemas institucionales y fortalecer el intercambio de datos entre los actores que intervienen en la atención.
El proyecto propone prohibir las siguientes prácticas:
- Exigir documentos repetidos: solicitar radicaciones, transcripciones o validaciones cuando la información esté disponible para las entidades.
- Trasladar errores administrativos: obligar al paciente a corregir inconsistencias de códigos, formatos o registros institucionales.
- Imponer la búsqueda de prestadores: exigir que el usuario identifique por su cuenta quién puede suministrar el servicio o la tecnología prescrita.
- Remitir solicitudes sin resolverlas: trasladar al paciente entre instituciones sin asumir la gestión correspondiente.
- Aplazar servicios por auditorías: retrasar prestaciones debido a controles administrativos que puedan realizarse posteriormente.
Las verificaciones relacionadas con pertinencia clínica, habilitación, cobertura y financiación se desarrollarían mediante los mecanismos institucionales correspondientes. La iniciativa plantea que estas actividades se coordinen entre los responsables, respetando las decisiones profesionales y las condiciones exigidas para una atención segura.
Autorizaciones en salud: plazos de 48 horas y cinco días
La iniciativa establece dos términos máximos para resolver las autorizaciones administrativas que resulten necesarias. Su aplicación dependería de las condiciones clínicas del paciente y de las circunstancias de especial protección constitucional.
| Situación | Plazo máximo propuesto |
|---|---|
| Personas de especial protección constitucional o casos de riesgo clínico significativo | 48 horas |
| Otras solicitudes que requieran autorización administrativa | 5 días calendario |
El término de 48 horas incluiría situaciones de riesgo de muerte, deterioro clínico, complicaciones, secuelas o interrupción de tratamientos críticos. Los tiempos comenzarían a contarse desde el ingreso verificable de la solicitud a los canales institucionales habilitados, evitando que las gestiones internas prolonguen la respuesta.
Ante el vencimiento del plazo sin una decisión expresa comunicada, las entidades tendrían que activar la programación o prestación de los servicios legalmente debidos. El proyecto también contempla la búsqueda de alternativas habilitadas cuando la red inicialmente asignada carezca de disponibilidad para atender al paciente.
Medicamentos: nuevas obligaciones frente a las entregas incompletas
El suministro de medicamentos y tecnologías en salud tendría mecanismos específicos para identificar faltantes y asegurar su gestión. Cuando se presente una dispensación parcial, el responsable deberá registrar la cantidad pendiente, la causa y la fecha prevista para completar la entrega, de manera que pueda realizarse seguimiento a cada caso.
La iniciativa contempla un término de 48 horas para adelantar las actuaciones correspondientes frente a los pendientes reportados, mediante la entrega o el redireccionamiento a otra alternativa de suministro. Asimismo, propone mecanismos de contingencia ante dificultades de inventario, contratación, distribución o despacho que afecten los tratamientos prescritos.
Para las personas con discapacidad, movilidad reducida o condiciones de salud que dificulten el desplazamiento, se prevé la entrega domiciliaria cuando acudir al punto de dispensación represente una carga desproporcionada. Esta modalidad tendría que cumplir los requisitos de conservación, seguridad y manejo de los productos.
Ventanilla única para consultar el estado de las solicitudes de salud
La estrategia Salud Sin Espera contempla una ventanilla única que permitiría a los usuarios consultar sus órdenes médicas, autorizaciones, remisiones y entregas pendientes. Su funcionamiento se apoyaría en sistemas interoperables y canales de atención físicos, telefónicos, digitales o asistidos, según las condiciones de acceso de cada persona.
Entre la información que podría consultarse se encuentra:
- Responsable: entidad encargada de gestionar la solicitud.
- Estado: actuaciones adelantadas y decisiones registradas.
- Programación: fechas previstas para la atención o entrega.
- Seguimiento: pendientes, redireccionamientos y cierre del caso.
La herramienta incorporaría mecanismos de identificación de solicitudes y alertas sobre posibles vencimientos. El intercambio de información estaría sujeto a las condiciones de protección de datos personales, seguridad informática y reserva de la historia clínica.
Continuidad asistencial y atención a poblaciones prioritarias
El proyecto contempla medidas para mantener tratamientos, terapias y controles cuando se presenten cambios de prestador, reorganizaciones de redes o dificultades operativas. En estos casos, los actores responsables tendrían que aplicar protocolos de transición asistencial y coordinar las alternativas disponibles de acuerdo con las necesidades clínicas del paciente.
También se proponen rutas prioritarias para niños, niñas y adolescentes, gestantes, personas mayores, población con discapacidad o dependencia y pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas o condiciones crónicas de alto costo. La atención diferenciada incluye necesidades de salud mental, cuidados paliativos y situaciones asociadas con las dificultades de acceso en territorios rurales dispersos.
Inteligencia artificial y evaluación de resultados
La propuesta incorpora herramientas de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos como apoyo a la gestión de solicitudes. Estas tecnologías podrían utilizarse para identificar inconsistencias, anticipar vencimientos y apoyar la programación, bajo condiciones de transparencia, protección de información y supervisión humana.
Para medir los resultados, se plantea construir una línea base de barreras administrativas y acceso efectivo, acompañada de indicadores sobre tiempos de respuesta, entrega de medicamentos y continuidad asistencial. La evaluación permitiría identificar diferencias entre entidades, territorios y grupos poblacionales, con participación del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
El seguimiento incluiría evaluaciones a los 12, 24 y 36 meses, junto con actuaciones de inspección, vigilancia y control frente a las obligaciones que lleguen a establecerse. Estos mecanismos buscan proporcionar información sobre la implementación de la estrategia y los resultados obtenidos en el acceso a los servicios.
¿Qué sigue para el Proyecto de Ley 461 de 2026?
El Proyecto de Ley 461 de 2026 Cámara deberá continuar su trámite ante el Congreso de la República. Su articulado contempla la entrada en vigor a partir de la promulgación, en caso de aprobación, y un desarrollo progresivo de los componentes administrativos y tecnológicos previstos.
Se espera que el debate legislativo permita profundizar en las diferencias de acceso a los servicios de salud entre las regiones del país, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de especialistas, la capacidad resolutiva de las instituciones y las condiciones de atención en municipios apartados. Estos aspectos serán relevantes para examinar el alcance de las medidas propuestas frente a las distintas realidades del sistema de salud colombiano.
Descargue aquí el proyecto de ley completo:
