La Contraloría General de la República –CGR– informó que se encuentra adelantando dos procesos de responsabilidad fiscal en contra de Medimás EPS por más de $385.000 millones de pesos. Los procesos los dirige la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción que a mediados de 2020 evidenció irregularidades e inició un seguimiento.
Específicamente, en julio de 2020 se abrió un proceso de responsabilidad fiscal a Medimás EPS por un monto de $150.844 millones debido al hallazgo de presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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En esta investigación se indaga respecto a la entrega de unos anticipos por valor de $158.000 millones que Medimás habría hecho a Century Farma (en liquidación), así como el pago de servicios de salud prestados a personas que figuraban como fallecidas. Además se habrían pagados multas impuestas por la Supersalud que alcanzaban los $2.981 millones con los mismos recursos del sistema.
Posteriormente, en mayo de 2021 se abrió una segunda investigación, ya que en un análisis preliminar se observaron presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. A detalle, se investiga el pago irregular de facturas y anticipos girados por Medimás a Estudios e Inversiones Médicas – Esimed S.A que actualmente ni siquiera están legalizados.
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Durante estos procesos se han presentado a indagatoria dos presidentes de Medimás EPS, vicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros, además de los representantes de las empresas a las que se les dieron los anticipos.
Auditorías en Medimás 2018, 2019 y 2020
Recordemos, que en auditorías realizadas entre 2018 y 2019 se establecieron 12 hallazgos fiscales por $635.655 millones y un hallazgo penal relacionado con pagos de servicios médicos por usuarios fallecidos. También se determinaron allí 33 hallazgos administrativos, 26 disciplinarios, 20 con otras incidencias y 5 hechos que dieron lugar a indagaciones preliminares.
Estos hallazgos se trasladaron a la Fiscalía, la Procuraduría, la ADRES, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades según la naturaleza de cada hallazgo. Así mismo, los hallazgos de tipo fiscal se remitieron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR que ahora lleva los casos.
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La presunta irregularidad evidenciada por mayor cuantía es de $221.766 millones correspondientes al pago de anticipos. Le sigue uno por $137.786 millones, que corresponde a contratación celebrada con Estudios e Inversiones Médicas -Esimed S.A.
En auditorías posteriores realizadas en 2020 se hicieron hallazgos fiscales por $2.668 millones, 8 de carácter disciplinario, 2 indagaciones preliminares y 2 con otras incidencias. En ese año, el mayor hallazgo fiscal fue de $2.578 millones, que se habrían pagado por concepto de honorarios relacionados con las asesorías jurídicas, financieras y gastos del Tribunal de Arbitramento, que fueron pagados de las cuentas bancarias de gastos administrativos.
Mientras que los hallazgos disciplinarios se vinculan con presuntos embargos judiciales, casos de intereses moratorios, demoras en pagos de facturación e inconsistencias con soportes.
