Reforma laboral y sector salud, propuestas clave para dignificar el trabajo en instituciones prestadoras de servicios

En el contexto del trámite legislativo del Proyecto de Ley No. 166 de 2023 Cámara, acumulado con los proyectos 192 y 256 del mismo año, iniciativa que busca establecer una reforma laboral orientada al trabajo decente y digno en Colombia, diversos gremios del sector salud han elevado propuestas específicas para ser integradas en el articulado. Estas disposiciones buscan responder a problemáticas estructurales que afectan a los trabajadores de la salud, especialmente en instituciones privadas, mediante nuevas obligaciones regulatorias, criterios de contratación, garantías de bienestar y mecanismos de vigilancia.

Uno de los puntos medulares planteados por las organizaciones firmantes es la inclusión de un artículo que condicione la inscripción y habilitación de servicios de salud al cumplimiento de normativas laborales. En esta propuesta, las instituciones deberán presentar anualmente una certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal que acredite la contratación conforme a lo dispuesto en la ley para los trabajadores del sector salud, independientemente del tipo de vínculo contractual. El incumplimiento de esta obligación sería causal para la revocatoria del acto administrativo de habilitación. Esta disposición introduce un control cruzado entre calidad en la atención y respeto a las condiciones laborales, generando un incentivo institucional hacia la formalización y el cumplimiento.

Contratación sindical en salud, una excepción con controles

Otro de los artículos propuestos introduce una excepción regulada al contrato sindical en el sector salud. Aunque la reforma laboral contempla la eliminación de esta figura en general, se plantea que, sin perjuicio del artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, se puedan suscribir contratos colectivos laborales con sindicatos de gremio conformados por profesionales especialistas. La propuesta subraya que los participantes deben manifestar voluntariamente su inclusión, y que los derechos laborales y prestacionales deben estar garantizados, al igual que el cumplimiento de estándares de calidad. El Ministerio de Trabajo tendría la responsabilidad de reglamentar esta modalidad en un plazo de seis meses y de ejercer vigilancia y control.

Esta disposición representa un intento de equilibrio entre la flexibilización operativa que exigen muchos servicios de salud especialmente los de alta especialidad y la protección laboral. Introduce criterios de calidad, progresividad en el ingreso, estabilidad y garantías formativas para quienes trabajan bajo esta figura. Su inclusión sería clave para mantener cierta continuidad en la prestación de servicios de alta complejidad, sin desproteger a los trabajadores.

Relación laboral directa y bienestar integral en IPS privadas

Uno de los puntos más relevantes en términos estructurales es la obligación de que las relaciones laborales con trabajadores que desempeñen actividades misionales permanentes en instituciones privadas de salud se establezcan directamente, conforme al Código Sustantivo del Trabajo. Esta cláusula busca eliminar figuras interpuestas o subcontrataciones que precaricen el vínculo y dificulten el reconocimiento de derechos. Además, se establece expresamente que no se podrán pactar cláusulas de exclusividad que limiten la posibilidad de contratación con varias instituciones.

A esto se suma la exigencia de establecer programas semestrales de bienestar laboral y de formación continua, en conjunto con las ARL, que deben ser reportados al Ministerio de Trabajo. También se reconoce un día de licencia remunerada cada seis meses para recertificación, capacitación o actualización. Las jornadas deberán respetar lo dispuesto en el Título VI del CST, con reconocimiento de recargos y trabajo suplementario, y se incorporan incentivos específicos para quienes laboren en zonas rurales o de difícil acceso.

Vinculación de especialistas, garantías y reajuste salarial

Finalmente, las organizaciones proponentes han formulado un artículo específico para la contratación de profesionales especialistas en salud, reiterando que, en caso de existir subordinación y continuidad en el servicio, se deberá aplicar el régimen laboral ordinario o el legal y reglamentario. Esta disposición pretende frenar la proliferación de contratos por prestación de servicios que ocultan verdaderas relaciones laborales, sin perjuicio de permitir otras modalidades cuando las condiciones del servicio así lo exijan.

En este marco, se garantiza el derecho a una remuneración justa y oportuna definida como aquella que se paga dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación de la cuenta, la prohibición de cláusulas de exclusividad, el acceso a capacitación continua, y la implementación de programas de bienestar para trabajadores en zonas de alta carga asistencial. Se establece, además, un reajuste salarial obligatorio equivalente al IPC anual, con posibilidad de mejoras por acuerdos de voluntad.

El desafío de integrar el trabajo digno en la política sectorial

Estas propuestas representan un intento técnico y normativo de conectar la reforma laboral con las necesidades específicas del sector salud, en especial dentro del ámbito de las IPS privadas. Si bien la discusión parlamentaria aún está en curso, la inclusión de estas disposiciones permitiría avanzar hacia un modelo más justo, con mejores condiciones contractuales, controles institucionales efectivos, y un enfoque de bienestar integral.

Las organizaciones científicas firmantes insisten en que estas medidas no solo protegen al talento humano en salud, sino que son indispensables para garantizar calidad, continuidad y sostenibilidad en la atención. En un sistema caracterizado por la fragmentación laboral, la precariedad de muchos vínculos y la sobrecarga en contextos rurales o especializados, integrar este enfoque en la reforma podría ser un paso decisivo hacia la consolidación de un verdadero trabajo decente en salud.

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