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Revocatoria parcial de Coomeva EPS en Meta Cauca y Cundinamarca – Resolución 3796 del 3 de abril de 2019

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La Superintendencia Nacional de Salud resolvió revocar parcialmente la autorización de funcionamiento de Coomeva EPS para los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca.

Antecedentes reglamentarios y de actuaciones previas

Mediante Ia Resolución 000058 de 9 de enero de 2019 se derogo la Resolución 009520 de 2018, y se dispuso nuevamente la delegación de Ia competencia para adelantar Ia fase inicial o actuación previa de Ia función establecida en el inciso primero del artículo 2.5.5.1.8 del Decreto 780 de 2016, en cabeza del Superintendente Delegado para Ia Supervisión Institucional En el parágrafo del artículo 10 de La Resolución 000058 de 2019, se advirtió que La competencia para decidir con carácter definitivo Ia revocatoria de habilitación o de autorización de funcionamiento a que hacen referencia los artículos 2.5.5.1.8, 2.5.2.3.5.1 y 2.5.2.3.5.3 seguirá estando en el Despacho del Superintendente Nacional de Salud.

Con fundamento en esta atribución de competencia, el Delegado para Ia Supervisión Institucional mediante Resolución 000296 de 31 de enero de 2019, ordeno el inicio de una actuación administrativa de revocatoria parcial de autorización de funcionamiento a COOMEVA EPS S.A., en los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca y concedió un término de cinco (5) días hábiles para ejercer su derecho de contradicción y defensa sobre los incumplimientos descritos en el acto administrativo.

Mediante escrito radicado con NURC 1-2019-67878 de 07 de febrero de 2019, el Gerente General de COOMEVA EPS, emitió respuesta frente a Ia Resolución 000296 de 31 de enero de 2019, estando dentro del término dispuesto para el efecto.

Mediante comunicación interna identificada con NURC 3-2019-3520 de 4 de marzo de 2019, el Superintendente Delegado para Ia Supervisión Institucional emitió concepto técnico y recomendación al Despacho del Superintendente Nacional de Salud sobre Ia revocatoria parcial del certificado de funcionamiento o habilitación de COOMEVA EPS S.A., teniendo en consideración para Ia emisión del mismo, elementos técnicos relacionados con los argumentos expuestos por Ia entidad vigilada -adicionales a los ya recaudados por dicha dependencia- que fueren suministrados por las Delegadas para Ia Supervisión de Riesgos, para las Medidas Especiales y Delegada para Ia Protección al Usuario.

Que es la revocatoria y cuando pueda realizarla la Supersalud?

La revocatoria y la suspensión de la autorización de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud o de una EPS del régimen subsidiado, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad, podrá adoptarse por el Superintendente Nacional de Salud, en cualquier momento que se establezca alguna de las causales a que se refieren los artículos 230 y 153 numeral 4 de la Ley 100 de 1993 o las que se determinen en las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias vigentes, mediante providencia debidamente motivada, previo un derecho de contradicción el cual tendrá como mínimo un periodo para la defensa de cinco (5) días hábiles.

La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las entidades deban enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud de información que se les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de la información que se obtenga en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control; o a partir de las visitas que realice el organismo de control.
Como consecuencia de la revocatoria de la autorización de funcionamiento o de la habilitación de una Entidad Promotora de Salud o Entidad EPS del régimen subsidiado, la Superintendencia Nacional de Salud podrá efectuar la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, adoptar medidas cautelares o permitir que la entidad a la cual se le revocó proceda de acuerdo con sus propios estatutos, previas instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud.”

Análisis fáctico de la Supersalud sobre las respuestas de Coomeva EPS
Pues bien, al ser analizados los elementos fácticos y jurídicos que sirven para fundamentar Ia presente actuación así como los argumentos esgrimidos en ejercicio del derecho de contradicción y defensa por parte de Ia EPS durante Ia fase previa, se evidencia que las mismas no desvirtúan Ia existencia de los incumplimientos frente a las causales señaladas en el acto administrativo que dio inicio al presente procedimiento, y en tal sentido se concluye que Ia EPS se encuentra en el escenario probado de los literales a), b) y g) del artículo 2.5.2.3.5.3 del Decreto 780 de 2016 (sustituido por el Decreto 682 de 2015, en el Capítulo 3 del Título 2 de Ia Parte 5 del Libro 2), aclarando que basta con Ia existencia de alguna de las causales evidenciadas para invocar el estado de incumplimiento.

Conforme Io antes expuesto, este despacho acoge las recomendaciones emitidas por el superintendente Delegado para Ia Supervisión Institucional y las demás delegadas de esta superintendencia, de revocar parcialmente Ia autorización de funcionamiento de COOMEVA EPS identificada mediante NIT. 805.000.427-I, para los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca, y así se dispondrá en Ia parte resolutiva del presente acto.

Resolución 3796 de 2019, reglas y ordenes

partir de Ia fecha en que se hagan efectivos los traslados de los afiliados, conforme a las normas que regulan Ia materia, en especial lo dispuesto en el articulo 2.1.11.3 del Decreto 780 de 2016 (Procedimiento de asignación de afiliados), COOMEVA EPS deberá interrumpir de manera inmediata las actividades de afiliación y prestación de servicios en las circunscripciones territoriales definidas en el artículo primero del presente acto.
El proceso asignación de afiliados debe realizarse conforme a las normas que rigen Ia materia y en aquellas EPS que no se encuentren con medida de restricción de afiliación.
Consultar previamente a las comunidades indígenas que se encuentran afiliados en los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca a que EPS desean ser trasladados.
Deberá garantizar el acceso oportuno y efectivo en condiciones de calidad a Ia prestación de los servicios de salud, así coma el pago de las obligaciones corrientes con los prestadores y demás proveedores de dichos departamentos hasta Ia fecha en que quede en firme el presente acto y hasta que se haga el traslado efectivo de los usuarios de los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca.
Los traslados de población quedan suspendidos a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo para los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca.
Coomeva EPS S.A., debe presentar ante Ia Superintendencia Delegada para Ia Supervisión Institucional, dentro de los 10 días posteriores a Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un cronograma no superior a tres (3) meses para realizar depuración y conciliación de cartera con las IPS que prestaron servicios a los afiliados de los departamentos de Meta, Cauca y Cundinamarca, y en un tiempo no mayor a 10 días después de culminado el proceso de depuración y conciliación presentar de acuerdo a los anexos 1 y 2 de Ia Resolución 6066 de 2016, según corresponda, junto con el respectivo plan de pagos.
Deberá adoptar las demás medidas que sean necesarias para proteger Ia vida y Ia salud de Ia población actualmente afiliada, así como, para Ia efectiva respuesta de sus obligaciones con terceros hasta tanto se haga Ia asignación efectiva a las otras Entidades Promotoras de Salud.

Descargue la Resolución 3796 de 2019 – Revocatoria parcial de Coomeva EPS

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

También puede leer: nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

También puede ver: Supersalud pide revisar funcionamiento a más de 300 IPS en Soacha

¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

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Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

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Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

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